Difícilmente se registre en otra parte del mundo, un comportamiento tan errático, tan propenso a una ligereza rayana en la irresponsabilidad y tan incomprensible, como el de la generalidad de nuestra clase política, sin importar signo o color. En ningún país medianamente “normal” se hubiese asumido el tema de una institución básica para la administración del Estado, como la Cámara de Cuentas, con la ligereza que aquí se ha tomado. Resulta incompresible que una numerosa comisión de la cámara de diputados, sin medir consecuencias legales y políticas haya llegado al punto proponer al pleno de esa cámara el sometimiento a juicio político al pleno de la CC.

Y lo peor es que, en esa circunstancia, sea el partido oficial la parte proponerte más beligerante y prácticamente única. Por todo lo que ha salido a relucir en declaraciones de la casi totalidad de sus miembros y en los testimonios de estos a la comisión de diputados que los interrogó, algunos con sus matices para situar las cosas en su justo lugar, se desprende que la situación en que discurría el abordaje de su tarea le impedía a la CC jugar el papel que debe jugar en la administración de lo público. Ante eso, era esperable y deseable una medida correctiva que, por ir a la raíz del mal, debía ser muy dura, requiriendo cirugía que, como toda cirugía, tenía que ser dolorosa. No una resolución precipitada, esencialmente irracional y peligrosa.

La comisión de diputados que recomienda juicio político al pleno de la CC, lo hace bajo el alegato de este cometió “faltas graves” en su desempeño. A tal propósito, el diputado José Horacio Rodríguez, miembro de la referida comisión y que votó en contra de la propuesta de esta, dice que en el caso en cuestión, en la Constitución ni en ninguna ley se encuentra una tipificación de falta grave que justifiquen un juicio político. También, que las atribuidas faltas cometidas en el discurrir de la CC, podrían ser de manejo administrativos, de simple normas de relaciones interpersonales, pero no dolosas para ser consideradas “graves”. Por consiguiente, no existe ningún asidero legal que haga viable y mucho menos sostenible la medida recomendada por la referida comisión. Una falta garrafal de quienes se supone son conocedores de la Constitución y las leyes.

Pero la pifia no sólo es grave por inobservancia de elementales principios de orden legal, sino porque a todas luces la recomendación de juicio político es inviable, dada la correlación de fuerzas en el Congreso. Para que este se haga se requiere de una mayoría calificada y, por ahora, esta nadie la tiene. Peor aún, de formarla, cuál sería la causa para condenar a los miembros de la CC que la disolvería ipso fatto,¿unas “faltas graves” jurídicamente insostenibles?  Conocer y aprobar un juicio político se lleva un tiempo que no es corto, lo que se agrava porque coincide con el inicio de un proceso electoral clave para un gobierno que ha discurrido en medio de una pandemia y porque dificulta el discurrir de un Ministerio Público enfrascado en una titánica lucha contra la corrupción.

En ese tenor, difícilmente alguien, de aquí o de fuera, puede entender cómo los legisladores del partido oficial inician una aventura de tal naturaleza, cómo ese partido se abstuvo de fijar una posición oficial sobre la discusión en torno a la CC que hubiese guiado pública y oficialmente a sus legisladores, a su cuerpo electoral y a la población en sentido general. A veces los partidos en el gobierno deben entender que hay discusiones sobre temas que conciernen a toda la población, por lo cual ética y políticamente deben fijar su posición sobre los temas trascendentes en discusión.  De esa manera no hubiese dejado que sean en los medios de comunicación y en las redes sociales los espacios quienes dirigieron y dirigen la discusión, esencialmente. Parece que dejó a la discrecionalidad de los legisladores el manejo y solución de ese tema. Un despropósito

Una discrecionalidad cuyos resultados/objetivos no se corresponden con el sentir de amplios sectores, fuera y dentro del gobierno, que hicieron posible que el PRM hoy sea poder.  Por eso, a pesar de que es alto el porcentaje de gente que, según las encuestas, dice favorecer ese partido, en determinados círculos de opinión y del propio gobierno, la percepción es que este tiende hacia el comportamiento errático, quizás demasiado. A la postre, eso tiene su impacto en la conciencia de la gente en coyunturas definitorias del futuro del país a largo o mediano plazo. La suerte está echada, por la inhabilitación total de la CC la oposición está feliz, porque así para ella es mejor a que formalmente hábil. Así, desde dentro, no tiene que estar saboteándola permanente.

Por cómo se ha llevado el proceso, la actual inhabilitación de la CC es esencialmente responsabilidad del gobierno y su partido. Con eso se abren un incompresible flanco de debilidad, un innecesario ruido que afecta todo intento de impulsar la necesaria gobernanza para la institucionalidad del país.