Las pérdidas de las EDES han alcanzado tales niveles que hasta los propios funcionarios han tenido que reconocer que es el principal problema del sector eléctrico y constituyen el mayor problema financiero de los dominicanos.
Llueven las quejas, las preocupaciones, las promesas, pero seguimos caminando para atrás como el cangrejo.
Y los que es peor, se instruye para que organismos como el CES discutan y planteen soluciones.
Y a todo esto me pregunto: ¿para qué ha servido el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, un documento que, si bien no es perfecto como todo pacto, se acerca en mucho a todo lo que hay que hacer para reformar el sector y hacerlo más eficiente y competitivo?
En lo que se refiere a las pérdidas al sector eléctrico, el Pacto plantea con precisión la ruta a seguir y los compromisos que debe asumir el Estado para enfrentar este problema.
Es importante señalar que el 95% de los compromisos acordados en el Pacto son del Estado, por lo que podía cumplirlos aun antes de su firma.
Entre esos acuerdos se encuentra el compromiso de iniciar en un plazo de tres meses a partir de la firma del Pacto el diseño de un plan estratégico para mejorar la gestión, el cual debía contribuir con el saneamiento financiero de las empresas y con la mejora de la calidad y prestación del servicio.
Otro aspecto es elevar la productividad de las empresas hasta situarlas en niveles de empresas similares, eficientemente gestionadas; y cumplir con los niveles de calidad de servicio, materiales y equipos conforme a lo establecido en la regulación.
Y, sobre todo, es necesario gestionar el personal sobre la base de los méritos técnicos y de desempeño y la contratación sobre la base de concurso público de oposición.
También se requiere gestionar las compras y contrataciones de manera oportuna y con base a las normativas establecidas.
El Pacto ordena diseñar un plan integral de reducción de las pérdidas de energía hasta lograr un máximo de 15% en un plazo de seis años a razón de un promedio 2.7 puntos porcentuales anuales a partir de las pérdidas existentes en el momento de la firma del Pacto.
Un poco antes en diciembre de 2016 el porcentaje de pérdidas al eran de un 31.5% y se suponía que debían ser reducidas a 16.8% para 2022.
Es decir, se establecían metas para que cada año hubiera una reducción de las pérdidas al final de cada año, hasta lograr el 15% en seis años, como lo consignaba el Pacto.
El Pacto establece un régimen de consecuencias a los administradores que no cumplan con los compromisos, tanto de eficiencia administrativa como en reducción de pérdidas.
Este régimen debe ser determinado por el presidente de la República, tomando en cuenta los informes de cumplimiento de las metas propuestas y las causas explicativas ante una eventual desviación, el cual sería elaborado por el Comité de Seguimiento que establece el mismo Pacto.
Por tanto, me pregunto para qué más comisiones y consultas.
Lo urgente es cumplir con los compromisos que establece el Pacto Eléctrico, actualizándolo y enriqueciéndolo en el proceso de ejecución.
Bajo ningún concepto se debe dejar a un lado las responsabilidades que tiene el Estado para ir cumpliendo con sus compromisos. Es absurdo poner el Pacto a descansar mientras se revisa.
Lo que demanda la crítica situación es tomar el toro por los cuernos y actuar.
Es una pena que aun después de firmado en el 2021, con mucha tardanza, se ha convertido en una letra muerta, en un simple pedazo de papel.
Hay que rescatar el Pacto Eléctrico y todo lo que establece a nivel técnico, administrativo y legal en procura de proveer a la República Dominicana de un sistema eléctrico confiable, eficiente, transparente y sostenible, soportado en una visión de nación cuyos objetivos fueron consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El impacto de la solución del problema eléctrico es tal que equivale a hacer una reforma tributaria.
¡Basta ya de perder tiempo!