La desigualdad en el acceso a financiamiento en la República Dominicana se conoce como la "ley del embudo". Las mipymes y emprendedores no tienen las mismas oportunidades que las grandes empresas, y la distribución de fondos se aleja de la transparencia. Esto provoca condiciones desiguales que benefician a unos pocos y dificultan a otros.
Si se aplicara la democracia en el proceso de financiamiento, se aseguraría la transparencia, la equidad, la inclusión financiera y el respaldo a los cineastas que, al igual que yo, buscan producir cine con exclusivo apelo cultural sin fines de lucro, fomentando la igualdad de oportunidades para todos. Y sería una prueba genuina y honorable que beneficiaría a los sectores más frágiles de la sociedad y, sin duda, promovería un progreso económico más justo.
La "Ley del Embudo" es una ley no escrita, pero aplicada con rigurosidad por los empresarios del espectáculo y las finanzas, que se basa en establecer reglas injustas que benefician a unos pocos y perjudican a otros muchos. La situación presenta una falta de democracia financiera que no permite un acceso equitativo y justo a los recursos.
La falta de financiamiento para la producción de 339 Amín Abel Hasbún Memoria de un Crimen fue similar a esto, y cuando la película fue terminada en rodaje y posproducción, se rechazaron soluciones justas y similares a otros proyectos. Administraciones de la DGCINE son conscientes de esta situación, de la crueldad que se nos ha aplicado en el pasado, en el presente y probablemente en el futuro por parte de los grupos que controlan el sector y la opinión pública. Estos grupos ahora se lamentan porque se verán afectados por las reformas fiscales contempladas en la Ley No. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.
El presupuesto para nuestro proyecto era de 12 millones de pesos, sin embargo, la película fue producida con una tercera parte de esa propuesta. En lugar de pagarme como productor, guionista y director, utilicé los recursos que tenía reservados para emergencias médicas y la financié.
Pues bien, el gobierno aplicará recursos de alrededor de 300 millones de pesos con el Fondo de Promoción del cine –FONPROCINE– Y en la secuencia sugiero posibles soluciones para facilitar el acceso a financiamiento que incluyen reformas regulatorias para simplificar trámites en la DGII, con ventanilla única y mejorar la transparencia en la asignación de fondos. También que se incentive con mejores tasas de interés y medidas de protección en distribución y exhibición, esto último de la exhibición es un relajo.
Y, por último, que la DGCINE no sea dirigida a conveniencia de los sectores que gravitan, y reorganizar el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (CIPAC). Por motivos obvios.