Debemos recordar que la ley 57- 07 del año 2007, de incentivos a la generación de energía de fuentes renovables, que establecía inicialmente una exención del Impuesto Sobre la Renta(ISR) de un 75%, sobre las inversiones requeridas para las instalaciones de estas generaciones, con solo cinco años de vigencia, es decir en el 2012, se modificó mediante la ley 253-12,  sobre “el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible” , para reducir el 75% de exención a un 40%. Si lo que buscaba el estado dominicano eran más ingresos, había innumerables fuentes para ello y no esta ley, que invoca el “Desarrollo Sostenible” en su enunciado y le da una puñalada a un sector que es de principalía para el alcance de las metas que se persiguen en esta década. El desarrollo sostenible tiene como objetivo alcanzar un equilibrio entre los requerimientos o necesidades de la población y la protección del medio ambiente, para lo cual se desarrollan proyectos sostenibles para hacer más eficiente en este caso la generación de energía solar y estas acciones recaudatorias mal orientadas van en contra del desarrollo de las energías limpias.

En la región las leyes de incentivos a la generación de energía renovable existen en prácticamente todos los países y el común denominador de todas ellas es que los incentivos fiscales que se aplican a las inversiones que requieren estos proyectos van desde el 100% hasta un mínimo de un 50%. En la República dominicana ya vamos por un 40% y la institución que rige el sector está abogando porque se reduzcan aún más, argumentando que ya los costos de estas instalaciones se han reducido considerablemente. Todavía por ejemplo en el caso de los paneles solares, los costos son elevados, ya que por cada kilowatt instalado se tiene que realizar una inversión en dólares americanos que puede ir de US 700 a US 850, dependiendo de la capacidad a instalar y de la calidad de los paneles. Es decir que una vivienda que proyecte instalar una capacidad de 10 KW, deberá realizar una inversión que iría de siete mil a 8 mil dólares o su equivalente en pesos dominicanos es decir de RD$ de 400,000.00 a RD$ 480,000.00.

Entendemos que el crecimiento de la generación de energía limpia no resolverá por si solo los grandes problemas que afectan el sector eléctrico nacional, pero lo que si es una verdad inexorable es que el desarrollo de estas energías contribuirá en proporción mayoritaria a eficientizar el sector y a reducir significativamente los gases de efecto invernadero que producen los combustibles fósiles que son mayormente los utilizados en la actualidad para la generación eléctrica en el país.

No entendemos las razones por las que los gobiernos dominicanos, no realizan una real, objetiva y ponderada evaluación de los subsidios e incentivos que se aplican a todas las actividades que conforman la economía del país, considerando los aportes y derrames positivos sobre la mayoría de la población del país, sin tomar en cuenta los intereses de grupos particulares que solo benefician a unos cuantos.

Siempre citamos el ejemplo de los Estados Unidos, en donde el propio gobierno aporta los recursos económicos para la ejecución de proyectos de paneles solares en viviendas familiares, lo que demuestra la visión de futuro de este país, al igual que otros del mundo de los desarrollados.

El objetivo debe ser llenar el país de paneles solares y de instalaciones eólicas que son fuentes inagotables(sol y viento), sin producir contaminación y con las que contamos prácticamente todo el año, con lo cual nuestro sistema eléctrico irá soportando cada día una menor carga, lo que hará más factible y en menor tiempo su normalización. Por esta razón somos de opinión que los incentivos fiscales que están establecidos en la ley citada, en lugar de reducirse deberán aumentarse y promoverse estas instalaciones con financiamientos a tasas preferenciales, hasta tanto el país no tenga una matriz de generación eléctrica en la que las energías limpias sean las mayoritarias.