La modificación integral de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social debe reenfocarse en la Constitución, debe asumir el cumplimiento de los derechos fundamentales que lo sustentan, tales como el derecho a la salud integral, la protección de las personas menores de edad y de la tercera edad, así como las personas con discapacidad a la seguridad social, entre otros, consignados en nuestra Carta Magna.
Ahora que el Congreso Nacional ha asumido nuevamente la modificación integral de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la sociedad dominicana espera que en esta ocasión, los legisladores asuman con responsabilidad patriótica esta importante tarea y no cedan a la seducción con la que podrían ser provocados, por los intereses malsanos que buscan que se vuelva a legislar para favorecer, a la medida, sus ambiciones desmedidas a costa de negar los derechos de la población.
En la actualidad, la frustración, incertidumbre, desatención y desesperanza que padece la población dominicana, demuestran la crisis existente en la Seguridad Social, en la que sólo los negocios insertados en ella se sienten satisfechos con las jugosas ganancias que obtienen de un sistema organizado para favorecerles, a costa de incumplir los derechos de la población.
Distintas organizaciones sociales han mantenido su lucha para reclamar que la modificación integral dispuesta en la Ley 13-20, verdaderamente sea una modificación integral y no una nueva ola de parches mal pegados que terminen siendo un nuevo atentado a los derechos de la población y en especial a los derechos de las personas afiliadas.
Diversas organizaciones sociales, de educación superior, colegios profesionales y gremios han formulado sus reclamos, así como han presentado sus sugerencias para que el SDSS sea reenfocado al Contrato Social definido por nuestra Constitución, en el marco de los deberes y derechos de los ciudadanos, los derechos fundamentales planteados en la Carta Magna.
El SDSS debe enfocarse en la Constitución Dominicana y asumir el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población como su principal objetivo, su razón de ser. Garantizar los derechos fundamentales es el punto referencial que debe guiar el diseño y reenfoque cierto de la Seguridad Social.
El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) hace un llamado a los Legisladores para que asuman con responsabilidad la tarea patriótica de defender los derechos de la población y asegurar que la Seguridad Social cumpla con los derechos que la Constitución manda que el Estado garantice.
Aunque quizás en el país no existe un Contrato Social tal y como lo planteó Jean-Jacques Rousseau, este es una teoría que explica el origen y la legitimidad del Estado, donde los individuos acuerdan voluntariamente formar una sociedad y establecer un gobierno para proteger sus derechos y bienestar. Sin embargo, al analizar el caso de las legislaciones y normativas del actual SDSS parecería que todo está organizado para el provecho de los negocios insertados en este sistema y no los derechos y el bienestar de la población.
Deberíamos aprovechar la metáfora del Contrato Social para entender la descripción de cómo las personas se someten a las leyes y normas de la sociedad a cambio de protección y orden. En el caso de la Seguridad Social, los Legisladores y los órganos rectores y de gestión a cargo del SDSS parecen haber perdido el enfoque en el que han debido direccionar el diseño y desarrollo de la Seguridad Social, terminando por construir un sistema que parece un “Frankenstein” que negando todos sus fundamentos, está encaminado hacia el fracaso total del SDSS, provocando una gran crisis nacional, en la que el Estado terminará siendo el responsable por haber delegado en empresas privadas cuyo objetivo natural es el lucro, ignorando que la delegación no les exime de la responsabilidad que el Estado tiene de garantizar los derechos ciudadanos.
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto a la Fundación Juan Bosch, la Fundación Sol, de Chile y la Coalición por la Seguridad Social Digna, presentaron al país una propuesta sustentada en estudios actuariales que presenta la factibilidad de modificaciones que garantizan prestaciones superiores a las existentes en todos los sistemas de pensiones que históricamente hemos tenido en el país, incluyendo el actual sistema basado en la Ley 87-01.
El resumen de esta propuesta está publicado en el documento “Análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana”, documento que puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://juanbosch.org/wp-content/uploads/2023/09/Propuesta-Sistema-Pensiones-2023.pdf
Esta propuesta se sustenta en la concepción de un esquema de protección social con un enfoque bidimensional, conforme al planteamiento propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es importante tener en cuenta que esta propuesta se elaboró con el objetivo de “Diagnosticar la sostenibilidad financiera de la implementación de esta propuesta, identificando nudos críticos de la realidad laboral, niveles salariales, y otras características que impacten directamente el funcionamiento de un nuevo sistema de pensiones.”
El Modelo de Seguridad Social usado en la elaboración de esta propuesta consideró aspectos como: Suficiencia, Sostenibilidad, Universalidad y la Legitimidad Social.
Algunas de las fundamentaciones que se observaron en la elaboración de esta propuesta son:
- a) Diálogo social: Un sistema de pensiones ajustado a los principios de la seguridad social debe ser construido en democracia.
- b) Cobertura universal: Debe incluir a la mayor cantidad de beneficiarios como red de combate a la pobreza.
- c) Trato uniforme: Tasas de cotización y prestaciones uniformes para todos los cotizantes independientemente de raza, sexo y condición laboral.
- d) Solidaridad social: Trabajadores activos transfieren recursos a los pasivos (equidad horizontal) y los de más ingresos a los de menor ingreso (equidad vertical).
- e) Equidad de género: Garantizar un trato igual a hombres y mujeres, reconociendo desventajas de estas últimas en mercados laborales.
- f) Suficiencia pensiones: Garantizar que las pensiones cumplan los criterios económicos adecuados.
- g) Eficiencia y gastos administrativos razonables: Menos costos de administración en el sistema público que en el privado.
- h) Participación social en gestión: Participación de los asegurados en la administración es un importante complemento de la democracia.
- i) Rol del Estado y Supervisión: El Estado debe asumir una responsabilidad general en la buena gestión de las instituciones y de los servicios que ayude a asegurar la protección garantizada en los convenios.
- j) Sostenibilidad financiera: El sistema debe ser financieramente sostenible.
La propuesta propone la implementación de un sistema de pensiones multipilar, en el cual se establecen, al menos, dos componentes fundamentales. En primer lugar, se contempla un
Piso 0, Pilar Básico de Protección Social, que representa un nivel de protección social no contributivo, dirigido a asegurar una cobertura mínima para aquellos ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
En segundo lugar, se establece un Componente 1, Seguro Social Obligatorio, que es el pilar central del sistema de pensiones.
En caso de que se decidiera que existan otros pilares adicionales, estos se concebirían de manera complementaria, con el objetivo de optimizar y fortalecer el entramado de protección social y conformarían el Componente 2, pudiendo ser estos de carácter obligatorio o voluntario.
Por último, se contempla un Componente 3, de Ahorro Personal Voluntario, el cual podría ser un interesante sistema de ahorro a largo plazo para los trabajadores.
El MOPESEP considera que esta propuesta es factible para nuestro país, por lo cual solicita a los Legisladores prestar atención a la misma, tomando en cuenta que ha sido formulada por diferentes organizaciones nacionales, luego de escuchar los reclamos de amplios sectores de la sociedad, con el apoyo de la Fundación Sol, con amplia experiencia en estos temas en Chile, a los fines de encontrar una alternativa que permita dar certidumbre a la población y dar un enfoque al actual sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad, superando así la incertidumbre y trayectoria al abismo, que presenta el actual sistema basado en capitalización individual.