Enfrentamos como país desafíos ambientales significativos debido a diversas causas relacionadas con las necesidades humanas, el sistema productivo, la economía en general y los fenómenos naturales.
A pesar del verdor visible desde los satélites en comparación con Haití, la República Dominicana ha ido perdiendo cubierta vegetal. La deforestación, impulsada principalmente por la expansión agrícola, la ganadería y la minería, exige una gestión más responsable y un uso racional de los recursos para mitigar los daños ambientales y promover un desarrollo sostenible.
Se estima que la expansión agrícola es responsable del 55% de la pérdida de bosques, mientras que la explotación de madera y carbón representa el 26%. Los incendios forestales han reducido un 7% de los bosques, y la construcción de infraestructuras (caminos, carreteras, puertos y ciudades) ha contribuido con el 12% restante de la deforestación.
Las prácticas como la tumba y quema agrícola, la ganadería extensiva y el pastoreo libre han exacerbado la pérdida de floresta. Aunque no dispongo de las estadísticas exactas, la minería en nuestro país tiene una historia nefasta. Las primeras explotaciones, como Alcoa, Rosario Dominicana y Falconbridge, fueron altamente degradantes debido a sus métodos de extracción y procesamiento.
Si bien la minería no tiene el mismo peso en la deforestación que la agricultura o la ganadería, su impacto ambiental ha sido significativo y perverso, aunque hay que reconocer que esto ha mejorado significativamente. Sin embargo, se necesita una mayor dedicación y vigilancia.
Es crucial implementar regulaciones estrictas que limiten la minería a cielo abierto y promuevan métodos de extracción más responsables. Somos una isla, y esta condición nos obliga a aplicar métodos más eficientes en procura de lograr mayor sostenibilidad ambiental, económica y social de nuestra industria extractiva. No podemos permitir que al término de cada explotación lo que nos queden sean pasivos ambientales.
Igualmente, la expansión de las infraestructuras turísticas tiene un impacto considerable en los ecosistemas costeros y terrestres. El desarrollo de caminos, carreteras, puertos y ciudades contribuye a la pérdida de cobertura forestal y al deterioro medioambiental.
Toda actividad humana tiene su impacto en el medio ambiente, incluso caminar por un bosque, sin mencionar el manejo de los desechos sólidos y la basura. De ahí la importancia del uso racional y responsable de los recursos naturales y la imposición de normas que reduzcan las huellas negativas de cualquier actividad sobre nuestro ecosistema.
El calentamiento de la atmósfera, causado por malas prácticas ambientales, está dando origen a fenómenos extremos como el poderoso ciclón Beryl, que serán cada vez más frecuentes, con grandes riesgos de pérdidas humanas y materiales. Un país territorialmente desordenado, sin normativas constructivas respetables, mal uso del suelo y viviendas deplorables, y que agreda al ecosistema, está encaminado a un suicidio colectivo.
Es preciso aplicar normativas estrictas y vigilancia constante en todas las actividades económicas. Debemos integrar mejores prácticas sostenibles en agricultura, ganadería, minería, turismo e infraestructura, promover la educación y la concienciación sobre sostenibilidad, y optimizar el uso del agua, el recurso más valioso con el que cuenta la humanidad.
Construir presas e infraestructuras para aprovechar mejor el 65% del agua que actualmente se pierde al mar es una prioridad. Además, utilizar los recursos generados por actividades económicas que impliquen el uso de recursos no renovables, como es el caso de la industria extractiva, para financiar estas obras.
Una gestión responsable y el uso racional de los recursos pueden transformar los beneficios económicos en mejoras ambientales. La clave está en la regulación estricta, prácticas sostenibles y la inversión en infraestructuras que minimicen el impacto ambiental, como las presas que permitan optimizar el uso del agua. De esta manera, será posible mitigar la huella negativa de estas actividades y promover un desarrollo sostenible para el futuro del país.
Esto solo será posible con el destierro del clientelismo político de nuestra vida pública y fundamentar esa actividad en una visión de desarrollo sostenible, donde el centro de las políticas públicas sea el ser humano, su presente, su futuro, su calidad de vida y su hábitat. Ese es nuestro reto.