“El inicio de la sabiduría es la definición de los términos”. (Sócrates)

Esta época de cambio y de cambio epocal encuentra a la sociedad dominicana en una transición política, caracterizada por esfuerzos de institucionalidad y de recuperar tareas no resueltas, que de tanto procrastinarse se ha hecho más difícil su ejecución.

La praxis política, en el seno de la sociedad política, se instaló desde hace mucho tiempo en la capacidad de dominación y hegemonía de la elite en el poder. El camino de la verticalización del poder era más cimero. Balaguer, expresión máxima del conservadurismo, asumió la famosa frase del Rey Luis XIV, el “El Estado soy yo”. Gobernó con una clara autonomía desde la esfera de la superestructura (conjunto de instituciones jurídico-políticas), desarrollando todo el campo de la infraestructura. La economía, que implicaba el desarrollo y crecimiento del país, para 1966 el PIB era de US$989 millones de dólares, 12 años después escaló a US$11,000 millones de dólares.

A partir de 1996, sin que esa fuera la expectativa política, se condensó y consolidó un nuevo neoconservadurismo, donde desde el Estado nacería una nueva “burguesía burocrática”, merced a una construcción, desde el vientre mismo del Estado, a través del clientelismo, el neopatrimonialismo y la cleptocracia como entes de hegemonía y dominación. 2004-2020 fue el interregno largo, en el orden institucional, de un eclipse icónico, sin referencia. La captura del Estado constituyó la válvula más expedita de la acumulación.

La irrupción de un nuevo partido y un nuevo gobernante acusó nuevas expectativas y nuevos desafíos. El COVID-19 y la guerra Rusia-Ucrania paralizaron todo asomo de reformas, más allá del deseo. El imperativo de la realidad se imponía. Para 2021, al final, se convocó al CES para ventilar 13 reformas. La reacción de los sectores más conservadores, de los apologistas del statu quo, fue negar todo atisbo de reformas. ¡No hay necesidad de reformas aludirían!

¿Por qué otorgan el Premio Nobel de Economía a D. Acemoglu, Simón Johnson y James Robinson en este año 2024? “Por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y como afectan a la prosperidad. Han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país. Han demostrado que las sociedades con un Estado de derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor”. ¿Cómo se expresan esas aseveraciones de los galardonados aquí en República Dominicana? Que en 40 años hemos realizado 15 reformas impositivas, tributarias y en los últimos 20 años, esto es, desde 2000 al 2020, 8.

Nos encontramos en ese ranking como líder de reformas. ¿Qué demuestra ese “triunfo”? La simple obviedad de la clara ausencia de compromiso cierto con el país de la elite política que ha gobernado desde 1996. Allí donde los intereses personales, particulares y coyunturales se han sobredimensionado sobre los intereses del país, de la nación. Las agendas no fueron calendarizadas en función de una visión de futuro, de una misión, de un proyecto colectivo.

La agenda política, de la enorme tautología del poder, del volver permanente, estaba colocada por encima del marco institucional y del poder institucionalizado. Las redes de poder, las relaciones de poder, se fraguaron por encima del poder institucionalizado, hiperbolizando el poder personal, agrietando las redes, empero, configurando unas relaciones de poder en el peldaño y sedimento vacuo de la vanidad. Se construyeron discursos que pretendían y pretendieron sustituir la información y con ella la realidad. De la información y la realidad emerge de manera inexorable: la verdad. ¿Para qué? Para que se desprenda el más conspicuo capital: la confianza. Confiar e inspirar, nos diría Stephen Covey en su libro Confiar e Inspirar “Consiste en conectar con las personas, mediante el cuidado y la pertenencia, con el fin de que tanto nosotros como ellos podamos responder con éxito a nuestro disruptivo mundo”.

La institucionalidad y el poder institucionalizado, en las redes y relaciones de poder entraña de manera consustancial e ineludible la definición de los términos y al mismo tiempo más del qué, que es la descripción, el cómo y el por qué. La institucionalidad implica el grado de aplicación de las normas establecidas, significa la toma de decisiones predecibles en el marco de los mecanismos establecidos, nada fuera de ella. El poder institucionalizado es que el cuerpo de las leyes, de la Constitución, está por encima de todo poder personal, no importa su jerarquía, ni puesto o cargo.

Desde el marco institucional tenemos que hacer una Reforma Fiscal que demanda la Ley 1-112, Estrategia Nacional de Desarrollo, que convoca a tres pactos. Tan temprano como en el 2015 debió llevarse a cabo. Nada pasó. Ha sido tan esperada. Asistimos a la Reforma Fiscal como algo inevitable. La diferencia estriba en el cómo y cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos como sociedad y como sectores y actores económicos y sociales. La reacción de los actores económicos parecería que no estaban informados. Me niego a creer que la elite económica no sabía del alcance de la misma. República Dominicana es el país donde el poder fáctico, empresarial, incide más en las políticas públicas. Las redes y relaciones de poder así lo atestiguan

Del año 2000 al 2020 cada 17 meses nos vimos abocados a una reforma fiscal, algo inconcebible, lo cual denota la perplejidad y el enorme síndrome que significa para la sociedad. Una reforma es cambiar las reglas de juego en el orden económico, lo cual siempre trae incertidumbre. Lo importante es valorar qué ganamos, qué perdemos, qué país somos y qué país queremos. En qué situación nos encontramos como sociedad y qué queremos evitar. Si no hay reforma, ¿ganamos y/o perdemos como país? ¿De qué calado hay que hacerla? ¿Cómo repercute una reforma fiscal en los distintos tramos de la estratificación social dominicana? ¿Cuáles son las consecuencias en el orden económico, social e institucional desde lo micro a lo macro y el impacto a corto, mediano y largo plazo?

En nuestra sociedad hay una crisis de confianza. Es una sociedad donde un analfabeto influencer ejerce más influencia que un académico, que un intelectual. Una sociedad donde la oposición política de hoy y de ayer no sabe su rol en una sociedad democrática. Una clase política que adolece de coherencia y hasta de autoridad moral, sobre todo, de aquellos que ejercieron el poder político y lo que hicieron y dejaron de hacer. Una sociedad subvertida por la desconfianza en medio de una transición, canalizada por una elite política no tradicional, ni políticamente profesional, requiere de producir con los actores sociales, una disrupción, una ruptura con el pasado. Para ello deben revestirse y cimentarse en la confianza, puesto que la confianza afecta el rendimiento, lo toca todo.

Como señala Stephen Covey en su libro la Velocidad de la Confianza “La confianza es un compromiso constante. La confianza puede ser frágil y se puede perder rápidamente. Si no se cultiva y se mantiene”. Todo lo que el ser humano hace se puede mejorar; empero, el primer escalón, y último, será siempre la TRANSPARENCIA. En el caso de la Reforma Fiscal hay que mejorar significativamente el Anteproyecto del Poder Ejecutivo. No es posible un IVA, exento de impuesto, llevarlo de 0 a 18. Se puede generalizar, incluso, bajando de un 18 a un 12 o diferentes tramos. Como no es posible llevar el IPI, que está en 9 millones, bajarlo a 5 millones. Lo mismo que cargar con doble tributación el ahorro. Hoy, tiene una carga de 10 y pretenden los intereses devengados sumarlo con el salario o los demás ingresos.

El ámbito de la política democrática es el espacio público. Los principios democráticos, como nos dice Isidoro Cheresky en su libro El nuevo rostro de la democracia “La democracia no es tan solo un régimen de gobierno que asegura la representación sustentada en el voto ciudadano y la competencia Política, sino además, una forma de sociedad, lo que supone que sus principios de libertad e igualdad configuran y se hallan activos en todo el tejido social”.

El deslizamiento del gatopardismo entre el statu quo y el establishment encuentra un resquebrajamiento en esta etapa de la transición. El rol, en este tránsito, es empujar a la renovación democrática, que no es otro que la asunción de las reformas. Renovar significa, como nos dirían Nathan Gardels y Nicolás Berggruen “parte de esta crisis de gobernanza de la democracia representativa tiene que ver con la acción de otro de los fundamentos de la vida en democracia, el diálogo, el esfuerzo por comprender al otro dentro del respeto al marco legal existente , incluso para reformar, si fuera necesario, ese marco legal…”.

¡Urge, como decía ese gran sabio de la antigüedad, Sócrates, tenemos que clarificar la definición de los términos, abogar por lo justo, equilibrado y democrático!