Uno de los temas que siempre preocupa a la ciudadanía es el monto de la nómina de las instituciones del gobierno, ya que su aumento puede repercutir en un incremento del déficit fiscal. Esto, a su vez, puede frenar las inversiones públicas en infraestructura y la mejora en la calidad y cantidad de los servicios públicos ofrecidos a la población.

En la actual gestión de gobierno, el aumento de la nómina pública ha sido constante y acelerado. Por ejemplo, en el año 2022, dicha nómina creció en 48,075 personas, lo que representó un incremento del 13.6 % en relación con el año 2021 (según datos proporcionados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles – CREES).

Para el año 2023, la nómina pública ascendió a 730,928 asalariados, lo que representó un aumento del 12.12 % en comparación con el año 2020, cuando el total era de 651,312 asalariados.

Si se hace una comparación histórica desde el año 2008, cuando la nómina era de 324,896 asalariados, pasando por 391,684 en 2012, se observa un aumento escalonado hasta llegar a la cifra mencionada de 730,928 en 2023.

En junio de 2024, la nómina pública era superior en un 67 % al gasto de capital (según CREES). Entre los países de América Latina, la República Dominicana ocupa el cuarto lugar en ocupación del sector público, con un 14.6 %, superada solo por Argentina, Panamá y Uruguay, pero por encima del promedio regional de 11.1 %.

Solo en septiembre de 2024, la nómina aumentó en 26,898 personas. Esto refleja que, a medida que avanza la actual gestión gubernamental, la nómina pública sigue creciendo de forma exponencial.

A pesar de este crecimiento acelerado en la cantidad de empleados públicos y los recursos destinados a estos gastos —estimados en 336,017 millones de pesos para este año 2024, según lo presupuestado—, esta tendencia no se traduce de manera armoniosa en una mejora de los servicios públicos.

El aumento sostenido de la nómina y los recursos presupuestarios no ha impactado de manera oportuna en la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. Diariamente, las personas enfrentan deficiencias en los hospitales, tanto en la atención como en las condiciones de higiene, y algunos centros de salud rurales solo funcionan hasta el mediodía debido a la falta de personal médico.

En oficinas públicas, como la de Pasaportes, muchas personas han tenido que esperar meses para obtener o renovar sus documentos, lo que evidencia problemas en la eficiencia de los servicios.

A medida que la nómina pública aumenta, deben implementarse mecanismos que permitan a la población exigir servicios de mayor cantidad y calidad. Es contradictorio que, aunque se incremente el personal y los recursos destinados al sector público, se esté produciendo un deterioro en la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

En este período, en el que el gobierno central ha promovido la fusión de instituciones públicas con el argumento de eficientizar el manejo del gasto público y ahorrar recursos para reducir el déficit presupuestario, es crucial frenar el aumento desproporcionado de la nómina pública. Solo así se podrán sanear las finanzas públicas y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la población.