Sorprendió a mucha gente el reclamo del gobierno venezolano a la República Dominicana para que le reembolse de inmediato una deuda de US$350 millones que, asegura, le debemos. En realidad, la sorpresa se debe a que se creía que después de la recompra realizada por el anterior gobierno en 2015, nuestro país ya no tenía deuda pendiente con Venezuela.
El reclamo surge, más que en atención a una obligación legal del momento, a una rabieta por la posición oficial del país debido a las anomalías del pasado proceso electoral, en que se declaró ganador a Maduro sin siquiera contar los votos, y posteriormente, a la colaboración del Gobierno Dominicano con el estadounidense para expropiar un avión venezolano que se encontraba aquí.
La histórica amistad de nuestros pueblos merece cualquier esfuerzo para evitar malquerencias, pero la República Dominicana no puede permanecer indiferente ante la destrucción de la democracia venezolana, país merecedor de mejor suerte, y que ha sido uno de los que más han contribuido a la democracia dominicana y con nuestro país en múltiples aspectos.
Fuera de lamentar los acontecimientos y el deterioro de la relación, preocupa que el punto del avión haya desencadenado incluso una amenaza a nuestro país. Ciertamente, el gobierno de Maduro no está en una posición de fuerza para estar haciéndonos amenazas, pero tampoco es cierto que una buena relación con el vecino no nos importe.
El presidente Abinader no negó la deuda, sino que aclaró que no ha comprado petróleo a ese país ni ha incurrido en nuevos pasivos durante su mandato. En lo que sí hay discrepancias es entre el monto que reclama Venezuela y lo que reportan los datos dominicanos que se le adeudaba desde antes del 2020.
En vez de US$350 millones, la información oficial dominicana muestra una deuda con Venezuela ascendente a US$214.3 millones. De estos, US$54.3 millones corresponden al Acuerdo Petrocaribe y los restantes US$160 millones de otras fuentes.
De lo que recuerdo cuando se hizo la operación de recompra, con lo que se quiso satisfacer una necesidad apremiante de liquidez del gobierno venezolano, aprovechando el buen precio en que estaba en el mercado, es que el monto pagado quedó sujeto a un proceso de conciliación contable debido a algunas diferencias de registros entre los datos del país y los de ellos.
Al final de 2015, la Dirección General de Crédito Público reconoce deber a Petrocaribe US$89.8 millones, los cuales bajaron gradualmente hasta los 54.3 millones que se mantienen desde el 2019 para acá.
Respecto al resto de la deuda, recuerden que desde los tiempos de Carlos Andrés Pérez Venezuela fue sumamente solidaria con la República Dominicana. En 1979 los precios del petróleo se elevaron de manera extraordinaria, agravados por la revolución de los ayatolas en Irán, lo cual tuvo un impacto terrible para los países de la subregión caribeña que, a diferencia de los sudamericanos y México, son todos dependientes de combustibles importados.
Fue en ese contexto que el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan hizo un llamado a sus contrapartes de Canadá y los dos «nuevos ricos» del hemisferio (México y Venezuela), para que juntos llevaran a cabo una iniciativa destinada a la promoción del desarrollo en la Cuenca del Caribe, exceptuando de los beneficios a aquellos con gobiernos rebeldes a los intereses estadounidenses. Se recuerda que en esos tiempos había en la zona una fuerte efervescencia política, con tendencia hacia el predominio de gobiernos de izquierda y de guerrillas (Cuba, Granada, Jamaica, El Salvador y Nicaragua, principalmente).
La iniciativa conjunta no prosperó, en parte porque Canadá no respondió afirmativamente. No obstante, México y Venezuela se reunieron en la ciudad de San José, Costa Rica, y firmaron el llamado Acuerdo de San José, consistente en proveer petróleo seguro y financiar una parte de la factura a los países del istmo centroamericano y de las islas del Caribe, incluyéndolos a todos, sin las exclusiones que quería Estados Unidos.
Dicho acuerdo estuvo en vigencia por muchos años y se convirtió en fuente de financiamiento barato para inversiones públicas y, después, hasta para apoyo presupuestario. Como en la práctica México nunca lo asumió con entusiasmo, sino que puso múltiples trabas a la ejecución, Venezuela siguió siendo la mano amiga, ampliándolo con la llegada de Chaves y cambiándole el nombre por Acuerdo de Caracas, lo que a partir del 2005 pasaría a ser Petrocaribe.
Eso significa que no todo lo que ese país nos prestó haya sido por el mecanismo Petrocaribe. Antes el acreedor oficial era el Fondo de Inversiones de Venezuela, en vez de PDVSA, aunque no tengo constancia de que el remanente de US$160 millones provenga de ello.
Respecto al resto de la historia, Estados Unidos se lanzó por su propia cuenta en la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe.