De la Caja de Pandora destapada por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara, han salido viejos prejuicios e inaceptables expresiones de la soberbia que produce la fiebre del poder, las cuales tensan las relaciones sociedad civil/sociedad política. Sale también la hipocresía de algunas bocinas del anterior gobierno y la irracionalidad de algunos que no acaban de entender que la política es un proceso generalmente con muchos matices y que saber leerlos es la única y mejor forma de hacer bien esa práctica. Pero, igualmente, sale una clara señal de que aquí se mantiene vivo el sentimiento de lucha contra la impunidad y saqueo de lo público, que se corresponde con el punto más luminoso de la presente coyuntura: la lucha contra la impunidad que lleva a cabo el Ministerio Público.
Es habitual que, en los procesos de transición de un régimen a otro, se produzcan alianzas tácticas entre diversos sectores de la sociedad civil y uno o varios partidos. Entonces las relaciones entre estas dos componentes del sistema se complementan y todos lo celebran. Pero una vez alcanzado el objetivo buscado: la sustitución del antiguo régimen, emergen los desencuentros y junto a éstos los prejuicios, los demonios que inmancablemente habitan, dormidos o despiertos, en los partidos o en sectores claves de éstos. Es la experiencia que estamos viviendo. Durante la campaña electoral, sectores de la sociedad civil fueron vitales en la organización y momentos cruciales de esa campaña.
Pusieron a la disposición de la causa importantes recursos, sobre todo el del saber, que es la base de todo poder. Sin embargo, la estrechez de mira de muchos militantes partidarios no le permite darse cuenta de esa realidad, y así como la generalidad de los militares llaman despectivamente “civiles” a quienes no llevan uniformes, muchos militantes utilizan esa misma expresión para referirse a quienes, aun siendo miembros del partido, perciben como pertenecientes a la sociedad civil. Un prejuicio que les impide darse cuenta de que la política no se hace sólo en los partidos y que muchas las iniciativas y posiciones políticas en algunos procesos, a veces las determinantes, surgen de sectores de la sociedad civil. Por experiencia propia y colectiva lo dijo temor a equívoco alguno.
Miguel Ceara fue clave en la elaboración de las ideas básicas que enarboló el PRM para sumar a sus posiciones a diversos sectores sociales y políticos. Hoy, al tomar la decisión de denunciar que en el ministerio que dirige, centenares de personas se les pagaba sin trabajar y que un personaje de la TV, de incuestionable baja estofa, tenía su nominilla personal, no hace más que actuar en consonancia con la campaña contra la impunidad que lleva a efecto el Ministerio Público. Cuando sectores desde el partido oficial y del gobierno lo descalifican por esa posición, suceden varias cosas: un prejuicio contra un no percibido “de los nuestros”, del partido, un “sociedad civil, un técnico, un intelectual. Otra aberración, otra expresión de soberbia partidaria.
Los reproches a Ceara por sanear la nómina del ministerio despidiendo a centenares de botellas, constituye otra expresión de la cultura del derecho “adquirido” que algunos reclaman por estar inscrito en partido, una cultura que, de cara a las próximas elecciones, se mantiene tozudamente. Con sus destemplados ataques personales a su ministro, algunos miembros del PRM le hacen juego a los oscuros intereses que aquel enfrenta y a un sector mayoritario de la oposición que de la corrupción y la impunidad hicieron religión. Nada casual, esa coincidencia. En ese sentido, resulta un desatino que sectores de la oposición, claramente diferenciados de la cultura de la corruptela, no lean correctamente los elementos que han salido de la referida Caja de Pandora.
Algunas formas culturales entronizadas en los sistemas político, social y económico, generalmente se tornan atávicas, patrimoniales. Cualquier proceso, por más radical que este sea, para lograr desenraizar ese atavismo las necesita un tiempo más largo de lo el deseable. Ese proceso requiere una ingeniería política no siempre eficaz, dado la profundidad, ramificación de las raíces que sostienen esos lastres. Por consiguiente, el sentido común aconseja tratar de coincidir o apoyar a quien da muestra de querer extirpar esas cepas. Por eso, la complejidad de la corrupción cuando deviene sistémica se torna “normal” por lo que, además de inteligencia, se requiere paciencia, mucha coherencia para combatirla y una cantidad adecuada de personas con capacidad de hacerlo.
Es lo que ha faltado a los sectores del PRM, que con fementida sensibilidad quieren hacer creer que combatir la corrupción en un ministerio constituye un ataque personal al anterior incumbente de esa institución. Por eso, la posición de apoyo a Ceara de parte de los sectores claramente comprometidos con el combate a la corrupción que hizo posible defenestrar del PLD, en esencia, no es a su persona, sino al significado de su gesto. Es el espaldarazo que merece una sociedad civil que luchó contra la corrupción peledeísta codo con codo con los partidos que hoy son gobierno. Ninguna política, sea de oposición o de gobierno, es coto cerrado de los partidos.
Pretenderlo, como es voluntad de algunos, constituye otra de las tantas caras de la corrupción.