Los recientes proyectos de reformas, la constitucional y la fiscal, aunque distintas en naturaleza e impacto, están teniendo cursos muy diferentes antes de ser concretadas. Mientras la reforma constitucional pasó de forma rápida, sin darle a la sociedad el tiempo necesario para entenderla y reaccionar, la reforma fiscal está siguiendo un proceso más pausado y complejo, donde se han abierto espacios y vistas públicas para que sectores relevantes y ciudadanos participen, opinen y aporten al debate. Esto ha hecho que, aunque ambas reformas sean importantes, la fiscal haya acaparado la atención pública.
En contraposición a la reforma constitucional, el gobierno parece haber tenido la intención de compartir un documento inicial de la reforma fiscal para ser criticado, entendido y mejorado con sugerencias del público, y por su parte el poder legislativo está permitiendo que se invierta el tiempo requerido para obtener un resultado exitoso y consensuado. Y aunque en un caso se materialicen las consecuencias de manera inmediata en los bolsillos de la gente, en el otro el impacto, aunque más a largo plazo, es igual de importante y por lo tanto debió agotar un proceso similar.
El diálogo es crucial para legitimar las reformas y asegurar que representen los intereses de la mayor cantidad de sectores posibles. El proceso participativo le está dando legitimidad a la reforma fiscal, independientemente de si la reforma es considerada positiva o no en este preciso momento. La reforma constitucional, por otro lado, no puede alardear de lo mismo, ya que no pasó por un proceso de discusión profunda y concertación, uno que hubiese sacado a relucir lagunas y problemáticas teóricas que pudieran materializarse luego de la proclamación de una nueva Constitución. Lo que destaca aquí es la importancia de dejar correr el tiempo para que los ciudadanos puedan generar una opinión informada y tener un diálogo abierto, lo cual enriquece el ejercicio y le da mayor validez a cualquier reforma que se haga en estos niveles.