En los últimos años, las pérdidas en el sector eléctrico de la República Dominicana han alcanzado un alarmante 39.2%, nivel crítico que amenaza la estabilidad del suministro eléctrico nacional. Este fenómeno es especialmente preocupante en una época en la cual la demanda eléctrica está en aumento, en parte, debido a una ola de calor que afecta al país. Paradójicamente, a medida que se despacha más energía, las pérdidas aumentan en proporción.
Los cortes de energía tienen un efecto devastador en la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos. La mayoría de las empresas que no reúnen las condiciones para comprar energía directamente a los generadores, recurren a la utilización de costosas plantas de emergencia, lo cual eleva significativamente sus costos operativos.
Este problema afecta especialmente a las pymes, que forman la base más grande del tejido productivo del país. Además, las interrupciones eléctricas de larga duración afectan la capacidad de la población para trabajar, estudiar y llevar una vida normal.
La situación se ha deteriorado rápidamente en el actual periodo gubernamental. Diversas autoridades y partes interesadas del sector han expresado su inconformidad e incluso han señalado responsables, pero las acciones concretas son escasas. Las quejas del público son tan numerosas que uno se pregunta si podrían terminar alterando la paz social.
La falta de inversión pública dirigida hacia áreas de alta rentabilidad, sumada al descuido y a la ineficacia gerencial, agravan la crisis en el sector eléctrico, focalizado en la distribución. Resulta indispensable tomar medidas urgentes para mitigar las pérdidas en las empresas distribuidoras de electricidad (EDES), optimizar su administración y realizar inversiones significativas en infraestructura. Se estima que reducir en un punto porcentual las pérdidas requeriría una inversión de 50 millones de dólares, una cifra que seguramente ha aumentado hasta la fecha.
Recientemente, el mismo presidente de la República informó que 2,000 millones de dólares previstos para inversiones en las redes eléctricas fueron destinados forzosamente a subsidiar combustibles en medio de una gran volatilidad de precios internacionales y expresó que se dispondría de al menos 200 millones de dólares para avanzar.
En otras palabras, apenas se podría cubrir el 10% de las necesidades de inversión de las EDES y eso, en definitiva, es grave, pues es imposible mejorar la gestión comercial si no se reducen las pérdidas técnicas y no técnicas disponiendo de materiales, equipos y tecnologías que mejoren las redes eléctricas y permitan medir el consumo de todos los abonados para facturar y cobrar con eficiencia.
Para abordar este reto, es fundamental implementar estrategias eficaces de gestión y control de pérdidas. Esto implica, además de la modernización de infraestructuras, la adopción de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. No sólo falta inversión en tecnología, sino también en capacitación del personal, factores cruciales para mejorar la eficiencia operativa de las EDES.
La política clientelar y la corrupción han convertido las EDES en entidades fundamentalmente políticas, castrando sus funciones gerenciales corporativas. Carecen de una supervisión estricta del estado, no obstante estar regidas por la leyes y normas del sector, ya que son concesionarias de un servicio público de vital importancia para país.
Si el Estado decidió quedarse con la distribución eléctrica, y revertir en ese aspecto la reforma que se hizo, debe sacar a las EDEs del marasmo comercial y financiero en que están inmersa a consecuencia de su manejo político e incapacidad gerencial.
Eso se logrará cuando el talento técnico prevalezca y la rémora política sea expulsada de esas empresas.
Por último, se deben honrar los compromisos asumidos en el Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico, un acuerdo que lamentablemente ha sido firmado tardíamente y rápidamente olvidado. La inversión en las redes eléctricas debe ser una prioridad nacional, no solo para garantizar un suministro de energía fiable, sino también para impulsar el crecimiento económico y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
Las pérdidas energéticas en nuestro país representan un desafío apremiante que requiere una acción inmediata y concertada. Insisto en que la inversión en infraestructura, la eficiencia operativa y la adopción de fuentes de energía sostenibles son vitales para enfrentar esta crisis. Solo mediante un esfuerzo colectivo de autoridades, empresas y ciudadanos podremos asegurar un futuro energético estable y próspero.
Para ilustrar la gravedad del problema, cabe destacar que, en el último año, las pérdidas en electricidad, ya sea por fraude o por ineficiencia en la línea, junto con la energía facturada pero no cobrada, ascendieron a aproximadamente 1,802.7 millones de dólares. Según estimaciones, el plan integral de reducción de pérdidas requerirá una inversión de 1,888.18 millones de dólares en los próximos siete años. Ante este panorama, una pregunta inevitable surge: ¿Cuánto más tendremos que perder antes de amortizar ese préstamo?
Es hora de abandonar la concepción política que ve a la electricidad como una mercancía política y a las empresas eléctricas como un botín para ser explotado.