En la cultura policía dominicana, los cambios en el tren gubernamental crea muchas y a veces exageradas expectativas. El anunciado e iniciado por el presidente Abinader no es una excepción, pero tiene la peculiaridad que no han tenido las habituales: Se hace poco después de que este presentase un proyecto de reformas, una de ella fiscal vital para el discurrir de su último mandato y que naufragó, afectando significativamente su imagen y la de su mandato según mediciones del propio gobierno. Y, quizás lo más importante, los cambios se hacen en un turbulento contexto internacional en cuyo epicentro está EE. UU., ahora gobernado por una nueva una élite económica imprevisible que rompe toda lógica de la política y de la economía tradicionales.
El punto más saliente de la presente coyuntura mundial es el de la guerra económica, desencadenada por el grupo económico que, con relativa y quizás momentánea autonomía frente a los grupos económicos tradicionales, acaba de iniciar su hegemonía política en EEUU. Eso significa que estamos ante la más peligrosa incertidumbre social o epocal: la económica. La incertidumbre en el área de la economía afecta todas las esferas de la sociedad. A parte de eso, como se trata de una guerra, en las guerras mueren primeros los sectores más vulnerables: los niños, los envejecientes y las mujeres. En una guerra económica, como es el caso, los más afectadas no serán las potencias enfrentadas, sino las economías más vulnerables, las de los países pequeños. Básicamente.
En ese contexto, quizás casualmente, discurre el proceso de fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, sin que se sepa quien en fin de cuentas será el ministro que estará al frente del ministerio fusionado, siendo este otro de los elementos que hacen complicado el cambio de funcionarios para los más de tres años que le restan al gobierno. Por tanto, el cambio de tripulación anunciado e iniciado implica la imperiosa necesidad de un cambio de ruta. Ello así, porque nuevos ministros y administradores de áreas claves del gobierno de por sí no garantizan cambio de ruta, que es lo esencial. La eficacia de un nuevo funcionario público no depende sólo de su formación o voluntad, depende esencialmente de la ruta que con sentido de totalidad haya trazado el jefe de la administración pública.
Podría decirse, en este caso, que por lo menos tres de los ministros recién nombrados y muchos de los nuevos funcionarios de importantes áreas del gobierno son profesional y personalmente buena selección y que muchos de los otros que se dice serán removidos y/o nombrados también lo serían, pero eso no basta, lo esencial es hacia dónde, con quién y hacia cuál sector social se orientará la nueva ruta que el contexto nacional e internacional obliga tomar al presidente. Esto no solo será determinante para que los cambios den buenos resultados a breve, mediano y a largo plazos, sino para el legado que deberá dejar el presidente y para que, de cara al 2028, sea su partido el que le suceda en el poder. Es lo que preocupa a propios y ajenos de ese partido.
En ese tenor, es lógico que la presente administración requiera de una reorientación que logre mayores niveles de eficiencia y de eficacia, o sea, que cumpla con las expectativas de la gente, pero para eso tiene que ser incuestionablemente más democrática y cónsona con el “el compromiso de seguir apostando al desarrollo a través de la acción que protagonizan las organizaciones de la sociedad civil” como afirmase el presidente Abinader en noviembre pasado. Esto significa que tiene que conectarse con una serie de demandas que desde diversos sectores de la sociedad civil se le han formulado, sin que hasta el momento esos sectores se sientan satisfechos con las respuestas dada.
Antes del inicio del proceso de fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, el grueso del equipo de este último realizó una encuesta sobre cultura democrática en la población para identificar sus aspiraciones y de esa forma orientar el gasto y las políticas sociales en el territorio. Un auspicioso y novedoso gesto de un ministerio de economía que debería ser recuperado en el intento de relanzamiento buscado por el gobierno con sus cambios. También, deberían recuperarse los compromisos de respeto a los derechos más elementales del ser humano, sin importar las condiciones en que se encuentra en nuestro suelo patrio; impulsar la aprobación del Código Penal con las tres causales y retomar el proyecto de reforma fiscal.
Igualmente, hacer conciencia del drama humano y sus consecuencias económicas a que conducen las deportaciones masivas que se han iniciado en los EEUU para reorientar una política migratoria que hasta el momento ha discurrido esencialmente sin observar el debido proceso; profundizar la lucha contra la corrupción y el adecentamiento de la Justicia. Poner en primer plano la real defensa de la soberanía de los estados y una ineludible solidaridad con los países que en este momento están sometidos a vejatorias amenazas por parte de los EEUU. Entre otros, son estos puntos de referencias para evitar que los actuales cambios en la administración pública sean sólo de forma y no de contenido. Como debe ser.