Supongo que soy el más azaroso economista dominicano por estar hablando siempre de impuestos. Alguna gente me quiere, unos porque me entienden (pocos) y otros porque me conocen bien. Pero a la mayoría de la gente hablarles de pacto fiscal es como mencionarles a su madre.
Pues no todo es impuestos. Hay muchas cosas que cambiar el el orden fiscal, como el fortalecimiento del régimen municipal o la derogación de las múltiples leyes que favorecen entidades con porcentajes del presupuesto, entre ellos, a los partidos.
Finalmente, el ejecutivo accedió a entregar el 0.5% del presupuesto a los partidos. Hay una ley que lo manda, pero otra ley (la del presupuesto) que contradice. Ahora se decidió hacerlo con cargo a otra ley futura. Las implicaciones jurídicas las dejo a los abogados.
Quiero referirme a otra cosa. Desde hace décadas, se fue imponiendo por el mundo la idea de que era mejor financiar la política con dinero público, como una forma de evitar que los partidos, sus promesas y decisiones, fueran capturadas por el capital privado.
Pero estaba claro que eso implicaba prohibir los aportes privados. Después se planteó que, si no se permitían los aportes privados, eso impediría el surgimiento o consolidación de partidos nuevos, porque estos no estarían siendo alcanzados con dinero público.
Pero tanto el financiamiento público como el privado tendría que ser bajo estrictos controles sobre su origen y uso. Hace unos doce años nos enteramos de que la campaña presidencial de Alejandro Toledo, en Perú, había sido financiada desde la República Dominicana, por medio de una empresa de Félix Bautista. Pero, ¿cómo lo supimos? Porque en Perú los candidatos tienen que rendir cuentas. Ahora está preso.
Pero en la República Dominicana eso de rendir cuentas parece haber servido para poco. Habría que ver si el PLD informó a la JCE o a la ciudadanía del origen y destino de las camionadas de dinero efectivo que determinó la Procuraduría se llevaban a la casa u oficina de su candidato presidencial en el 2020; o si en la contabilidad del PRM consta la cantidad de efectivo que distribuía por entonces su candidato a diputado Miguel Gutiérrez, preso ahora en Miami; o de dónde sale el que gasta la FUPU promocionando sus candidatos.
Se ha convertido en un ejercicio común disponer por leyes especiales la asignación de montos o porcentajes mínimos del presupuesto para diferentes funciones.
Inicialmente, su aprobación fue el resultado de discusiones y procesos de concertación, en un intento de la sociedad de forzar al sistema político a cumplir responsabilidades casi abandonadas por largo tiempo, como es el caso de la educación, la gestión municipal y la justicia.
Pero después surgieron otros casos derivados del interés de grupos que manejan cuotas de poder para asegurarse determinadas fracciones del pastel nacional.
Dado que unos porcentajes están referidos al PIB, otros al presupuesto, al Fondo General o a algunas recaudaciones, hicimos un ejercicio somero para hacer la conversión y calcular lo que mandan las distintas leyes en referencia a los ingresos tributarios, para concluir que prácticamente todos estarían comprometidos de antemano.
Veamos:
- El 31% para la Ley de Educación
- El 13 % para el Banco Central
- El 9 % para los ayuntamientos
- El 6 % para la Presidencia y eventuales situaciones de emergencia nacional
- El 7 % para la UASD
- El 4 % para el Poder Judicial y el Ministerio Público
- EL 3 % para el Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas
- El 3 % para el CONANI y el Ministerio de la Juventud
- El 3 % para la DGII y Aduanas
- El 2 % para la Junta Central Electoral y los partidos políticos
Hay otras leyes que no mencionan porcentajes fijos, como la de Seguridad Social, pero impone al Ejecutivo mandatos legales; igual el servicio de la deuda pública no impone porcentaje, pero sí un compromiso legal. Incorporando estas dos, tendríamos que agregar:
- El 32 % para las disposiciones de la SS
- Otro 32 % para el servicio de la deuda
En total, 149% de los ingresos tributarios, antes de llegar al cumplimiento de responsabilidades públicas para las cuales no se han predefinido los recursos, como el servicio de Policía, infraestructura pública, subsidio eléctrico, agricultura, industria, turismo, medioambiente, deportes, relaciones internacionales, etc. Tengan por seguro que un 200 % de los ingresos no alcanzaría para cubrir todos los requerimientos.
Intentando administrar el presupuesto sin la rigidez que se deriva de estas leyes, la respuesta de los diversos gobiernos ha sido su incumplimiento sistemático, lo cual tampoco es correcto.
Un punto a discutir en el pacto fiscal sería derogarlas, aunque siempre he defendido mantener dos que respondieron a un valioso reclamo de la sociedad, como la del 4 % del PIB a la educación, o la que promete el 10 % de los ingresos fiscales a los municipios. Pero ninguna de las dos le crea al Estado carga adicional que la que le generaría el cumplimiento de sus responsabilidades, pues si de verdad el Estado pretendiera cumplir adecuadamente sus funciones, esos montos constituyen lo mínimo que debería destinarse a esas funciones.