La prensa escrita de la República Dominicana ha informado en estos días que se iniciarán los preparativos para la evaluación de los docentes en el 2023. Es una información que no debe sorprender a nadie; se ha de recibir y asumir con la mayor naturalidad. Esto será así, cuando el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) trabajen habitualmente de forma conjunta. En esta ocasión, lo que ha ocurrido es excepcional. Ambas instituciones, sin apelar a las tensiones a las que tienen acostumbrado al país, comparten una información que pasa desapercibida, pero que es muy importante. La evaluación de los docentes es necesaria. Uno de los procesos que puede contribuir con mayor peso a la calidad de la educación es la evaluación. Por ello ha sido un sinsentido marginarla en la ejecución de las políticas educativas para evitar confrontación con los que se oponen. La evaluación de los docentes no puede depender de criterios políticos partidarios, ni de los intereses de los líderes de turno. Mucho menos ha de estar condicionada por la resistencia de los docentes, tanto individualmente como asociados.
Se espera que el proceso de preparación garantice una evaluación caracterizada por la organización, el rigor y la consistencia. En su implementación, se han de aplicar las lógicas y herramientas que ofrece la educación como ciencia. El proceso de preparación ha de distanciarse de la falta de previsión, de planificación y desconocimiento de los resultados. La sociedad no acepta evaluación para incrementar salarios. Se aspira a un proceso evaluativo para mayor cualificación de la práctica de los docentes y para mejorar el déficit de calidad que afecta a la educación dominicana.
Una vez más, reiteramos que, los procesos evaluativos del desempeño no se pueden circunscribir solo a los docentes. Esto es una falencia que se debe superar. Si no hay una evaluación de los administradores de la educación, no se avanza. Reiteramos como en años anteriores, que el Ministerio de Educación ha de ser objeto de una evaluación también. Esta evaluación se debe hacer, desde el liderazgo más alto hasta el nivel más bajo. El fortalecimiento de la calidad requiere esta evaluación que generalmente, ni se plantea. Si el interés por la calidad de la educación es real, la evaluación tiene que asumirse como un proceso inherente a la labor, no solo de los docentes, sino también de los que trabajan en el Ministerio de Educación. Es poco congruente invertir en nombre de la calidad de la educación, pensando que la evaluación es asunto solo de los docentes. La evaluación que se realizará debe ser más amplia y con un carácter más integral. La evaluación del Ministerio de Educación debe hacerla una instancia externa que cuenta con especialistas nacionales e internacionales. La evaluación del desempeño de este Ministerio no solo debe depender del Ministerio de la Administración Pública. Es conveniente una entidad con capacidad para tomar distancia afectiva y efectiva de lo que pasa en el Ministerio. La instancia externa es necesaria porque el Ministerio de Educación necesita revisar a fondo sus aportes a la calidad de la educación con mayor objetividad. Además, la evaluación de los miembros de esta institución es pertinente para iniciar un proceso que la libere del clientelismo político, que históricamente la ha permeado. La evaluación del Ministerio ha de procurar también, un diálogo más fluido entre el Ministerio y la sociedad; entre el Ministerio y las organizaciones que subsidian la educación pública del país, sean empresariales o no. Sí, a la evaluación de los docentes. Sí, a la evaluación de los actores del MINERD. Evaluación para todos, por una educación mejor. Sí, a la evaluación de las instituciones formadoras de docentes. Estas tampoco pueden quedar al margen de los procesos evaluativos. Su desempeño es crucial en el contexto de la precaria calidad educativa nacional.