En estos días recibí en Marruecos a la procuradora general de la República, la magistrada Miriam Germán, la cual firmó un importante acuerdo penitenciario con las autoridades de este país para ejecutar un intercambio entre los dos Estados en esta materia.
En esta ocasión pude conversar con la prestigiosa jurista y posteriormente con otras abogadas preocupadas también acerca de la penosa situación de los millares de presos preventivos que abultan las cárceles del país, lo que ocasiona cuantiosos gastos para el Estado dominicano al tener que mantenerlos de un todo mientras sus juicios duran hasta las calendas griegas producto de los reenvíos sucesivos por causas diversas. Pero, peor aun ,consecuencia de la corrupción interna en los recintos dichos presos devienen en delincuentes peores que como entraron.
¿Que es un preso preventivo?
Es la persona que se le acusa de algún delito y que no tiene suficiente arraigo para permanecer en libertad en un proceso penal pendiente de sentencia definitiva. Sin embargo, el concepto "arraigo " se ha convertido en los tribunales en una expresión de clase para privilegiar a imputados de condición económica holgada en detrimento de millares.de infelices provenientes , en su mayoría, de sectores pobres de la población. Una vergüenza.
Conforme a los datos existentes, más de 16000 personas se encuentran en la condición de presos preventivos que no han todavía recibido una sentencia definitiva.
Ahora bien, de este total, la absoluta mayoría son imputados de infracciones menores que, en caso de ser declarados culpable, no recibirían sentencias de cárcel importantes a diferencia de los cientos de delincuentes de alto riesgo que han cometido crímenes y delitos que arrastrarían condenas de muchos años de reclusión.
Entonces, ¿qué hacer con la cantidad de presos que han cometido delitos de poca monta?
La solución más práctica es dejarlos en libertad a la vez de implementar procedimientos legales y administrativos para evitar los reenvíos y la ausencia de los imputados en caso de no presentarse a los juicios (rebeldía). Si se logra esto (en una acción conjunta de la fiscalía y los jueces ) se descongestionarían las cárceles del país y el sistema judicial saldría fortalecido, favoreciendo los derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Sin embargo, hay la voluntad política para tomar las decisiones para lograr esta meta a corto, mediano y largo plazo? El Congreso , el sistema judicial y el poder ejecutivo tienen la palabra.