Desde antes de ingresar a la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), hace ya casi 45 años, siempre oímos decir, lo que aparece en el título de estas cortas líneas. A mediados de la década de los 90, siendo mi padre, Fiscal del Distrito Nacional y posteriormente Procurador General de la República, pude conocer por dentro varias de esas cárceles e inclusive recuerdo de un trágico incendio ocurrido en la cárcel de San Cristobal, cuando mi querido colega y amigo, el Lic. Victor Garrido Montes de Oca, se desempeñaba como Fiscal de aquel Distrito Judicial. La situación en ese entonces era muy difícil, por la superpoblación carcelaria existente y el hacinamiento que esto produce. Hoy, 45 años después, esta injusta sentencia cobra más vigencia que nunca, a pesar del crecimiento económico experimentado por nuestro país, durante estas décadas. Decimos lo anterior a propósito del recién incendio ocurrido dentro de la Penitenciaria Nacional de La Victoria, con terrible saldo. No podemos imaginar mayor pesadilla que aquella vivida por esas 11 víctimas (hasta ahora) que perdieron sus infelices vidas, así como la angustia y dolor padecido por sus respectivas familias.
De alguna manera, la clase política que ha ejercido instancias de los poderes públicos, como parte del empresariado nacional pueden considerarse responsables del abandono, olvido y hasta desprecio, a que ha sido sometida la población carcelaria nacional. La Penitenciaria Nacional de La Victoria (título cínico este), como los demás recintos carcelarios, con muy contadas excepciones, han sido consideradas, desde hace muchos años, como un verdadero almacén de hombres y mujeres, que superviven en un peculiar ecosistema, donde el permanente hacinamiento y el riesgo de contraer cualquier enfermedad, sufrir un accidente o ser agredido mortalmente por otro recluso, es un riesgo constante, sin olvidar siniestros como el recién acontecido. Definitivamente debe movernos a justa indignación y vergüenza, que la inversión de miles de millones de pesos realizada por el Estado Dominicano, para construir el recinto penitenciario de Las Parras, donde se pretendía trasladar miles de presos existentes en La Victoria, en vez de aliviar la deplorable situación de estos internos, lo que haya servido es para enriquecer ilícitamente un pequeño grupo de funcionarios y empresarios de la construcción, que medraron el presupuesto de dicho proyecto, sin tomar en cuenta ni siquiera si las condiciones del terreno elegido para esto, reunía las mínimas condiciones para su destino. Ojalá que Dios no se lo tome en cuenta, ni a sus familiares tampoco.
Independientemente de que es de general conocimiento, las grandes carencias y necesidades de nuestra población, así como las difíciles situaciones que se le presentaron al gobierno del Presidente Luis Abinader al principio de su gestión, somos de opinión, que es propicia la ocasión para que de una vez y por todas, se haga la inversión de los mil seiscientos millones que el propio mandatario dijo que se necesita invertir, y que concluya con la construcción y habilitación del recinto carcelario de Las Parras, aunque para esto se tengan que tomarse dichos recursos, de partidas presupuestarias asignadas a renglones menos prioritarios, como por ejemplo: publicidad del propio gobierno. Para ver si, de una vez y por todas, empezamos a desmontar el válido argumento de que, El Preso no es gente y de esta forma, evitamos seguir viviendo experiencias tan lamentables y bochornosas como este incendio con penoso saldo, independientemente de que el mismo se haya debido a un corto circuito, como que tenga cualquier otro origen, duele que se pierdan esas vidas dominicanas que por circunstancias del destino han sido recluidos en estos antros, carentes de condiciones mínimas para propiciar o permitir la reinserción social del interno.
Quizás, el hecho de que los presos preventivos empezarán a votar, mueva a la clase política a encaminar sus esfuerzos para mejorar considerablemente las condiciones de nuestros recintos carcelarios.
Si hemos de ser sinceros, tendremos que admitir, que, en los sesenta y tres años de democracia que hemos vivido desde la decapitación de la dictadura Trujillista, las condiciones de los recintos penitenciarios, se han deteriorado de forma alarmante y solo nos acordamos de esta realidad, cuando ocurren desgracias como las vividas recientemente en La Victoria o cuando de forma muy excepcional, van a parar a esos mismos recintos, personajes reconocidos de nuestra vida política o económica.