En numerosas ocasiones he expresado mi firme convicción de que el agua es más valiosa que el oro. No obstante, también considero que la explotación de recursos naturales, como es el caso de la industria extractiva (minería e hidrocarburos) puede ser llevada a cabo de manera racional, responsable y sostenible, teniendo en cuenta tres importantes dimensiones: medioambiental, económica y social.
En el contexto actual es crucial reflexionar sobre la relación entre el fundamentalismo medioambiental y la minería salvaje -como yo denomino a la actividad extractiva irresponsable- aspectos que impactan directa y negativamente en la pobreza. El desafío reside en encontrar un equilibrio que permita el desarrollo económico y, al mismo tiempo, proteger nuestro entorno natural, garantizando el bienestar de las comunidades locales.
En nuestro país, la historia de la explotación minera ha sido lamentable desde los tiempos en que los españoles llegaron a nuestras tierras y nos cambiaron oro por espejitos. Desde entonces, hemos sido testigos de explotaciones salvajes como la de Alcoa y Falconbridge, en sus inicios, que han dejado un nefasto legado de devastación medioambiental y social.
El peor es el caso de Rosario Dominicana, que aun en manos del Estado, resultó otro ejemplo desolador de los estragos de una explotación minera que causó un cataclismo medioambiental en nuestro país. Hoy día, una parte de ese proyecto está siendo explotado mediante un Contrato Especial de Arrendamiento Minero por Barrick Pueblo Viejo y ha sido sometido a un proceso de remediación, tal como lo prevé el CEAM, no así en la parte que quedó en manos del Estado donde se ha hecho muy poco.
En general, podríamos decir que, si bien en relación a las prácticas funestas del pasado se ha avanzado, todavía falta mucho para lograr lo deseable y esto es deplorable.
Debemos aprender de los errores del pasado y abrazar un enfoque diferente hacia la industria extractiva. Es esencial adoptar prácticas más sostenibles que protejan nuestros recursos naturales y generen un impacto positivo en las comunidades donde se desarrollan y en todo el país.
La sostenibilidad económica implica que la explotación de recursos no solo debe generar beneficios a corto plazo, sino que también debe tener un impacto positivo en la economía a largo plazo, promoviendo el crecimiento y la prosperidad sostenible.
La sostenibilidad medioambiental se refiere a la necesidad de implementar medidas para mitigar el impacto negativo de la minería en el entorno natural. Esto incluye la restauración de áreas afectadas, la protección de ecosistemas frágiles, de nuestro acuífero y la reducción de la huella de carbono asociada a estas actividades.
La sostenibilidad social, por otro lado, es fundamental para garantizar que las comunidades locales se beneficien de la explotación minera de manera justa y equitativa. Esto implica el respeto a los derechos humanos, la consulta a las comunidades afectadas y la promoción de oportunidades de empleo y desarrollo local y nacional aún al concluir la explotación.
El camino hacia una minería sostenible no será fácil, pero es necesario para asegurar un futuro próspero y equitativo para las generaciones venideras. Es momento de que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil trabajemos en conjunto para construir una industria minera que respete y valore nuestros recursos naturales, proteja el medio ambiente y mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
El obstáculo mayor para lograr esto es la desconfianza en nuestras autoridades y la experiencia histórica. Tener confianza en autoridades surgidas de un sistema político rentista y clientelar no es posible. Sin un cambio político profundo resulta prácticamente imposible el desarrollo de una industria extractiva responsable. Lograr contar con autoridades confiables sería la mayor garantía para emprender un proyecto tan delicado y difícil como este.