Durante las tres décadas de la dictadura trujillista, la cúpula empresarial dominicana participó limitadamente en actividades productivas o comerciales en roles secundarios en las empresas del dictador. Esta relación subordinada concentró en manos de Trujillo la estrategia de desarrollo industrial y agrícola y retardó la compresión de la función empresarial en el diseño de un plan de largo plazo para impulsar el desarrollo económico nacional.
Trujillo construyó una economía con fuertes lazos intersectoriales domésticos y limitó las importaciones, para evitar el impacto del déficit de la balanza comercial en la economía (Cassá, 1982 pág. 364). Por tanto, la cúpula empresarial en general se limitó a servir de soporte en los planes económicos del tirano. De manera que, a la caída de la dictadura, ese grupo de empresarios en lugar de elaborar una estrategia de desarrollo alternativa puso en marcha un plan de fácil realización que consistió en la privatización de los negocios del tirano.
De esta manera, las tierras, el ganado y las empresas de Trujillo fueron desapareciendo paulatinamente del conglomerado empresarial trujillista que Balaguer colocó en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE). Se conoce poco de la ganancia que obtuvo el gobierno por las adquisiciones privadas de las acciones o por las compras directas realizadas por el sector privado. Lo que sí se sabe es que ese emporio estatal de las empresas de Trujillo terminó en una entelequia pública, zarandeada por la estrategia empresarial de privatización.
Todavía hoy, la cúpula empresarial exhibe un comportamiento similar al post-trujillato; lo que refleja un limitado progreso estratégico que debe tener en materia de desarrollo económico. En esta dirección, la innovación fundamental de la cúpula empresarial ha sido su relación política con los distintos gobiernos y sus dirigentes a fin de crear las condiciones necesarias para operar sus negocios. Obviamente que, resulta más beneficioso financiar un candidato a la presidencia que ocuparse de las dificultades que normalmente enfrenta un empresario desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, la necesidad de mejorar el capital humano, el crecimiento de la productividad, la inversión en tecnología, los salarios reales, planear los encadenamientos intra e inter-sectoriales y mejorar su participación y competitividad en los mercados locales e internacionales.
El cuadro descrito previamente se repite con exactitud en la administración del PRM, aunque con otras características. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), ha logrado negocios con el actual gobierno en donde éste aporta el dinero y los activos públicos y asume todos los riesgos (financieros, de construcción, entre otros) para crear empresas privadas. Incluso la presente administración decretó la protección del equilibrio financiero de las firmas privadas que tuvieren contratos con el gobierno; un ejemplo de esto es la adenda al contrato de MAC Construcciones que participaba en la construcción de la Nueva Victoria. A diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Trujillo, el PRM inició un proceso desordenado de privatización, en esta ocasión a través de fideicomisos (Punta Catalina, el de Pedernales, Manzanillo) y de APPs que administra la Dirección de Alianza Público-Privada.
La pieza fundamental del actual proceso de privatización se produce a través del financiamiento de las campañas políticas. La cúpula empresarial usa los legisladores de todos los partidos políticos para crear leyes que legitimen la intermediación de empresas como es el caso de las APPs y los fideicomisos. Algo similar a lo que ha ocurrido con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), estas son intermediarias creadas por una ley que estipuló obligaciones financieras para todos los trabajadores y empleados. Este ahorro forzoso de los salarios es utilizado por esas instituciones para garantizar, supuestamente, un retiro digno por vejez o incapacidad.
Hasta ahora, lo que ha ocurrido es que la intermediación de las AFP ha logrado jugosos beneficios cobrando anticipadamente el 5% del total de retenciones que especifica la ley 87-01 y sus modificaciones, en tanto que los afiliados deben esperar 30 años para recibir una jubilación que no excede el 25% de su último salario. Además, buena parte de las inversiones de las AFP están colocadas en bonos del estado o del Banco Central, los cuales se pagan con impuestos indirectos que recaen fundamentalmente sobre las familias. En otras palabras, el gobierno es quien garantiza la rentabilidad de las AFP, las que no corren ningún tipo de riesgo por tener las inversiones en activos de renta fija del estado dominicano.
Similarmente, el seguro de salud que administran las ARS limita la cobertura de los servicios, así como de las medicinas y la atención médica especializada, logrando un exagerado gasto de bolsillo de los pacientes, en tanto la gerencia financiera consigue elevados beneficios a cambio del empeoramiento de dichos servicios y empobrece a los hogares dominicanos.
En otro orden, el sector eléctrico dominicano es otro negocio que perjudica al usuario y beneficia enormemente a sus dueños. Este sector se caracteriza por pérdidas en la generación y distribución de energía, por lo que el servicio es caro e ineficiente. Esto implica que la regulación y supervisión del propio sector privado también es ineficiente, limitando su competitividad. Además, las pérdidas técnicas en el sector eléctrico se cubren con el presupuesto público; alrededor del 70% de las facturas emitidas por las empresas de distribución cubre el pago de las empresas de generación. El valor de estas facturas refleja que una parte significativa del subsidio al sistema eléctrico se convierte en subsidio a los generadores de electricidad. En lo que va de año el subsidio a la generación eléctrica representa alrededor del 40% del total de los subsidios del gobierno al sistema. Por lo que, queda claro que la eficiencia y la competitividad no es una característica que distingue al sector privado nacional de generación eléctrica y que su relativa incompetencia la pagan los ciudadanos.
Por otra parte, el mercado de los combustibles constituye otro de los negocios que no es adecuadamente supervisado por el gobierno y los empresarios del sector tienen extraordinarios beneficios a partir de los exiguos ingresos de la población. Para que los importadores de combustibles tengan las ganancias deseadas, el gobierno supuestamente subsidia el consumo de combustible. De manera que, los importadores de combustibles colocan el precio de venta que maximiza sus beneficios y el gobierno lo subsidia, sin ocuparse de determinar los entuertos de la fórmula de paridad de importación. Además, la fórmula, en el caso del gas propano, contiene un conjunto de sobrecostos, tales como las Resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio Nos. 07-13 y 365-bis-15, que encarecen innecesariamente ese combustible en aproximadamente RD$40 por galón, aumentando los beneficios del negocio y en perjuicio de los consumidores.
En condiciones similares se encuentra la política de educación del gobierno. La dirigencia empresarial dominicana logró una participación en el gasto del Ministerio de Educación, no para mejorarla, sino para beneficiar a sus empresas. Esto implica que del 4% del PIB que establece la Ley de Educación No. 66-97, una porción importante se gasta en agregados educativos, en tanto que la calidad de la educación se quema en las evaluaciones internacionales del sector.
No obstante, EDUCA pregona que ha mejorado la calidad del sector educación; aunque los resultados del rendimiento escolar medido por instituciones internacionales aseguran que, a pesar de los cuantiosos recursos que gasta el estado en educación, las pruebas Pisa realizadas en el 2015 y 2018 sobre el desempeño estudiantil a nivel mundial, no revelan un avance significativo en ciencias, matemáticas, lectura y escritura de los estudiantes dominicanos (Pisa, 2018). Estos resultados empeoraron durante la pandemia en el 2020.
Es necesario fortalecer la función educación y, por tanto, debe apoyarse el 4% del PIB a esa función; en efecto, el 96% se dedica a gastos corrientes, contraviniendo la Ley 66-97 de Educación que establece que no debe ser más del 80%. Se desconoce la evaluación de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, lo que no contribuye a enmendar los errores en la asignación del gasto.
Además de todos estos privilegios que ha comprado la cúpula empresarial a los partidos políticos que han administrado el gobierno (PLD-FUPU, PRD, PRM, PR), el gobierno contempla en sus presupuestos anuales jugosas exenciones fiscales. En el presupuesto del 2023, se planea conceder al sector privado RD$310,120.7 millones (US$5,963.9 millones) en exenciones fiscales, equivalente a aumento del 9.9% del total de recursos del presupuesto. Increíblemente, el gobierno deja de percibir estos ingresos, mientras que el presupuesto incluye un déficit de aproximadamente de RD$221,000.0 millones. Si se eliminaran las exenciones, se financiaría el déficit fiscal y no habría necesidad de recurrir al endeudamiento para ajustar el presupuesto. Aún en estas circunstancias, el sector privado evade el impuesto sobre la renta y el pago del ITBIS que el público paga a las empresas, (DGII, 2017).
La proyección de la situación económica, social y política aterraría al lector atento. La presente administración del gobierno aplica políticas públicas que profundizan los males tradicionales de la sociedad dominicana. Llama particularmente la atención la concentración del ingreso y el empobrecimiento del resto de la población. Por un lado, se encuentran los beneficiarios de las políticas públicas y, por el otro, los consumidores que la financian.
Los consumidores no tienen a nadie que los represente en el Congreso y el presidente está entretenido en su agenda reeleccionista. Peor aún, en el Gobierno nadie se ocupa de evitar la confrontación social que se avecina si persisten las políticas que favorecen solo a un pequeño grupo del sector privado y desampara a la gente. Entonces, pareciera que la única opción es exigir en las calles la atención oficial a las demandas económicas, políticas y sociales que tiene la población.