Seguramente que el recuerdo más patente en la memoria colectiva sobre la segunda de las dos iniciativas fue esa impresionante movilización ciudadana: participativa, diversa, e inclusiva, exigiendo transparencia administrativa y en repudio a la corrupción y a la impunidad. Miles de personas de diferentes clases sociales y regiones marcharon en el país convocadas por el mismo objetivo, manifestar su repulsa a los actos de corrupción, principalmente los perpetrados en la trama Odebrecth.
Es razonable pensar que la masiva reacción anticorrupción tuvo como buenos referentes esfuerzos previos realizados contra el mal en el país, incluida la IPAC. En buena medida la sensibilización ciudadana estaba propicia y puesta para eso.
Esta vez el movimiento fue imponente, regio, hermoso. Mostró una capacidad de arrastre singular, revelando el enorme potencial de respuesta de la sociedad cuando la convocatoria a “la lucha” es una causa genuina, popular y justa: repeler lo mal hecho, y defender los derechos.
Es dable decir que con este movimiento el país vivió un momento histórico de activismo popular que marcó un antes y un después en la lucha por la transparencia, contra la impunidad y a favor de una gestión pública decente. Hasta lo que cabe, fue glorioso.
La Marcha Verde
La gestación de la Marcha Verde empezó en enero del 2017, en un contexto en el que predominaba en América Latina un clima preñado de indignación y desconfianza hacia las instituciones políticas. Había estallado con pasmosa contundencia el escándalo “Lava Jato” de la empresa multinacional Odebrecht, con sus sobornos multimillonarios para obtener contratos de obras públicas en un grueso de países de la región, el propio incluido.
Puede decirse que, en gran medida, la región hervía en un mar de ira ciudadana. La presión que ejercía la percepción generalizada de la profundidad y alcance de la corrupción intimaba a las autoridades políticas a procurar justicia y perseguir a los responsables. El que la hizo, que la pague.
Brasil era el epicentro del escándalo y, aunque a contrapelo, el gobierno y la justicia estaban actuando. Sin embargo, en República Dominicana, donde la innombrable empresa había instalado su centro de operaciones de ultramar, todo era apenas un “run-run”, puros rumores. ¿Puro cuento? Se leía con gran expectación y asombro cómo la investigación judicial alcanzaba las esferas políticas y empresariales en Brasil, en Perú, y en más. ¿Y aquí en República Dominicana, qué?
Pasaron las semanas y los meses, y el reloj seguía imperturbable ejerciendo su obligación de oficio, marcar las horas. Hasta que, llegado el momento, surgió ese movimiento que caló hondo en la sociedad exigiendo nueva vez transparencia, el fin de la impunidad y una justicia independiente en el país. Era la Marcha Verde, cuyo impacto inmediato se reflejó en una enorme presión social al gobierno de turno que se vio compelido a abrir las investigaciones consecuentes, principalmente relacionadas con el emblemático escándalo ya dicho.
Vale sostener que, a diferencia de la IPAC, la Marcha Verde fue una plataforma formada por un amplio espectro de movimientos sociales entre los que cabe mencionar el Círculo de Organizaciones Populares (COP), el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), el Movimiento Patria para Todos (MPT) y Coalición Educación Digna.
Asimismo, el Movimiento Justicia Fiscal, Alianza contra la Corrupción (ADOCCO), Movimiento Cívico Participación Ciudadana, la Red Nacional de Acción Juvenil (RENAJ), Acción Verde, Movimiento Reconocido, y muchos más. Todos a unas, moviéndose bajo la consigna de exigir la erradicación de la corrupción administrativa, repudiar la impunidad, investigar y enjuiciar a los responsables, y “que devuelvan el dinero” supuestamente “robado al Estado”.
Y, es más, estemos claros. A la sombrita, ahí estaban los partidos de la oposición política, incluido principalmente el ahora partido en el poder.
Con todo, conviene subrayar el punto de que Marcha Verde fue inicialmente eso, un movimiento con acentuada marca popular, casi espontáneo; convocado por indignados ciudadanos, hacedores de opinión y por colectivos opuestos a la corrupción que demandaban transparencia en la gestión pública.
Ese sentimiento de irritación ciudadana fue especie de combustible esparcido en el ambiente. Las condiciones para una respuesta popular a los escándalos de corrupción con los ánimos que se dio estaban dispuestas. Las sirvieron los perpetradores, los autores del pecado.
Todo se forjó muy rápido. Y así como nació, creció y alcanzó su cenit en la Gran Marcha llevada a cabo en julio de 2017, cuando miles de ciudadanos disgustados, fastidiados, hastiados de la corrupción marcharon por todo el país exigiendo justicia en los casos vinculados a Odebrecht. (A estas alturas del tiempo ya había sido acusado y apresado en el país un grupo de exfuncionarios por su supuesta vinculación a los escándalos).
Cuando empezó a notarse la participación de figuras políticas y partidos de oposición en el escenario buscando tomar provecho del filete que significaba para sus fines particulares la marca Marcha Verde, surgieron a lo interno del movimiento los resquemores, las críticas y las sospechas de que el mismo, como fue en sus inicios, estaba perdiendo su independencia.
Posiblemente no es correcto decir en base a esto que el movimiento fue cooptado, absorbido completamente por la oposición política, pues muchos manifestantes mantuvieron su postura apartidista, enfatizando la lucha contra la corrupción más allá de las agendas políticas. Sin embargo, el gusanito de la duda anduvo ahí, caló y, en alguna medida, empezó a marchitar el ánimo de la Marcha Verde. Esto, en la medida en que aumentaba la percepción de pérdida de la independencia original por el asomo o presencia de actores profanos vistos incluso como partes del problema denunciado.
En su agitado curso continuó pasando el tiempo. Era extremadamente difícil, casi ilusorio, muy pretencioso mantener a Marcha Verde como en una especie de cápsula antiséptica, descontaminada de los intereses particulares de la oposición política.
Duchos en la cosa, en el ambiente de los partidos políticos siempre hay quienes saben cómo hacerlo, y parece que lo hicieron con eficacia y eficiencia y bien. A menudo, la frontera entre las causas de los movimientos ciudadanos y los móviles de los partidos políticos ha sido muy porosa y gris, difícil de diferenciar. Puede presumirse que, pronto, no fue fácil distinguir entre el pliego de las demandas ciudadanas que identificaban a Marcha Verde y las consignas levantadas por la oposición política.
Poco a poco, la voz de la Marcha Verde como movimiento de marca ciudadana, como tal, fue reculando. Fue extinguiéndose la llama que enarbolaba su consigna anticorrupción. La noble causa de lucha que esgrimía había sido en gran medida instrumentalizada para fines de poder. Despacito, pero sin pausa, las banderas fueron causas a servicio del resultado electoral buscado.
Casi impecablemente, pasó lo que tenía que pasar. Desde la lógica política, fue bien hecho.
De las huellas y los resultados
De las huellas y los resultados de la Marcha Verde pueden resaltarse, entre otros, los siguientes:
Su contribución a incrementar la conciencia pública anticorrupción. El movimiento Marcha Verde cristalizó una mayor conciencia social sobre la magnitud de la corrupción en el país, particularmente en el caso de Odebrecht, lo que fundó una presión pública sin precedentes que contribuyó significativamente al cambio político dado en 2020.
Investigaciones y procesos judiciales. Seguramente no fue la de mayor incidencia; sin embargo, en buena medida, el movimiento Marcha Verde ejerció una intensa y extendida presión social que el gobierno fue incapaz de evadir. Dieron inicio las investigaciones y fue procesado judicialmente el grupo de ex funcionarios supuestamente vinculados al entramado del escándalo de corrupción.
(Nota: Para el grueso de la sociedad, siete años después de aquello, el resultado de los procesos judiciales hasta ahora ha sido penoso, frustratorio, de vergüenza. Todas las personas mencionadas como implicadas no entraron en el proceso de persecución y juicio; de los que entraron, la mayoría fue saliendo de la causa judicial en razón del exiguo mérito de las pruebas de acusación presentadas. Y del pequeño grupo que fue finalmente sometido a juicio, sólo dos fueron condenados en primera instancia; los cuales apelaron, y en instancia de alzada, por las debilidades e insuficiencias de las pruebas, fueron beneficiados con libertad pura y simple, más la devolución de todos los dineros y bienes que habían sido incautados. En fin, al final parece que dejaron eso así. Desde la perspectiva de las demandas de Marcha Verde, el masaje no tuvo un final feliz. Fue mucha espuma y nada de chocolate).
Su impacto político. Por un lado, la Marcha Verde dañó seriamente la percepción pública del grueso del sistema de partidos políticos tradicionales; principalmente al entonces partido en el poder, al que pertenecía la mayoría de los vinculados al escándalo Odebrecht. Pero también afectó sensiblemente a los principales partidos de oposición. En suma, cimbró al sistema de partido en su conjunto.
Con todo y que, buena parte de los acusados en el caso Odebrecht eran miembros prominentes del partido de la oposición política, el hecho es que, dado el accidentado proceso electoral, el cambio de partido en el poder se dio. Fue la oposición política quien acabó sacando la mayor cuota de beneficio político-electoral de la lucha que encendió Marcha Verde. ¿Mal hecho esto? Desde esta perspectiva, no. Fue su ocasión. Como repiten por ahí, estaba en el lugar correcto en el momento oportuno cuando se dio el escándalo de corrupción que abonó el suelo para que floreciera la noble causa de la Marcha Verde.
Ante la oportunidad servida, la oposición política la pudo y supo aprovechar. Lo hizo bien. Puesto que era ahí el pan, comió. Tomaron el poder. Pasó lo que había de pasar, según las escrituras.