Otra vez la Policía Nacional no deja de acumular escándalos y ni de aumentar la desconfianza ciudadana en esta institución. No hay comisión ni visitas de policías sudamericanas ni de Estados Unidos de América ni tampoco discursos ni remoción de directores y altos mandos que haya valido para una mínima contención de las tradicionales prácticas abusivas y encubridoras de esta institución.
Esta semana tenemos la trágica noticia de la muerte en el destacamento del ensanche Naco del joven David de los Santos, fallecido a causa de golpes que, según la insólita versión de la Policía Nacional, se autopropinó. A esta muy grave y lamentable muerte se le unen otras en destacamentos en el interior del país. Es como si ser detenido por un policía, por el hecho que fuese, y ser llevado al destacamento es un viaje sin seguridad de retorno. Este es nuestro estado actual como país.
El año pasado escribía mi artículo “De nuevo la Policía (II)” y hacía referencia al que en el 2020 publiqué en este portal denunciando la muerte de ciudadanos en circunstancias claramente atribuibles a un uso desmedido de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Nacional, así como la participación de uniformados en actividades delictivas. Cualquiera pensaría que el homicidio de la pareja esposas en Villa Altagracia o de la arquitecta Leslie Rodríguez en octubre del año pasado, serían un punto de no retorno y de inicio de una profunda reforma institucional.
Todo se ha quedado en palabras. La clase política nacional tiene una relación de amor y miedo con la Policía Nacional. Amor porque es una institución servil y corrupta, por tanto, sumamente maleable para los intereses de los gobiernos de turno. Y miedo porque la Policía Nacional y sus mandos conocen las entrañas del Estado, además de que portan armas y existe la posibilidad de actuar como cuerpo para causar inestabilidad social (más de la que ya ocasionan).
Mientras la clase política decide mantener el estado actual de la Policía Nacional, la confianza y la imagen de esta institución sigue erosionándose, incrementando los niveles de inseguridad ciudadana y con ello fomentando a la ciudadanía a resolver sus propios problemas, sea a través de los dispositivos de seguridad ordinarios, sea mediante agencias privadas, o sea mediante el linchamiento de presuntos delincuentes. Todo lo anterior se traduce en una sociedad mucho más violenta e intolerante.
Recordar que marco constitucional, legal e institucional tenemos para disolver y refundar, o si se quiere, transformar, a la Policía Nacional. Lo que falta es una voluntad real de que esto suceda y un compromiso país de la clase política. Este gobierno, si quiere dejar un cambio duradero y bueno, que deje los discursos y las comisiones, y se embarque en esa difícil tarea pendiente de dotar a la ciudadanía de una Policía Nacional distinta en la que se pueda mínimamente confiar.