Las iniciativas del fideicomiso para la administración de Punta Catalina y su convocatoria a una cumbre de partidos que publicó un documento, en el que se hace un llamado a la comunidad nacional e internacional para que asuman la ayuda al pueblo haitiano, en su forma y contenido, constituyen otro paso de la presente mayoría hacia la profundización de su paulatino, pero sostenido desencuentro con importantes sectores sociales y políticos que hicieron posible su ascenso al poder. La forma en que se concibe el fideicomiso apuntala la ostensible influencia del gran capital dominicano sobre el Gobierno, y con el documento de los partidos reafirma una posición de esta administración sobre el tema haitiano que, en esencia, es la ultraderecha nacionalista.
En torno a la cuestión de la figura escogida para administrar Punta Catalina existen elementos de discusión y confusiones que han debido aclararse. Podría ser razonable que el Gobierno se decante por una forma de administración para esa entidad basada en el sector privado. No es sostenible sustentar, desde el punto de vista jurídico, que se ha vendido ese activo público, no se puede afirmar que se ha vendido un bien, si a quien se le dice comprador no lo puede vender. En este caso, nadie compra algo sin valor de cambio, pero poder vender un bien no quita que, de hecho, sea propietario del mismo. Pero es injustificable que, aunque de manera condicional, se ponga un monto del valor del bien si se está haciendo un auditoría para establecer su valor real.
Lo es, también, integrar un comité ejecutivo del fideicomiso con personas cuyos perfiles arrojaban justificadas dudas sobre su imparcialidad en el manejo de ese bien público, que ya han manejado empresas estales del ramo con resultados altamente cuestionables desde todo punto de vista. Es innegable que el Gobierno ha manejado mal el tema y no es por casualidad; la toma de decisiones políticas, en general, está condicionada por una clara intencionalidad. ¿Por qué el Gobierno integra personas de esos perfiles, habiendo otras realmente independientes, profesionalmente solventes y por encima de toda sospecha? Claro que de esa opción no están ajenas las omnipresentes, las largas y non santas manos del gran capital.
Con ese lastre, difícilmente se puede tratar desde una perspectiva del real interés nacional un tema tan vital para el presente y futuro del país como es el eléctrico, independientemente de la inobjetable solvencia profesional y ética de muchos funcionarios del Gobierno.
Esa cuestión constituye un serio dilema para estos funcionarios que, más temprano tarde deberán zanjar. Si, como hasta ahora es legítimo pensar, prevalecen los intereses arriba referidos, entonces se iniciará una nueva etapa de este Gobierno, cuyo incierto discurrir podría terminar en serios problemas de inestabilidad política para el país. Recordemos que el sentimiento que produjo la presente mayoría en el poder tenía un propósito de gestión de lo público orientado hacia las grandes mayorías de esta nación.
El otro tema que contribuye a que el Gobierno se enajena parte de los sectores que con sus esfuerzos lo hicieron poder es el haitiano. Para muchos sectores políticos, sociales y eclesiales de nuestro país, el derecho del Estado dominicano de defender su frontera y de pleno ejercicio de control migratorio, es inobjetable, pero debe tener como principio la defensa de los derechos que como seres humanos le asiste a toda persona, sea nacional como extranjera. La derecha xenófoba/ultranacionalista tiene una perspectiva de esta cuestión totalmente contraria a este principio y entre sus yerros y mitos asume la fábula de la intención de algunas potencias extranjeras de “fusionar” las dos naciones de esta isla.
Esa fábula la deja caer en el penúltimo párrafo del documento que muchas de sus organizaciones suscriben, junto al partido de gobierno e inexplicablemente algunas colectividades políticas que se reclaman progresistas o de izquierda. Es pertinente que el Gobierno se empeñe en impulsar el compromiso de la comunidad internacional con la ayuda a Haití, pero resulta una torpeza que esta se haga en documento donde de manera velada se manifieste ese mito. Eso en nada ayuda al empeño del Gobierno para que se socorra a ese país. Es contraproducente e indicadora de que ese Gobierno en muchos aspectos se guía por la agenda del ultranacionalismo.
Y con eso no sólo aleja la posibilidad de solucionar de la mejor manera el tema haitiano, sino que también se aleja de sectores que dentro y fuera del Gobierno, emocional y objetivamente, tienen una posición y sensibilidad diametralmente opuesta al ultranacionalismo. Son demasiado frecuentes los momentos políticos de esta Administración en que se discuten temas o iniciativas que esta pone y que suscitan muchas discusiones y en las que el Gobierno comete errores en la forma en que plantea los temas (a veces los admite y corrige), los dos comentados son parte. En la conducción de la cosa pública, la prisa es mala consejera. En estos y otros temas debió evitarse.