Hay motivos poderosos que justifican la exigencia de la garantía del derecho a una educación inclusiva y de calidad y de la inversión necesaria y suficiente en la misma. Entre éstos figura el aumento de la “esperanza de vida”, definida como el número promedio de años que se espera que siga viviendo una persona.
De hecho, este indicador resulta ser una medida que resume la mortalidad de un país, haciendo posible comparar por generaciones y analizar tendencias. Su interpretación y significado es aún mucho más valiosa y puede aportar información clave sobre el nivel de desarrollo del estado de bienestar de un país.
Siendo, además, equivalente a calidad de vida, bienestar social, satisfacción plena, bienestar objetivo, bienestar material con justicia, mínimo vital social, salud plena y felicidad, entre otros, términos utilizados para designar la necesidad de tener condiciones de vida adecuadas para desarrollar las potencialidades humanas mediante una educación de calidad para todos y el aseguramiento del empleo, la salud y otros servicios básicos.
Resultando importante también porque sirve para describir las condiciones de una población que, junto con el índice de educación y el índice del Producto Interior Bruto (PIB) conforma el Índice de Desarrollo Humano que utiliza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el país, en la actualidad la esperanza de vida al momento de nacer es de 74.47 años para ambos sexos y diferencial por sexo de 77.15 para las mujeres y 71.81 para los hombres. Para el 2030 habremos ganado aproximadamente dos años de vida en relación al valor actual de este indicador. (Oficina Nacional de Estadística. Julio 2021).
La esperanza de vida guarda una estrecha relación con una educación de calidad. Según un estudio dirigido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y la Universidad de Alabama-Birmingham, el nivel de educación de una persona puede indicar su esperanza de vida.
Para realizar el estudio, los investigadores utilizaron el índice YPLL, Years of potential life lost, (Años de vida potencialmente perdidos), que estima el promedio de años que alguien hubiera vivido de no haber tenido una muerte prematura. Así los investigadores lograron determinar que el mejor indicador para predecir el YPLL es el nivel de educación de una persona.
A lo largo del estudio los autores se sorprendieron al descubrir el impacto que puede tener la educación en los posibles años perdidos, o YPLL, ya que por cada etapa de educación superada, los participantes agregaron 1.37 años a su esperanza de vida. A través de los 30 años que se estudió a los participantes, el estudio logró demostrar la importancia de mejorar el acceso a una educación de calidad y cómo esto ayuda a reducir la tasa de mortalidad.
El estudio anterior marca la vinculación entre la educación y la esperanza. Siendo la educación una de los elementos claves para que un individuo y la sociedad puedan mejorar su calidad de vida y escapar de la pobreza, haciendo posible el crecimiento económico de un país que tiene que competir en un mercado mundial con recursos humanos formados y capacitados.
En este sentido, en los próximos años el foco de atención deberá ponerse en garantizar el derecho a la educación de las personas vulnerables, en erradicar el analfabetismo y en promover una educación para el desarrollo sostenible, basada en los derechos humanos y en pautas de vida sostenibles.
Pero la calidad de la educación como soporte de la esperanza y calidad de vida no es una obligación exclusiva de los gobiernos. Las empresas juegan un papel protagónico en el fomento e inversión en educación. Éstas pueden contribuir al logro e impacto del ODS 4 introduciendo criterios de sostenibilidad a nivel interno, a través de formación a sus recursos humanos y grupos de interés e invirtiendo en educación a nivel externo.
La inversión en educación no sólo asegura la calidad de vida de los ciudadanos, sino que amplía las oportunidades de negocio de las empresas, creando nuevos mercados y bases de clientes y garantiza recursos humanos más cualificados, aumentando la productividad y el crecimiento de las empresas. “Una población más educada tendrá acceso a mejores oportunidades laborales y salarios y, por lo tanto, a más ingresos disponibles, lo que beneficia a los mercados y al bienestar de la sociedad”.
La educación se puede considerar como la fuerza para impulsar los otros indicadores por lo que tiene la responsabilidad de promover el desarrollo de las potencialidades humanas para favorecer las oportunidades con justicia y equidad, y con ello mejorar su calidad de vida.
Nunca será suficiente el reclamo y la vigilancia de una educación de calidad como vía para garantizar las condiciones de una vida digna de ser vivida. Es un deber y un derecho de todos en nombre de la democracia. ¡Porque la democracia es sinónimo de mejor calidad de vida!