Economía electoral, plutocracia y el costo de la política

“El análisis económico del derecho es una herramienta que nos permite entender mejor el funcionamiento de las instituciones legales y sus consecuencias sobre el comportamiento de las personas”. (Alfredo Bullard: Derecho y economía).

La economía electoral es, por decirlo así, el interludio, la intersección de la economía política y la política económica, en una formación social determinada. La economía política está mediada por las relaciones de poder, por la forma en cómo se administra la producción, la distribución y el consumo en un Estado, donde gravita la estructura política y la estructura social. La política económica es lo coyuntural, determinada en gran medida, por los que ejercen el poder político en un momento dado.

La economía electoral se fragua y configura como el boceto que crea el andamiaje fiscal, monetario, de política cambiaria y de inversión, en una coyuntura electoral determinada. La economía electoral está mediada altamente por la confianza. Una economía electoral puede coadyuvar a un mayor crecimiento de la economía real o a una disminución. En otras palabras, una economía electoral en un proceso electoral, puede contribuir o no con los que están en ese momento en el ejercicio del poder.

El crecimiento de la economía, esto es, los factores macroeconómicos (tasa de cambio, tasa de interés, tasa de inflación y tasa de crecimiento) impactan en la economía electoral, así como el elemento cardinal del peso de lo institucional y de las reglas del juego de los actores económicos, como viene percibiendo ese conjunto de poderes: economía política y política económica, su grado de interrelación, de integración y de sinergia. ¡La confianza y la estabilidad se constituyen en los caudales valiosos para que una economía política y política económica se potencialicen y potabilicen en una economía electoral!

¿Qué es una economía electoral? James Buchanan nos habló hace mucho de la teoría del ciclo político presupuestario y de cómo este repercute en los propósitos políticos para alcanzar el poder o retenerlo, a través de la creencia de la elección pública, donde sabiamente anexionó el andamiaje de la economía con la política, visualizando al mismo tiempo el rol del Estado. La economía electoral “Es el estudio de cómo las elecciones afectan el comportamiento económico de los agentes, tanto de la esfera pública, como de la dimensión privada”.

En concreto, la economía electoral es entendida “de cómo las elecciones afectan a la economía”. Se observa en la economía electoral como influye en el comportamiento de los potenciales sufragantes, de los electores. La economía electoral nos ayuda a tener una mirada cierta de cómo el calendario electoral puede variar una política pública, ya sea monetaria, fiscal, de inversión y desde la perspectiva de inclusión social, vía el asistencialismo. Opera una economía electoral en el grado de estabilidad e incertidumbre que se verifique en una sociedad.

En los años 70, 80, 90 del siglo pasado la instrumentalización desde el poder era generar el pánico y el miedo y, con ello, mayores grados de temor en los sectores del poder económico ante la posibilidad de una alternativa, de un nuevo gobernante. De allí, el camino seguro. Hoy, nos encontramos con tres partidos con posibilidades de retener y acceder al poder en 2024, donde la práctica política en el ejercicio del poder, en el orden económico, cuasi ha sido la misma desde 2004 a la fecha. La diferencia está determinada, en gran medida, en lo institucional, en la visión que tienen las actuales autoridades, merced a la lucha contra la corrupción y la impunidad, de haber construido un antes y un después.

El relato de la estabilidad macroeconómica que se perdería en los interregnos: 1978-1986 y 2000-2004, ha sido resquebrajado para no formar parte de un único partido, desde 1996 hasta hoy. Entonces, ¿cuáles son los costos y beneficios de las elecciones para nuestro país en el campo económico y social? Las elecciones conforman un compromiso ciclópeo, el más importante del sistema político de la democracia, el cual genera el primer peldaño de la misma: la democracia electoral. La capacidad que tiene la ciudadanía de elegir a sus gobernantes. Por eso, la necesidad de atravesar las tres etapas de un proceso de elección.

En un proceso de elección, es en el marco institucional en que ha de residir el poder político. El análisis, la consulta y el inexorable compromiso de una verdadera asunción de propuestas, de prioridades, que conforman una agenda mínima de reformas estructurales. Verbigracia: Un compromiso de asumir una reforma fiscal integral que abarque su discusión desde el 17 de agosto de 2024 hasta junio del 2025, al tiempo que se apruebe la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los déficits fiscales, que desde 2008 se han hecho de manera pronunciada, nos están llevando cuasi a una insostenibilidad de la deuda. Los déficits entrañan endeudamiento como axioma.

El costo de la economía electoral es inconmensurable, sobre todo en el orden de una democracia sostenible con mayor rigor institucional. Las elecciones generan una economía electoral con bastante repercusión en lo económico-institucional. Somos una economía donde el peso de la economía subterránea (informal) y la economía sumergida (ilícita: narcotráfico, narco lavado, corrupción administrativa) es muy fuerte, grave. Pongamos, por ejemplo: movilización, mitin (50 guaguas), los organizadores de las organizaciones partidarias llevan gente y le dan dinero en efectivo.

La Dirección Especializada de Control Financiero solo podrá cuantificar vallas, anuncios en radios, televisión, pero no así en los aportes individuales que, en gran medida, son en efectivo. Se requiere un cambio cultural profundo, una nueva actitud de civilidad, del relieve de la ética, de la decencia. El costo de las elecciones, comenzando con la base legal, es altísimo y con ello, el impacto en la economía electoral. Veamos:

1. Un candidato a la presidencia puede gastar hasta RD$565,272,120.00 ¿Cuántos candidatos serán?
2. 32 senadores, donde el del Distrito Nacional podrá gastar hasta RD$55,005,360.00. ¿Cuántos candidatos habrá por los diferentes partidos?
3. En la provincia de Santo Domingo, un senador podrá erogar un tope de RD$109,385,280.00. De nuevo: ¿Cuántos candidatos a senadores existirán en esa importante provincia?
4. En Santiago el candidato a senador podrá gastar un tope de RD$54,748,560.00. ¿Cuántos senadores potenciales postularán en esa provincia?
5. 190 diputados que podrán gastar RD$60.00 por cada inscrito en el padrón de electores a nivel de la provincia o circunscripción, según se trate.
6. Alcaldías, tope de gastos RD$50.00 por cada inscrito en el padrón de electores. Son 158 alcaldes. ¿Cuántos candidatos se postularán por partido?
7. Regidores, tope de RD$25.00 por cada inscrito. Son 1,164 y sus respectivos suplentes.
8. Directores de distritos municipales: RD$100.00 por cada inscrito. Son 235.
9. Vocales de distritos municipales, RD$25.00 por cada inscrito. Son 735 cargos de esta naturaleza. ¿Cuántos aspirantes tendremos en los distintos partidos?

A nivel nacional, el padrón electoral al 21 de junio de 2023 es de 8,075,316. Al día de hoy, dado que están los montos por provincias, por municipios y por los puestos, podríamos saber las erogaciones oficiales en función de los topes, calcular la cantidad final. Empero, en la realidad real no es así, además de que todavía no sabemos la cantidad de aspirantes de los distintos cargos por partidos.

Es mucho dinero para un país pobre y vulnerable y donde apenas están en juego 4,113 cargos de elección popular. Estamos en presencia de una verdadera plutocracia. Una plutocracia generada por la misma elite política que crearon la Ley 33-18 y 20-23 (Partidos Políticos y Régimen Electoral). Esa misma partitocracia creó el costo de la política, no el costo de la democracia, como de manera eufemística han querido categorizar. Que la democracia tiene un costo, es una injuria, un ultraje a nuestra democracia. Es el mismo costo de la política que nos ha llevado a una democracia defectuosa, famélica, de papel.

En 1998 se aprobó el financiamiento a los partidos políticos. Al día de hoy, según el cuadro siguiente, hemos erogado del fisco, esto es, de los bolsillos de los contribuyentes, la suma de RD$22,781,156,734.00 (veinte y dos mil millones, setecientos ochenta y un mil). El financiamiento público era para evitar recibir dinero privado. El resultado, penoso para la democracia, es que reciben dinero de los aportes individuales (legales) sin transparentar y reciben dinero ilícito, de la economía sumergida (narco, narco lavado, corrupción administrativa, vía captura del Estado).

Como las elecciones no son hoy el campo para discutir propuestas, ideas, agendas de las necesidades estructurales de la sociedad dominicana, la mina de la batalla es la mera descalificación y la campaña negativa, e hilvanar un discurso alrededor del clientelismo y del despojo político, en el Siglo XXI en su tercera década. Ya tenemos más de 30 partidos reconocidos oficialmente y muy pocos han desaparecido en los últimos 30 años, a pesar de que el peso electoral de la mayoría no alcanza ni un 1%. A continuación, cuadro del comportamiento electoral de los partidos en el año 2020.

Partidos que obtuvieron más de un 5% de los votos válidos emitidos en la última elección:

Partidos que obtuvieron menos de un 5% y más de un 1% de los votos válidos emitidos en la última elección:

Partidos que obtuvieron menos de un 1% y más de un 0.01% de los votos válidos emitidos en la última elección:

Esto quiere decir que la barrera de entrada es más fácil que la barrera de salida. Creemos que, en los próximos años, en una reforma constitucional, tendremos que poner un umbral mínimo de 45% para ganar las elecciones y/o si el que más saque le lleva un mínimo de 10: GANO. Esto evitará la importancia de los partidos satélites o lapas, mal llamados “emergentes”. Los partidos se han convertido en una verdadera industria de negocios y en tanto corporaciones, en las elecciones, fluye a borbotones una eficiente economía electoral que al final, daña la esencia de la democracia. Han transformado el sistema político en una plutocracia vía el costo de la política.

Las elecciones cambian el mercado electoral y con ello, en países con una fuerte debilidad institucional, la economía electoral, lo que se puso de manifiesto en las elecciones de 2012 y de 2020. En el 2012 la República Dominicana tuvo el mayor déficit fiscal ocurrido sin tener una crisis económica nacional ni internacional. Llegamos a un déficit de 6.6 del PIB de ese momento, equivalente a alrededor de RD$150,000 millones de pesos. En el 2020, por lo conocido en el expediente Calamar, hubo una real captura del Estado por parte de varios ministros, que involucraron a once instituciones del Estado para “buscar dinero” para el candidato del PLD en ese momento.