En el mundo existen once muros que dividen países, el existente entre México y los EEUU es el único en este continente. Ahora nosotros tendemos el segundo, entrando en otra lista de los peores, en esas que siempre son afrentosas. Pocos entendemos la premura y pertinencia de erigir ese muro en estos momentos, tampoco que se construya sin que se haya calibrado el impacto tendría esa acción en una significativa franja de funcionarios del propio gobierno que siempre se ha opuesto a esa falsa solución del tema migratorio. Con esa iniciativa, que de por sí no solucionará esa cuestión, el gobierno logra el apoyo de los ultranacionalistas, además un elemento de distracción, pero eso no detendrá el tornado que podría producir las demandas que se avizoran.
En efecto, la construcción de muros fronterizos es generalmente demanda de sectores que en sus países se distinguen por ser irremediablemente intolerantes, y de signos claramente ultranacionalistas y xenófobos. Aquí no somos una excepción, los grupos de esa catadura se batieron durante décadas por la construcción del muro que actualmente se levanta en nuestra frontera con Haití. Lo hicieron sin éxito durante los gobiernos del PLD, ahora, sin mucho esfuerzo lo han logrado en un gobierno que entre sus más conspicuas figuras se encuentra gente que toda su vida se ha batido contra esa idea, no sólo por su nefasto significado sino por su cuestionable eficacia.
Y es lo que no encaja en la mente de no pocos. El gobierno se gana de aliados a fuerzas que a pesar del mucho ruido que hacen, son de absoluta irrelevancia en términos político/electoral que, del odio, la mentira y fabulación han hecho profesión, enajenándose sectores que social y políticamente tienen real relevancia y significativa ascendencia en las esferas de la cultura, la ciencia, además de influyentes sectores eclesiales. No se entiende cómo el gobierno se enajena estos sectores, poco antes de terminar el segundo año de su mandato, de búsqueda de consenso para sus proyectos de reformas subestimando la peligrosidad de los evidentes nubarrones que se ciernen sobre el panorama político y social de este país.
Para enfrentar esa circunstancia, esta administración debe tener bien tensas las riendas para conducirse en las amenazas del indetenible aumento de los precios de productos básicos, los gravosos subsidios a los hidrocarburos, de Punta Catalina en todas sus vertientes, de crisis sanitaria, de salud, educación, gestión del territorio, de la delincuencia y, naturalmente del tema migratorio. La construcción del muro, ni el apoyo de los ultranacionalistas podrán contener esas amenazas, todo lo contrario: contribuirá a acentuar su paulatina pérdida de consenso en significativos sectores políticos y sociales. El costo económico, político y moral que significa la construcción de ese muro es totalmente desproporcionado con la utilidad que este pueda tener para detener el flujo migratorio ilegal.
Una abundante literatura demuestra que los muros no constituyen la vía más adecuada para frenar los cruces de las fronteras, porque agudizan los prejuicios entre una población y otra, se constituyen en otras formas de corrupción, abusos, extorsiones y de negocio en la infame trata de personas, además de provocar muertes en los intentos de penetrar a través de los muros. A ese propósito, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala en el Mediterráneo y en el continente africano y en la frontera entre México y Estados Unidos, “han muerto 20 personas al día en su intento por alcanzar un nuevo destino”. Una historia, un drama humano que no termina, que podríamos iniciar aquí.
Nada justifica que el gobierno se haya embarcado en una iniciativa tan odiosa para sectores importantes de esta sociedad. A parte de seguir fortaleciendo las iniciativas de Ministerio Público en su labor de combate a las redes mafiosos creada en la anterior administración, esta administración ha debido poner todo su esfuerzo en dos temas claves: Punta Catalina y el subsidio o no a los carburantes. El primero tiene varias aristas de difícil manejo, todavía no se ha resuelto la cuestión de su coste real, de los problemas de carácter doloso en que estuvo envuelta su construcción, el diferendo sobre el fideicomiso planteado, y el espinoso tema de su operación o no en base a carbón.
El subsidio tiene un carácter estratégico, político, social y económico de suma trascendencia y complejidad. Viene de lejos el debate sobre lo beneficioso o no que sería para la economía del país, sobre a quién beneficia realmente y si es sostenible en el tiempo. A ese propósito, son demoledores los argumentos del reputado economista Isidoro Santana en su último artículo en Acento, oponiéndose al subsidio, dice, que: “de acuerdo a la última encuesta de presupuestos familiares (ENGIH-2018), una persona ubicada en el 40% más pobre de los hogares gastaba mensualmente 435 pesos en transporte como promedio mensual, mientras una del 20% más rico gastaba 3,962 pesos; es decir, por cada peso de subsidio que recibe un pobre, el rico recibe nueve”.
Y, lo que es peor, sigue diciendo Isidoro, al ser el Estado quien subsidia, en cierto modo los pobres subsidian a los ricos y capas medias. En resumen, buscar un amplio consenso en torno al abordaje y solución de estos temas resulta ser más urgente para el gobierno que su esfuerzo para construir el muro de la discordia y de dudosa capacidad de detener un flujo de migratorio ilegal, que sí debe enfrentarse, pero de otra forma y sin olvidar que la mano de obra haitiana, en sus diversas modalidades, es un imprescindible para el funcionamiento de nuestra economía. Las razones son altamente conocidas.