Aunque el sistema ha servido como base para proveer ciertas garantías, enfrenta desafíos estructurales que amenazan su sostenibilidad y equidad. El momento de actuar es ahora, antes de que las consecuencias de la inacción se conviertan en una crisis irreversible.
El modelo actual, basado en la capitalización individual, tiene méritos teóricos, pero está lejos de cumplir con las expectativas de los ciudadanos. Su dependencia de los aportes individuales deja a millones de trabajadores fuera de cobertura debido a la alta informalidad laboral, que supera el 50 % de la población activa. Además, los bajos rendimientos de los fondos acumulados limitan la capacidad de garantizar pensiones dignas para la mayoría de los dominicanos. A pesar de que el envejecimiento demográfico no es tan agudo como en países europeos, los cambios poblacionales son inevitables y tendrán un impacto profundo en el sistema si no se implementan reformas ahora.
Es evidente que el modelo actual no responde a las realidades socioeconómicas del país. Persistir con un esquema exclusivamente individualista es ignorar las desigualdades estructurales que marginan a una gran parte de la población. Por ello, urge la transición hacia un sistema mixto que combine las cuentas individuales con un componente solidario. Este nuevo modelo no solo garantizaría una base mínima de protección para todos los ciudadanos, sino que también fortalecería la cohesión social al reducir las brechas entre los sectores más vulnerables y aquellos con mayores recursos.
Sin embargo, cualquier reforma será insuficiente si no se enfrenta el problema estructural de la informalidad laboral. La mitad de los trabajadores dominicanos están excluidos del sistema de seguridad social porque operan en la economía informal. Para incorporar a estos trabajadores, es esencial crear incentivos claros para la formalización. Esto incluye la reducción de barreras fiscales para las pequeñas empresas, la simplificación de trámites y la implementación de programas de formación y asistencia técnica. La digitalización también puede jugar un papel crucial, facilitando el acceso al sistema y permitiendo el seguimiento de aportes de manera más eficiente.
Otro aspecto crucial es la diversificación de las inversiones de los fondos de pensiones. Actualmente, gran parte de los recursos se concentra en instrumentos financieros con rendimientos limitados. Orientar estos fondos hacia proyectos estratégicos, como infraestructura, energías renovables y tecnología, no solo podría generar mayores rendimientos, sino también contribuir al desarrollo económico del país. Sin embargo, estas inversiones deben gestionarse con absoluta transparencia y bajo una supervisión rigurosa para garantizar la confianza de los ciudadanos en el sistema.
Además, es fundamental priorizar la educación financiera. Muchos dominicanos no comprenden cómo funciona el sistema de pensiones ni la importancia de contribuir regularmente. Este desconocimiento alimenta la desconfianza y la apatía hacia el sistema. Campañas educativas masivas pueden ayudar a revertir esta situación, fomentando una cultura de ahorro y compromiso con la seguridad social.
En el ámbito internacional, la República Dominicana tiene la oportunidad de aprender de experiencias exitosas. Países como Uruguay, que han implementado sistemas mixtos, o Chile, con su enfoque en la diversificación de inversiones, ofrecen lecciones valiosas que pueden adaptarse a las particularidades locales. Sin embargo, cualquier cambio debe ser cuidadosamente diseñado para evitar errores que comprometan la confianza pública.
El momento de actuar es ahora. Las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán si el sistema de seguridad social dominicano se convierte en un modelo de inclusión y sostenibilidad o si, por el contrario, continúa perpetuando desigualdades y dejando a millones de ciudadanos desprotegidos. La reforma no debe limitarse a ajustes técnicos, sino que debe ser una declaración de principios: la seguridad social es un derecho fundamental y una promesa de dignidad para todos los dominicanos.
En última instancia, la seguridad social no es solo una cuestión económica; es una expresión de los valores de una sociedad. Es el compromiso de una generación con la siguiente, la garantía de que ningún ciudadano será abandonado en su vejez. Este es el momento de actuar con decisión, con visión y con un sentido de responsabilidad histórica. Porque el progreso de un país no se mide únicamente por su crecimiento económico, sino por la capacidad de brindar justicia y protección a sus ciudadanos más vulnerables.
La República Dominicana merece un sistema de seguridad social que esté a la altura de sus aspiraciones como nación. Este es el momento de evolucionarlo.
Sobre el autor:
*Médico, Especialista en Medicina Familiar y en Gestión de Servicios de Salud, postgraduado en Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Maestría en Alta Dirección Pública, docente, consultor en salud y seguridad social.