Si se pasa un balance sobre el comportamiento de los legisladores del partido oficial en el Congreso Nacional podría concluirse que los actuales son los que han tenido mayores niveles de distanciamiento frente a su partido, los que más se han distanciado y enfrentado las líneas maestras del eje programático de su gobierno. Ahora, con su intento de despojar a los gobiernos locales de su prerrogativa de administrativa de cementerios y bomberos, intentan desconocer el espíritu y enunciado de artículo 204 de la Constitución y la Ley 176-7 del Distrito Nacional y los Municipios, enfrentando de esa manera a la Federación Dominicana de Municipios, a su propio partido, el principio de la descentralización del Estado y la institucionalidad del país.
Con su acción los legisladores vulneran el principio de totalidad de una ley, como la 176-7, al intentar una selectividad de una de sus partes para ser asumida por una entidad creada por ellos para tal fin. Un inconsulto, arbitrario e inconstitucional despojo selectivo de algunas de las competencias del municipio dominicano, erigiéndose por encima de uno de los poderes del Estado: el poder municipal. También, descuidan un procedimiento elemental como lo es la consulta a la población antes de tomar una decisión del calado de la que intentan tomar. No después. Además, al intentar crear entidades nuevas para que asuman competencias que por cultura y tradición son de carácter municipal se sitúan en posición contraria al principio de la descentralización del Estado.
Con la descentralización del Estado se busca hacerlo no solamente más eficiente, sino más democrático siendo, en ese sentido, una nueva concepción del Estado, además de nuevo paradigma de desarrollo. Pero con su iniciativa, los legisladores crean más instancias directamente dependientes del Ejecutivo alargando con ello la dimensión del gobierno central y reduciendo consciente o inconscientemente las competencias de uno de los órganos fundamentales del Estado: el municipio. Mucho Gobierno (más funcionarios) y poco Estado (menos institucionalidad). Por otro lado, en esencia, la iniciativa legislativa es contraria al eje transversal del programa electoral de la presente administración que es el territorio, con la finalidad de potenciar la efectividad de las políticas públicas, concretamente en los espacios de los gobiernos locales.
Por consiguiente, si los legisladores entienden que, en tanto servicios, los cementerios y los bomberos no satisfacen las expectativos de las comunidades, lo lógico era crear iniciativas tendentes al fortalecimiento de los gobiernos locales para elevar sus niveles de eficiencias y no creando estructuras burocráticas para que asuman competencias tradicionalmente de los entes locales. Además, ¿cómo establecer el marco de actuación esas “direcciones” en un espacio que por ley, usos y costumbre es legal y constitucionalmente administrado por un poder local? Cierto es que en nuestro país entes locales tienen una limitada capacidad para de asumir sus competencias, pero eso no se enfrenta quitándoles competencias, sino fortaleciéndolos para que las asuman adecuadamente
Esta administración apuesta la institucionalidad del país y a tal propósito, entre otras iniciativas, ha creado el Gabinete de Descentralización. Sin embargo, sus legisladores crean “direcciones generales” para que asuman competencias que son de los gobiernos locales. Un sin sentido. Y lo que es peor, no pocas veces se les escucha a sectores del gobierno decir que los municipios no están en grado de asumir determinadas funciones, por lo cual apuestan a iniciativas en el territorio que son asumidas por instancias del gobierno central. Es cierto que no pocos municipios tienen serias dificultades para grado asumir sus competencias, pero nunca crecerán mientras las asuman otros y mientras los congresistas, paradójica y sostenidamente creen nuevos municipios y distritos municipales. Un dislate.
El problema es de fondo, no de forma, ni mucho menos reducible al caso en cuestión, es un sistema político y de partidos carente de racionalidad, de visión de conjunto, de improvisaciones y prepotencia de no pocos que, obnubilados por el poder, dicen con desparpajo: “el poder para usarlo”, una máxima perversa. Por consiguiente, si estamos ante un intento de violentar la Constitución y de mutilar la Ley 176-7 que norma la gestión municipal, produciéndose un enfrentamiento entre las federaciones Dominicana de Municipio y la mayoría de los legisladores lo lógico es, como sucedería en cualquier país con un mínimo de institucionalidad, que los partidos, a comenzar con el mayoritario, fijen su posición en una disputa que no es una simple gresca interinstitucional.
En ese sentido, la dirección de FEDOMU debe interpelar a sus direcciones partidarias y estas, independientemente de lo que haga o no FEDOMU, fijen una posición frente a una generalidad de congresistas que una vez más asumen posiciones carentes de legitimidad y hasta legalidad, lastrando las posibilidades de que este país avance por el sendero de la institucionalidad. Lo peor es que de ellos no pocos seguirán ocupando su curul, y no sólo eso, sino que algunos han alcanzado tal nivel de poder que pretenden objetar la permanencia en ese hemiciclo de algunos de sus pares que tienen sobrada y demostrada capacidad y solvencia para mejorar no solo la imagen del Congreso Nacional sino del resultado de sus acciones…