Entre tantas opiniones que se publican cotidianamente sobre las reformas pendientes, voy a referirme a dos excelentes artículos publicados por distinguidos colegas: Magín Díaz, el pasado día 19 de junio, y Rolando Guzmán el martes 27.
El aporte de Magín se concentra en mostrar que en el país no hay condiciones para un pacto fiscal, es decir, plantea que el mismo es inviable. Se refiere a un pacto entendido como fue definido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) “como un acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y el alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social.”
Así es como fue concebido por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030, y así lo entendemos unos pocos economistas. La END, convertida en ley en enero del 2012, establece que “Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.
A partir de esta lectura Magín sostiene que el pacto es inviable. El artículo de Rolando es menos pesimista y plantea que debería insistirse, alberga la esperanza de que sí se consiga, aunque reducido en sus propósitos y alcance, dado las dificultades visibles.
En mi caso, aunque mantengo una posición más radical que la mayoría de los colegas sobre lo ¨que debería ser¨, percibo las dificultades evidentes; aunque ciertamente reconozco que, siguiendo el juego de la democracia, que no obliga a gobernar mediante consensos, pero sí por mayorías, entiendo que el actual gobierno dispone de una oportunidad envidiable para hacer reformas importantes, incluso fiscales.
Pienso que hoy el país está más lejos de acordar un pacto fiscal que en el 2010 cuando se negociaba la END. ¿Qué es lo que ha pasado en el ínterin? A mi juicio, tres factores principales alejan la posibilidad del pacto.
El primero es que, a pesar de la insostenibilidad fiscal a largo plazo, la economía dominicana ha seguido creciendo con estabilidad, desmintiendo todos los temores. Eso ha hecho pensar a mucha gente, no solo que es posible continuar así ad infinitum, sino hasta que es deseable. Ello a pesar del riesgo de incendio macroeconómico ante la más mínima chispa, y de que el propio crecimiento con estabilidad va dejando en la población un sabor amargo de insatisfacción y en los jóvenes una sensación de falta de perspectivas futuras, que los mueve a tratar de emigrar a otros lares.
El segundo es que parece haberse reforzado en la sociedad, particularmente entre la clase alta y los estratos medios, un más marcado sentido de individualismo y egoísmo por lo privado. Hasta la clase media, que corre el riesgo de caer en la bancarrota y la pobreza ante un episodio grave de salud en el entorno familiar, prefiere convivir con ese riesgo y buscar la solución por sus propios medios antes que propiciar soluciones públicas para que todo el mundo tenga hospitales con capacidad resolutiva. Cree que el problema se resuelve con menos Estado, cuando justamente lo que hace falta es más Estado.
Y el tercer factor es que, a pesar de las expectativas que generó la Marcha Verde, la sociedad ha visto que los vicios del sistema político han resultado “duros de matar”. Cambiar la visión que tiene la sociedad sobre el Estado es un proceso tortuoso y sostenido.
Tal como expone Rolando Guzmán, la gente no cree que haya habido mejoras en la gestión financiera pública, a pesar de que sí las ha habido. Desde hace buen tiempo, los procesos de compras y contrataciones han estado mejorando y es más difícil ahora amañarlos; el propio funcionamiento del Ministerio Público infunde más temor al que pretenda meter la mano, y la República Dominicana ha venido avanzando significativamente en gestión presupuestaria, al punto de que el país acaba de ser evaluado en el doceavo lugar entre 125 países en transparencia presupuestaria y tercero de América.
Sin embargo, ganar legitimidad requiere más y para pactar hay que ceder; la sociedad va a exigir más, y el gobierno no manifiesta disposición a ceder en asuntos vitales como la cantidad de diputados innecesarios y sobrantes (en representación del exterior, PARLACEN, etc.), barrilitos, el exceso de instituciones, incluyendo oficinas en el exterior para atender servicios que solo se necesitan en el país, los anormalmente altos sueldos vigentes en algunas reparticiones estatales conviviendo con las remuneraciones miserables de múltiples servidores, la corrupción en la política y uso de las alianzas como medio para repartición del pastel fiscal, lo mismo que la legislación para reforzar los privilegios de los poderosos.