La construcción de una nación estable y justa se fundamenta en dos pilares esenciales: la institucionalidad y la participación activa de la ciudadanía. En la República Dominicana, donde la sociedad clama por un liderazgo transparente y estructuras sólidas, fortalecer estos valores se convierte en una estrategia urgente para alcanzar una democracia verdadera y sostenible. Fue durante el Encuentro Regional del Centro de Análisis para Política Pública, organizado por Ito Bisonó el pasado 7 de noviembre en el JW Marriott, cuando estas ideas cobraron fuerza en mi mente. Al escuchar al presidente Luis Abinader en su discurso, sus palabras resonaron con claridad: “institucionalidad y participación ciudadana”. Esta reflexión fue el punto de partida para este artículo, un recordatorio de la responsabilidad que compartimos en el fortalecimiento de nuestro país.
Las palabras del presidente trajeron a mi memoria las enseñanzas de líderes como Aung San Suu Kyi, quien enfatizó siempre que una democracia auténtica necesita instituciones fuertes y una ciudadanía activa. La paz no es un mero concepto idealista; es una construcción colectiva, basada en el compromiso mutuo entre los ciudadanos y sus instituciones. Este es el modelo de sociedad al que aspiramos en la República Dominicana.
La institucionalidad democrática no puede quedar relegada a ser un concepto abstracto o un recurso solo necesario en tiempos de crisis. Es una práctica continua que impulsa la confianza pública y asegura que cada ciudadano pueda encontrar en sus instituciones una garantía de justicia y equidad. Según el Índice de Estado de Derecho de 2023 de World Justice Project, República Dominicana ocupa el puesto 107 de 142 países en términos de calidad institucional y transparencia. Este dato nos recuerda que aún tenemos un largo camino por recorrer. Como afirmaba Aung San Suu Kyi: “Un gobierno legítimo solo puede lograrse con el respaldo y la participación del pueblo”. Las instituciones son fuertes y legítimas solo cuando los ciudadanos las sienten como suyas y las perciben como defensoras de sus derechos y sus intereses.
El último informe de Transparencia Internacional muestra que la percepción de corrupción en el país sigue afectando la confianza en nuestras estructuras públicas. ¿Cómo revertir esta situación? La respuesta es clara: construir y consolidar instituciones justas que actúen en favor del bien común y no de intereses particulares. Este compromiso con la transparencia, la justicia y el desarrollo sostenible es fundamental para el futuro de la nación. La pregunta es sencilla y profunda: ¿qué país deseamos construir juntos?
La participación ciudadana no debe verse como una herramienta pasiva, sino como un motor de transformación. Como señalaba el politólogo Robert Dahl, “la democracia se sustenta en la vigilancia activa de sus ciudadanos”. En la República Dominicana, hemos visto cómo los movimientos sociales y la presión de los ciudadanos en temas de justicia y transparencia han impulsado cambios. Según el Barómetro de las Américas 2022, el 63% de los dominicanos considera que la corrupción es uno de los problemas más graves del país, mientras que el 58% percibe la participación ciudadana como la clave para mejorar la calidad de nuestras instituciones. Estas cifras muestran una sociedad lista para asumir su rol en la construcción de un país más justo y transparente.
Sin embargo, como recordaba Aung San Suu Kyi, la paz no es solo la ausencia de conflictos; es la presencia de instituciones que resguardan el bien común y ciudadanos que exigen sus derechos de forma responsable y decidida. En la República Dominicana, el 30% de la población vive en condiciones de pobreza, según el Banco Mundial. Esta no es solo una estadística; es un llamado a la acción, a construir oportunidades y proteger a quienes más lo necesitan.
La historia nos enseña que las democracias verdaderas y sólidas se edifican sobre instituciones fuertes y ciudadanos comprometidos. En nuestro contexto, el momento es propicio para avanzar en reformas que fortalezcan la independencia judicial, mecanismos de transparencia y programas de educación cívica. La implementación de medidas como el monotributo, que facilita la formalización de pequeñas empresas, es un paso clave para consolidar una cultura de legalidad y desarrollo económico.
La democracia dominicana debe ser una obra conjunta entre líderes responsables y ciudadanos activos. Como enseñaba Hannah Arendt, “la esencia de la libertad es el derecho a participar en el poder”. Hoy, en la República Dominicana, cada uno de nosotros tiene el deber y el derecho de contribuir a una sociedad donde la justicia y la transparencia no sean metas inalcanzables, sino realidades presentes.
Con instituciones sólidas y ciudadanos comprometidos, el sueño de una paz duradera y de un desarrollo sostenible deja de ser una utopía para convertirse en una meta posible y alcanzable. Como expresaba el politólogo Giovanni Sartori: “La democracia es un sistema en el cual las instituciones sirven al pueblo, no al revés”. La República Dominicana tiene ante sí la oportunidad de transformar este ideal en una realidad concreta y palpable, de construir un país que inspire confianza, respeto y orgullo en cada uno de sus ciudadanos.
Este artículo no es solo una reflexión, sino una invitación a todos los dominicanos y dominicanas a ser protagonistas de esta reforma social.