Este interesante estudio, basado en informaciones oficiales ofrecidas por la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, presenta interesantes hallazgos, algunos de los cuales evidencian lo que algunos hemos llamado la perversidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), y que se expresa en la preferencia que presentan las normativas cuando se trata de garantizar las ganancias de las empresas insertadas (parasitariamente) en la seguridad social, mientras en las normativas y en las decisiones de las autoridades persiste un permanente desinterés por aquellas acciones que benefician a las personas afiliadas y el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
Por ejemplo, el estudio señala que “Las AFP y ARS privadas en conjunto generaron ganancias extraordinarias durante la pandemia y aun después de esta, incluyendo 2021, lo que contrasta con la situación de los/as trabajadores/as y medianos y pequeños empresarios que cotizan en el SDSS, que vieron perder fuentes de empleos, reducir los ingresos, enfrentándose al desempleo y el cierre definitivo de sus negocios. En conjunto, las AFP y ARS privadas han absorbido RD$152,921 millones que deberían haber servido para la seguridad social de la ciudadanía dominicana.”
La perversidad del sistema quedó irritantemente al descubierto cuando en los primeros meses del presente año el balance de las Cuentas Personales de los Afiliados fue reducido, una acción ilegal que mostró a la sociedad dominicana hasta dónde existe una complicidad entre las autoridades y las AFP, toda vez que esta acción viola las disposiciones de la propia Ley 87-01 que protege la Cuenta Personal del Afiliado de todo tipo de reducción o descuento y que ordena que su balance crezca, incluyendo la previsión de que las autoridades establezcan una rentabilidad mínima que las AFP deben garantizar y que en las normativas que definen la forma en la que se calcularía, se llega hasta el extremo de que este límite con el que debería garantizarse el crecimiento sostenido del balance de la Cuenta Personal del Afiliado, permite resultados negativos, lo cual es una contradicción con las disposiciones que mandan al crecimiento de este fondo.
En nuestro artículo “Incumplen Ley 87-01 al calcular Rentabilidad Mínima mensualmente” comentamos que de acuerdo a los datos ofrecidos por la SIPEN, correspondientes al período comprendido entre el año 2004 hasta marzo del presente año, la Rentabilidad Mínima calculada históricamente por esa institución, refleja que en 22, de los 212 meses en que este límite ha sido calculado, el resultado ha sido un valor negativo.
Aún la sociedad no ha quedado satisfecha con las explicaciones presentadas por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y las propias AFP. Por eso diversos procesos judiciales se han instrumentado pidiendo que los altos tribunales ordenen la devolución de estos valores descontados injustamente y que las rentabilidades aplicadas en los meses subsiguientes se apliquen sobre el balance corregido con la devolución y no sobre los balances disminuidos.
La investigación realizada en junio pasado por la Coalición por la Seguridad Social Digna y realizada por Matías Bosch Carcuro y Francisco Alberto Tavárez Vásquez, muestra cómo mientras las personas afiliadas tenían esta ilegal reducción en los balances de sus Cuentas Personales, las AFP obtenían ganancias récord, superiores a todas las obtenidas desde el 2004 hasta ese momento. Al parecer, las ganancias de las AFP y los beneficios de las personas afiliadas tienen una relación inversa, de ahí la pertinencia del título del informe presentado “AFP y ARS La Ley del Embudo.”
El informe señala que las ganancias de las AFP “siguieron siendo positivas y elevadas, en el mes de febrero de 2022 millones de dominicanos/as sufrieron en carne propia la tragedia del sistema con miles de millones de pesos en pérdidas, transfiriendo a los sujetos de derechos los efectos del riesgo financiero y eliminando de sus fondos US$72.3 millones cuyo paradero se desconoce.”
“Hasta el momento no se ha conocido una explicación satisfactoria del Consejo Nacional de la Seguridad Social ni de la Superintendencia de Pensiones, que se supone es el órgano regulador del sistema de pensiones en el país. En lugar de ello, esta entidad tomó parte del debate a favor de las AFP, alabando las bondades del sistema y afirmando que las inversiones financieras tienen que medirse en resultados a largo plazo, como si el futuro de la gente trabajadora y los actuales pensionados y pensionadas depende del azar y el riesgo que implica las inversiones financieras del mercado de valores, incluso con pérdidas definitivas.”
Parece mentira que en la página web de la SIPEN solo aparezcan publicadas las Sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo que favorecen a las AFP y que las que favorecen a las personas afiliadas no hayan sido publicadas por esainstitución pública. Es clara su subordinación a los intereses de los negocios en la seguridad social, incumpliendo el mandato que la Constitución le asigna al Estado Dominicano como garante de los derechos fundamentales.
Los autores de la investigación continúan diciendo “Lo que aconteció a inicio de año, y la lógica de funcionamiento del SDSS, es el resultado de más de dos décadas de un sistema negador de derechos fundamentales y no puede ser otra cosa que un verdadero atentado al patrimonio de las personas. La Ley No. 87-01, así como las instituciones que creó para la supuesta defensa de los afiliados, resultan estar subordinados y ser funcionales a la maquinaria de generar ganancias para las AFP y las ARS.”
“Los datos presentados son pruebas fehacientes de que el SDSS que hoy está en manos del sistema financiero, a través de las AFP y las AR privadas, y no sirve a las necesidades de salud y pensiones dignas ni a las políticas de reducción de pobreza que requiere el país para mejorar las condiciones de vida de la gente. Es un impresionante mecanismo de fomento y acumulación de riquezas, que estimula la negación de derechos sociales y la dignidad de la inmensa mayoría trabajadora del país. Se trata de un negocio al servicio del lucro, y que contribuye sostener las desigualdades socioeconómicas estructurales en el país, mediante la tristemente conocida Ley del Embudo.”
“La seguridad social debe ser, ante todo, un sistema para ofrecer certidumbres, garantías y protección a las personas y a las familias, sin depender de su capacidad financiera personal y sin estar condicionado a otro atributo de su estatus de ciudadano, motivo por el cual está establecida como un derecho fundamental. Si la seguridad social da garantías, certidumbre y seguridad de acumulación a empresas privadas cuya ganancia depende de la precariedad, zozobra, angustia y el empobrecimiento de los sujetos de derecho, entonces el desafío de hacer realidad los artículos 60 y 61 de la Constitución sigue vigente.”
La Coalición señaló que “Las AFP y las ARS privadas han logrado absorber RD$152,921 millones del sistema de seguridad social con un alto grado de concentración de mercado y negaciones al derecho a la salud y a las pensiones.”
Así mismo, explicaron que “Entre enero y marzo, las AFP tuvieron ingresos récord de RD2,132 millones y altas ganancias mientras las personas sufrieron pérdidas en sus fondos. Extrañamente, las AFP declararon un aumento de “gastos” nunca antes visto, sin fundamentos verificables.”
En la Nota de Prensa emitida por la Coalición por la Seguridad Social Digna, dice que “En este estudio, se muestra que, a pesar de crisis generalizada durante 2020 y 2021 (pérdidas de empleos, ingresos y cotizaciones) estas empresas siguen teniendo ganancias incomparables con otros sectores de la economía. Las AFP tuvieron ingresos operacionales en 2021 de RD8,322 millones, superiores a todos los ingresos anuales en los últimos 10 años (excepción de 2019), y ganancias por RD$ 4,866 millones. De 2004 a 2021, las AFP han logrado ganancias de RD$49,022 millones.”
Qué coincidencia el marcado pico en las ganancias que obtuvieron las AFP en el año 2019, año previo a la aprobación de la maliciosa Ley 13-20, que aunque fue “vendida” a la población como una legislación que reduciría las ganancias de las AFP, y pese a las denuncias que diversos profesionales hicieron advirtiendo que las medidas que se contemplaban en vez de disminuir las ganancias de las AFP, las aumentarían, esta Ley fue aprobada y promulgada y ya vemos los resultados reflejados en este estudio: las AFP han obtenido consistentemente mayores ganancias que en todos los años anteriores, excepto en el año previo a la aprobación de la funesta Ley 13-20.
Así mismo, la Coalición señala que “Por su parte, las ARS privadas lograron en 2021 ingresos récord por RD$51,074 millones. De 2007 a 2021 las ARS privadas han acumulado beneficios por RD$18,379 millones. Esto demuestra el carácter mercantil de la protección social y la salud en el país, dejando a millones de dominicanos/as en el desamparo del “no cubre” asociado al nefasto Plan Básico de Salud (PDSS) y todas las obstrucciones que las ARS ponen inclusive en sus planes complementarios, al igual que la negación de las pensiones por discapacidad o sobrevivencia, que cuando se ofrecen son entre 8,000 y 11,000 pesos en promedio”.