La República Dominicana ocupa, en el contexto mundial, uno de los primeros lugares en accidentes. El país exhibe, en el mundo, un liderazgo mortífero que afecta a la economía,
a las familias y a la seguridad ciudadana. Distintos sectores de la vida nacional se pronuncian sobre la necesidad de que se cumplan las leyes. Otros plantean la urgencia de revisar las políticas actuales vinculadas al tránsito terrestre. En general, este es un problema nacional que demanda atención prioritaria. Los organismos responsables de la organización, modernización y desempeño efectivo del tránsito parece que están en pausa.
La movilidad de los organismos indicados se despierta cuando los accidentes están consumados. La especialidad de INTRANT es llegar tarde, prometer y, con una compasión extraordinaria, esperar el próximo accidente. Es importante reconocer su eficiencia para reportar las estadísticas de los accidentes. Esta realidad, no solo preocupa, indigna. Ningún gobierno ha asumido este grave problema con la responsabilidad y celeridad que amerita. Todos prometen soluciones mágicas, pero la eficiencia y los resultados esperados no se constatan. La República Dominicana tiene experiencias exitosas en otras dimensiones del desarrollo social y económico. En el ámbito que se aborda, la prevención y la eficiencia es cero.
El accidente ocurrido en fecha reciente en el Este, ha disparado las alarmas. Se trata de turistas y de la economía turística. Ahora se pondrán todas las medidas requeridas para la superación coyuntural de la anarquía. No cabe duda de que este accidente tiene un impacto fuerte en el ámbito turístico. Parece que ha llegado el momento de actuar con responsabilidad, desde el gobierno, INTRANT y la ciudadanía. Para avanzar en esta dirección, es necesario priorizar la educación vial, aplicar las leyes y definir las estrategias de prevención necesarias.
Los factores que influyen para que los accidentes se multipliquen en la República Dominicana son diversos. Un factor significativo es la carencia de educación en la mayoría de los conductores, de los dueños de las compañías y de los ciudadanos que circulan por las calles del país. Esta falta de formación vuelve más complejo el problema. En este sentido, las instituciones de Educación Superior y los centros educativos del ámbito preuniversitario tienen que establecer alianzas. El propósito ha de ser impulsar, de forma conjunta, la educación vial. Este tipo de educación ya no puede estar ausente de las aulas. Urge promover la educación vial, para minimizar los accidentes y las muertes a causa de estos.
Los procesos educativos en esta dirección habrán de ayudar a un cambio de mentalidad respecto de la velocidad y del cumplimiento de las leyes. Aun más, habrán de ayudar a respetar la vida de las personas. El desarrollo de la educación vial es un desafío al currículo nacional. Cada vez más se necesita que el currículo responda a necesidades sentidas y reales de la sociedad. La educación vial no es un agregado más. Es una urgencia en la República Dominicana. Este proceso formativo debe acompañarse de una publicidad que facilite la comprensión del macro problema que los accidentes representan para el país y para las familias.
Los medios de comunicación deben participar de forma corresponsable en los procesos de formación y de información de la ciudadanía. Para superar el problema de los accidentes, es necesario que el Estado saque la educación vial del valle de las promesas. Es necesario, también, que se invierta en prevención y en educación. Es la hora de actuar, pero no de cualquier manera. Se requiere una actuación anticipada, con planes y proyectos efectivos y sostenibles. La movilización general para ofrecer educación vial a los ciudadanos y a los trabajadores del área, no puede esperar. Demanda acción planificada, así como una regulación propia y sistemática.