Hace más de dos décadas, un grupo de asociaciones de la sociedad civil, del cual formé parte, levantó la bandera de crear los llamados gabinetes paralelos. Esta iniciativa buscaba controlar desde la sociedad civil las acciones de los funcionarios públicos, en especial las de ministros y directores generales, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia.
Hoy, ante la propuesta de una reforma fiscal regresiva y el control absoluto del gobierno sobre el Congreso, es imperativo retomar esa idea y construir un mecanismo sólido de vigilancia independiente, a cada uno de nuestros congresistas,
Experiencias internacionales exitosas demuestran que estos mecanismos funcionan. En Brasil, el Presupuesto Participativo otorga a los ciudadanos el poder de decidir directamente sobre la asignación de recursos públicos, lo que ha incrementado la transparencia y mejorado la distribución del gasto social. En Alemania, los consejos ciudadanos de control tienen un rol importante en supervisar la gestión de políticas locales, fomentando el compromiso cívico y la eficiencia gubernamental. En el Reino Unido, las comisiones de escrutinio legislativo permiten que organizaciones independientes y la ciudadanía evalúen el desempeño de los parlamentarios, mejorando la calidad de las decisiones legislativas.
Para que un mecanismo similar sea efectivo en la República Dominicana, debe conformarse por ciudadanos independientes y serios de cada región del país, personas desvinculadas de intereses partidarios y comprometidas con el bienestar colectivo.
Su labor será vigilar especialmente las actuaciones de los legisladores, quienes tienen en sus manos la responsabilidad de decidir el futuro de esta llamada reforma fiscal.
Esta vigilancia es crucial, ya que la conducta de los congresistas influirá directamente en las decisiones de los ciudadanos al momento de elegir en futuras elecciones. La ciudadanía debe poder identificar claramente quiénes legislan en favor del país y quiénes promueven medidas que afectan negativamente a la clase media y a los sectores más vulnerables.
Es necesario insistir en que la reforma fiscal debe tener al ser humano como centro de las políticas públicas, orientándose hacia la producción y el desarrollo nacional.
La propuesta actual, sin embargo, es una reforma tributaria limitada, que se enfoca fundamentalmente en incrementar los ingresos del Estado, sin considerar la eficiencia del gasto.
Las reformas fiscales exitosas, integran tanto la gestión del ingreso como la del gasto, distribuyendo equitativamente las cargas y garantizando un uso eficiente de los recursos públicos.
La ciudadanía no puede permitir que el Congreso apruebe una reforma regresiva y dañina que profundice las desigualdades y golpee a los sectores más vulnerables. Es imprescindible exigir una reforma integral que promueva el desarrollo productivo y asegure que el bienestar social sea la prioridad.
Retomar la idea del gabinete paralelo como una forma de control ciudadano es más urgente que nunca.
La vigilancia debe ser organizada, independiente y regional, garantizando que las decisiones legislativas sean monitoreadas y valoradas por quienes están más cerca de sus efectos.
Este control ciudadano será fundamental para que la sociedad dominicana pueda, en futuras elecciones, elegir a sus representantes con plena conciencia del impacto de sus decisiones, y que los legisladores actuales piensen dos veces en lo que van a hacer.
Así, se podrá avanzar hacia una reforma fiscal que no castigue, sino que fomente el desarrollo y el bienestar general.