La pandemia de la COVID-19 ha provocado un shock histórico que alterará todos los eventos del siglo XXI, requiriendo, además, una aceleración de todos los procesos de innovación y transformación en marcha para sobrepasar el clima de desconfianza que se generó en torno a la capacidad y calidad los servicios públicos puestos a prueba.
La dimensión de la pandemia ha despertado la necesidad de concebir arquitecturas institucionales más agiles, flexibles y resilientes, que sean capaces de asimilar toda la vitalidad civil para aprender de su talento y creatividad, otorgándole más protagonismo a la ciudadanía, desafío que debe asumirse como una urgencia planificada y consistente.
Diversas directrices para las nuevas arquitecturas institucionales pos-COVID-19 se encuentran en el informe de los trabajos paralelos para la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que se celebraría presencialmente en el 2020 en el Principado de Andorra y que debido a la pandemia debió adaptarse a la nueva realidad virtual. (https://agendainnovacionpublica.org/downloads/instituciones-que-aprenden.pdf).
Desde esta perspectiva, el escenario de la innovación pública solo admite dos caminos: o bien se ignora el entorno hostil que impide germinar las buenas ideas, o bien se trabaja para abonar y robustecer poco a poco ese espacio, esa organización o institución, hasta convertirlo en algo similar a un ecosistema de innovación y creatividad.
Estos abordajes se pueden agrupar en dos grandes frentes: uno dirigido a que los ciudadanos se sientan parte de las instituciones; otro, enfocado a que las instituciones ofrezcan soluciones a las necesidades que tienen los ciudadanos, en el marco de un sistema democrático que reconoce y respeta la calidad de los servicios como un derecho de la persona.
Respecto a lo primero, el paradigma es el “Gobierno Abierto”, entendido como el conjunto de políticas que propician la transparencia y la rendición de cuentas (derecho al saber) así como, la participación ciudadana (derecho a ser escuchado y a decidir).
En lo relativo al segundo frente, la búsqueda de soluciones a las necesidades más acuciantes de la ciudadanía, que son otra fuente importante de desconfianza en el sistema, apelan a experiencias enfocadas a mejorar la administración pública para hacerla más eficaz, flexible y ágil. Más instantánea y con mayor capacidad de respuesta.
En la cartelera de estrategias para promover la innovación pública se encuentran los Laboratorios de Innovación Pública, LIP. Estos se consideran la mejor herramienta posible para impulsar un ecosistema innovador y creativo en el seno de las instituciones públicas y guardan una estrecha vinculación con los Laboratorios de Gobierno, Laboratorios de Innovación Ciudadana y los Laboratorios de Innovación Social.
Los Laboratorios de Innovación Pública, LIP, son como una nave para atravesar todas las rigideces de las estructuras verticales, estancas y tediosas de la administración pública y las grandes organizaciones, que están afectadas por las debilidades endémicas de las estructuras jerárquicas (cuellos de botella, poca agilidad, nula capacidad de experimentación y escasa apertura hacia afuera).
Se han hecho esfuerzos por sistematizar sus características más definitorias de los LIP en un decálogo desarrollado colaborativamente en el Primer Encuentro de Laboratorios Públicos en Tenerife (España) en el 2018. Estas características son las que siguen:
- Espacio que amplifica el valor público mediante la democratización, la cohesión social, el incremento de la efectividad, la calidad del servicio y el cumplimiento de objetivos.
- Es una comunidad de innovación diversa y multidisciplinar de talento que, empatizando con la sociedad, le aporta valor en el presente y aprendizaje para el futuro.
- Se encarga del diseño con interacción social de pruebas a pequeña escala sobre proyectos que responde a grandes retos.
- Lleva a la práctica los tres ejes del gobierno abierto: colaboración, transparencia y participación.
- Tiene en cuenta que la ética de lo público es un valor central en la constitución, definición de finalidades y desarrollo de innovaciones que promuevan valor público.
- Detecta necesidades mediante la participación ciudadana, la escucha activa y las mejores prácticas.
- Desarrolla experiencias prácticas mediante el ensayo-error antes de la implementación.
- Es un espacio donde se aprende haciendo.
- Emplea herramientas de medición y evaluación.
- Cuenta con las aportaciones de los servidores públicos, la academia, la ciudadanía y las organizaciones sociales.
Aquí en el país, toca al Ministerio de Administración Pública (MAP) no solo hacer más “inteligentes” los sistemas, procedimientos y normas de la administración pública, sino, además, sensibilizar, impulsar y capacitar a todas las instituciones públicas para convertirlas en “espacios que amplifican el valor público mediante la democratización, la cohesión social, el incremento de la efectividad y la calidad del servicio”.
Mientras el MAP logra poner la mirada en la innovación pública, ¡que cada institución pública elabore su propio diagnóstico y asuma su propio compromiso público para emprender un camino hacia la innovación a través de una nueva aproximación a los ciudadanos!