La industria extractiva ha sido un pilar del desarrollo en muchos países, permitiendo la generación de empleos, ingresos fiscales y la inversión en infraestructura. En República Dominicana la minería y los hidrocarburos han estado en el centro de intensos debates sobre su viabilidad, impacto y beneficios. Sin embargo, más allá de posturas extremas, lo esencial es abordar estos temas con visión estratégica, datos precisos y un equilibrio entre explotación y sostenibilidad.
El país cuenta con una riqueza mineral significativa, incluyendo oro, plata, cobre y tierras raras, cuyo valor ha aumentado en el mercado global. Sin embargo, la falta de claridad en la planificación y el debate polarizado han frenado el desarrollo minero. En algunos casos, proyectos con estudios avanzados han sido descartados sin una evaluación técnica seria, como es el caso del Proyecto Romero en San Juan, al que no se le ha permitido presentar el Estudio de Impacto Ambiental, como manda la ley, para determinar si cumple con las normas medioambientales. Eso, como he dicho otras veces, es tan injusto como reprobar un estudiante sin haberlo examinado. Por el contrario, en otros casos, se han promovido concesiones sin el debido rigor ambiental.
El desafío no radica en decidir entre minería sí o no, sino en establecer condiciones que garanticen una explotación responsable, con monitoreo ambiental, participación comunitaria y beneficios tangibles para el país. La experiencia internacional demuestra que es posible desarrollar una minería moderna que respete estándares ambientales y genere riqueza sostenible. El problema no es la minería en sí, sino la falta de planificación y control en su ejecución.
En el sector de los hidrocarburos, el país ha mostrado señales de potencial en distintas cuencas. Para avanzar en este ámbito, se ha trabajado en la recopilación y organización de datos geológicos y geofísicos, con el fin de evaluar con mayor precisión la viabilidad de exploración y explotación.
Uno de los pasos clave fue la creación de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH), que consolidó información sobre actividades exploratorias desde 1904 hasta 2013. Este esfuerzo permitió definir áreas con mayor potencial y, en 2019, llevar a cabo la primera subasta de bloques de petróleo y gas en el país. Como resultado, una empresa internacional obtuvo la adjudicación de un bloque en la costa afuera de San Pedro de Macorís, lo que refleja la confianza en la estabilidad y transparencia del proceso.
De manera similar, en el país se han realizado exploraciones desde 1917 para evaluar la posible presencia de tierras raras, especialmente en la región de Pedernales. Estas primeras investigaciones, apoyadas por organizaciones no gubernamentales y algunas academias, indicaron que existían indicios de su posible existencia, pero sin determinar su viabilidad comercial. En los últimos años, las investigaciones han continuado y se ha profundizado aún más en este campo. Sin embargo, hasta la fecha, los estudios no han avanzado lo suficiente como para cuantificar con certeza su potencial real.
En este sentido, es importante señalar que las cifras que se han divulgado sobre los posibles volúmenes de tierras raras en el país son prematuras y podrían generar expectativas infundadas. Antes de hablar de reservas, es esencial que las investigaciones continúen hasta contar con elementos sólidos que permitan confirmar no solo la cantidad, sino la viabilidad comercial de estos minerales estratégicos. Solo con datos verificables se podrá determinar si realmente existe un potencial de explotación sostenible y beneficioso para el país.
La minería y los hidrocarburos pueden ser motores de desarrollo si se gestionan con visión a largo plazo. La clave está en fortalecer el marco regulador, asegurar que los beneficios lleguen a las comunidades y garantizar que los proyectos se lleven a cabo con altos estándares ambientales.
República Dominicana no puede permitirse el lujo de que el fundamentalismo medioambiental siga bloqueando oportunidades sin justificación técnica, mucho menos puede aceptar una minería descontrolada, salvaje, que cause daños irreparables, como ha ocurrido en el pasado.
La solución es clara: una industria extractiva bien regulada, basada en ciencia, transparencia y compromiso con el desarrollo sostenible. El país tiene los recursos. Ahora falta la voluntad y la estrategia para aprovecharlos responsablemente.