El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) son los pilares fundamental de nuestro sistema de atención a la niñez.
El cierre del hogar de paso del Expreso Quinto Centenario, de donde el pasado jueves escaparon ocho adolescentes y cayó una menor de 12 años desde la azotea hacen tambalear esos pilares. Estos hechos forman parte de una cadena de situaciones reiteradamente denunciadas en los últimos meses.
Se debe recordar que el hogar de acogida de Jarabacoa fue intervenido cuando hace más de un año se denunció maltratos hacia las niñas, fugas permanentes y una alimentación descuidada.
En ese entonces la presidenta de CONANI, Paola Disla, aseguró que se había tomado el control de este establecimiento, que al parecer había sido objeto de graves y múltiples denuncias desde 2014.
Estos hogares han sido concebidos para niños, niñas y adolescentes que por razones de desamparo, abandono, orfandad, violencia física, sexual o maltrato emocional requieren del auxilio del Estado.
Las fugas constantes, las denuncias de abusos sexuales y el alto nivel de rebeldía en adolescentes en muchos de esos centros que se encuentran dentro del sistema llaman a una revision rápida de los protocolos y de los métodos utilizados.
Por otro lado, resulta aterradora la muerte de un niño de 2 años que se ahogó en una cubeta mientras estaba en un CAIPI de San Francisco de Macorís.
Tanto los hogares de paso como los CAIPI están llamados a atender todas las necesidades educativas, de alimentación, protección y salud de los infantes. En resumen, a estos les deben ser garantizados todos sus derechos, atendiendo además las situaciones psicológicas de cada uno de estos niños y niñas producto de las realidades de origen.
En los hogares de paso la corrupción y la violencia se han ensañado con lo más sagrado de un país, su niñez, la que estamos llamados a proteger desde el Estado, la familia y la sociedad. Niños, niñas y adolescentes que ya habían sido víctimas en sus propios entornos, y que sin tener ningún doliente vuelven a ser víctimas de quien está llamado a protegerles.
Ahora bien, ninguna institución puede hacer milagros sin el presupuesto adecuado y sin un personal de calidad, sin banderillas políticas y comprometido con los derechos de la niñez y la suerte de los niños, niñas y adolescentes bajo su custodia. ¡No es un oficio, es un sacerdocio!
Frente a este descalabro, la sociedad civil, las ONG, debemos velar por el cumplimiento integral de los procesos y normativas relacionados con nuestra niñez: desde los presupuestos y su ejecución, las políticas y programas, hasta las gestiones directas de atención a niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, apoyando además la desinstitucionalización de los mismos y su integración en familias de acogida o en sus propias familias.
Debemos exigir e impulsar la reconstrucción de un modelo de protección de la niñez basado única y exclusivamente en el interés superior del niño.