Únicamente cuando las mujeres y niñas se sientan seguras y estén empoderadas para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas, los países lograrán un desarrollo sostenible y una paz duradera. Declaración de la directora ejecutiva de la UNFPA, la Dra. Natalia Kanem
La conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas bajo el lema «Llegar a todas las víctimas de la trata de personas, sin dejar a nadie atrás: más protección, menos víctimas», nos encuentra todavía este año sin una ley adecuada para hacer frente a este flagelo.
Según el Informe del Departamento de Trata de los Estados Unidos para el periodo 2023, este país ha degradado a la República Dominicana a nivel de vigilancia 2, al considerar que el Gobierno dominicano muestra insuficientes esfuerzos para combatir formas graves de trata de personas, incluyendo mayores investigaciones y persecución, condenas de delitos de trata y mayor asistencia a víctimas.
Según la legislación estadounidense cualquier país que haya sido clasificado como nivel 2 de vigilancia por dos años consecutivos, es clasificado automáticamente como nivel 3 al tercer año lo que impediría la inversión y cooperación de Estados Unidos con ese país.
El pasado viernes, en su discurso en ocasión de la celebración del Dia de la Trata, el canciller Roberto Álvarez anunció que luego de ser trabajados por la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), los proyectos legislativos para modificar la ley 137-03 fueron enviados al Poder Ejecutivo.
Esto, a fin de que los proyectos sean sometidos a consultas de varios sectores, escuchar las legítimas preocupaciones y acoger las sugerencias pertinentes sobre este tema, con miras no solo a lograr los consensos necesarios para su aprobación, sino también para dotar a República Dominicana de una ley más adecuada y efectiva en esta materia.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, llamó la atención sobre el hecho que “la data disponible da cuenta de que las mujeres, los niños y las niñas sufren más violencia a manos de los tratantes. En el caso de las mujeres son sometidas a violencia física o extrema, en una proporción tres veces mayor que los hombres, mientras que a los niños y niñas se les somete a violencia física o extrema en una proporción casi dos veces mayor que las personas adultas”.
Por consiguiente, esta ley es de suma importancia para poder atacar de frente el flagelo de la trata de personas que hace de la Republica Dominicana un país de origen, destino y tránsito de víctimas de trata, tanto de trata interna como extranjera.
En la República dominicana la trata con fines de explotación sexual comercial de niñas, adolescentes y mujeres representó en 2022 el 76% de los casos judicializados. Sin embargo, hay un sinnúmero de formas de trata menos visibles, culturalmente toleradas, como el matrimonio forzado/uniones tempranas y la explotación en trabajos domésticos (servidumbre), que también afectan fundamentalmente a niñas, adolescentes y mujeres.
Entre 2017 y 2022 se rescataron, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, 900 víctimas de trata de las que el 77% fueron mujeres y niñas, y del total general se estima que al menos el 60% eran niños, niñas y adolescentes (MIREX, 2023).
Esto, a mi juicio, no refleja toda la realidad, tomando en cuenta la tolerancia y las dificultades para poner en marcha la maquinaria policial y judicial.
Con relación a la nacionalidad de las víctimas, se observa que los casos judicializados evidencian un predominio de víctimas dominicanas (68% en 2021), seguidas de un 16% de víctimas nacionales haitianas, siendo el resto de nacionalidad colombiana y venezolana.
Si queremos ir al fondo del problema debemos entender que para reducir la trata debemos reforzar la resistencia contra la explotación y luchar por la superación de las causas socioeconómicas y culturales que la propician.
Es necesario sensibilizar a la sociedad sobre el tema de la trata de personas y pedir a nuestras autoridades un cambio de políticas y la dedicación de recursos nacionales suficientes para reforzar las medidas de prevención, mejorar la identificación de las víctimas, aumentar el apoyo a los supervivientes y acabar con la impunidad.