A nadie le cabe duda de que las redes sociales constituyen una innovación importante del Siglo XXI. El dinamismo y la creatividad con la que abordan la información y generan identificación con su estilo y formas de comunicar mensajes, hechos y problemas, hacen que las redes sociales produzcan encantos y adicciones. Los encantos están asociados a su colaboración para que las personas estén más informadas y cuenten con información a tiempo real. Las adicciones están vinculadas al déficit de sentido crítico y de razonabilidad de las personas para discriminar, de forma efectiva, la información que recibe. Las redes sociales son necesarias e importantes. Sus aportes son innegables.
Por lo expresado anteriormente, hemos de agradecer el servicio que ofrecen las redes sociales cuando se gestionan con sentido ético, con enfoques humanizadores y con opciones comprometidas con el desarrollo de las personas y de la sociedad. Pero, sin oponernos a las redes sociales, es necesario prestarles atención. Es importante que, sin afectar la libertad de expresión en el país, las redes sociales tengan mayor regulación. Esta ha de servir para fortalecerlas, para mejorarlas cualitativamente. La libertad de expresión tiene como límite los derechos de las personas y de las instituciones. Por ello las redes sociales no pueden obviar este principio.
La regulación que se demanda ha de contribuir a reducir las mentiras, el odio, las falsas informaciones y la versatilidad con la que se desprestigian personas e instituciones. Reconocemos que este es un problema que atañe a la educación y que el sistema educativo dominicano, por la precaria calidad que exhibe, no hace ni puede hacer nada. Sí. Es un problema educativo que debe ser asumido con más responsabilidad; pero es, también, un problema vinculado a la aplicación de las leyes del país. Las empresas transnacionales que controlan las redes sociales tienen un poder que subyuga e irrespeta las leyes nacionales.
Regular las redes sociales no es negarlas ni, mucho menos, suprimirlas. Tampoco es demonizarlas. Está claro que depende del uso que se les dé. Pero, también, es verdad que disfrutan de una libertan tan extensa, sin regulación alguna, que provocan problemas y ponen en peligro vidas y funciones de personas e instituciones. Concomitantemente, la regulación ha de ir unida a programas que favorezcan la educación de los actores de la sociedad. Esta educación ha de ser en el ámbito preuniversitario y en educación superior. Estos procesos educativos ayudan a elevar el valor de las redes sociales; y se les aporta a los estudiantes criterios, enfoques y metodologías para aprovecharlas con perspectiva ética y de respeto a las personas, a las instituciones y a las culturas.
La regulación de las redes sociales en el país es un tema que casi no se plantea. Se asocia a una práctica antidemocrática y contraria a los avances del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías. Tenemos una concepción diferente de los que piensan en la dirección señalada. Por tal motivo, insistiremos en que las redes sociales requieren que sus potencialidades se gestionen pensando en la humanización, en más y mejor democracia; y en el avance hacia formas de comunicar y enfrentar los problemas sin tener que degradar a las personas y a las instituciones.
Las redes sociales se han convertido en un sistema de comunicación intocable; y esto no puede ser. Urge que en el país haya regulaciones para que las empresas transnacionales que las dirigen contribuyan con el respeto a la dignidad de las personas y de la sociedad. De otra parte, es necesario trabajar activamente las pedagogías críticas en los centros educativos, en el seno de las familias, en los institutos especializados y en las universidades, para que el uso de estas redes no se convierta en un tiempo y un espacio de infamia y deshumanización. Impulsemos todo lo avanzado, noble e inclusivo de las redes sociales.