El mundo experimenta avances en múltiples ámbitos de las ciencias, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Participamos de sociedades cada vez más modernas y emprendedoras. Por donde quiera que se analice la sociedad del Siglo XXI, se encontrarán indicadores diversos que muestran innovaciones asombrosas. De igual manera, es probable que se constaten adelantos políticos, económicos y culturales que evidencian progresos enormes e imparables. Pero, en esta misma sociedad, se puede confirmar la existencia de necesidades fundamentales para el ser humano y para el planeta en su totalidad no satisfechas. 

Los avances generalmente van acompañados de un cambio en la forma de pensar, de hacer y de vivir. El cambio que está alineado en esta dirección pone los medios que tiene a su alcance para que los valores personales y sociales se fortalezcan; fortalecimiento capaz de aportarles fundamentos y consistencia a la trayectoria personal y al tejido social. La dimensión valorativa está vinculada con el desarrollo de la conciencia crítica de las personas, la que constituye un factor importante para que las personas aprendan a identificar y a cuidar su sistema de valores y las opciones que priorizan a partir de estos.

La sociedad dominicana participa de avances propios de la sociedad del Siglo XXI; y, como ella, tiene el cometido de cuidar el sistema de valores que la dinamiza y orienta. Desde esta perspectiva, evidencia, igual que en otros escenarios del mundo, la necesidad de prestarle mayor atención al valor de la vida. Este valor se degrada con una celeridad alarmante. Los hechos y acontecimientos que avalan esta afirmación son ordinarios, forman parte de la cotidianidad de las personas y de los contextos. Por ello la situación resulta contradictoria y preocupante. Es una contradicción, pues se espera que el desarrollo implique felicidad; es preocupación, por la normalización del atentado a la vida.

En la República Dominicana, legislar, ejecutar políticas humanas y sociales, así como garantizar resultados creíbles, es un compromiso ineludible de los Poderes del Estado. Los accidentes automovilísticos, los feminicidios y las violencias que generan muertes urgen un trabajo pensado y sistemático para actuar con mayor rapidez, en pos de una recuperación del valor de la vida. Esto implica un trabajo coordinado de las instituciones del Estado. Requiere la participación de las instituciones que lideran la educación preuniversitaria y la educación superior. Convocan, también, a las familias y a toda la ciudadanía.

El Estado ha de priorizar este valor, sin soslayar la dimensión valorativa de forma integral. Pero, se está ante un panorama letal, por la facilidad con la que se pierde la vida en el país. Los accidentes vinculados al transporte lideran las notas luctuosas. Esta realidad parece algo totalmente normal, a pesar de los costos que tiene para el Estado en su conjunto y, en particular, para la sociedad y las familias. Las instituciones académicas, las comprometidas con la salud y las responsables del transporte han de desarrollar un trabajo conjunto. La mirada plural del problema facilita la búsqueda de alternativas de soluciones que eliminen o reduzcan la depreciación de la vida humana y la no humana.

Los centros educativos han de abrirle espacio a la construcción del sentido de la vida humana y planetaria. El desarrollo científico, tecnológico e industrial no puede avanzar dejando atrás el sentido y el valor de la vida de las personas y de los demás seres que habitan el planeta. Los Medios de Comunicación han de fortalecer su responsabilidad en la búsqueda de mecanismos que le den un vuelco al poco aprecio a la vida que se observa en la cotidianidad. Las organizaciones empeñadas en la transformación de la educación del país tienen una oportunidad más para aportar y reconducir una realidad que se convierte en un problema que compromete a todos.