De las posiciones dominicana y haitiana, oficiales y extraoficiales, hechas públicas en diversos medios sobre el diferendo en torno al canal en construcción en el río Dajabón, queda claro que, consciente e inconscientemente, las informaciones y determinadas interpretaciones de los hechos han sido más que deficientes. Nada extraño que esto suceda, porque esta puntual divergencia entre los dos países está centrada en la cuestión agua, un bien cuyo uso abusivo en el mundo se hace cada vez más costoso y escaso. Y, precisamente, por la naturaleza del contencioso es que resulta imperativo abandonar posiciones y expresiones verbales tremendistas o de trinchera y abocarse a enfrentar el tema en los cauces de la diplomacia. En cualquier escenario.
La parte dominicana, a través del comunicado de Cancillería respeto a la construcción de canal para trasegar agua del rio Dajabón o Masacre, se queja de la falta de transparencia de la información hasta ahora suministra por la parte haitiana sobre los alcances y naturaleza del canal, a la cual esta se comprometió suministrar hace algo más de dos años. Ante esa circunstancia, esta exige la información inmediata y la paralización de la construcción hasta que la entregue, al tiempo establecer que esa toma de agua significaba un trasvase del agua del río, algo que, sin datos públicos detalladamente convincentes, avalan técnicos dominicanos. Estos agregan, además, que la construcción del canal requiere de un dique para poder lograr un nivel que permita el flujo de agua hacia su destino final.
A la declaración en el plano diplomático, le siguieron acciones en que el gobierno dominicano exhibe su fuerza política y sus músculos en términos bélicos. La parte haitiana, ha insistido en lo que entiende su derecho al agua, alegando que la otra parte tiene 11 tomas del curso del líquido de la cuenca que separa y al mismo tiempo une ambos países y, por consiguiente, apoya la construcción del canal. Informa dónde están esas tomas, pero no da las informaciones requeridas para la continuación de la obra. Inicialmente, el gobierno haitiano se desligó de los trabajos para su construcción, pero ahora dice apoyarla. Sin más. Circula un documento de una profesional haitiana que fija posición sobre el contencioso, pero a pesar de sus momentos de enjundia, el texto carece de informaciones esenciales sobre la obra.
Sin más, en el documento se dice que lo construye en empresa cubana. El punto fuerte del texto es que plantea el tema de las tomas de agua de la parte dominicana, a lo que me referiré más adelante, como elemento en que se basa para justificar ética y moral y legalmente el derecho de la parte haitiana del disfrute del agua de un rio cuya cuenca y cause es transfronterizo. Creo que este es un punto importante en el reclamo de esa parte y también para la discusión global del tema. Sin embargo, eso no la exime de dar la información adecuada y técnica sobre el impacto que podría tener el canal sobre el cause del rio y, no menos importante, establecer claramente quien lo hace y para qué, pues sería moral y políticamente inaceptable que sectores privados usen para su inicuo beneficio un bien de absoluto carácter social: el agua.
Cuando se aclare esto, se podrá saber si en verdad la construcción en cuestión constituye un trasvase (desvío completo del rio), como se afirma sin mayores detalles en el comunicado de Cancillería, o si es una toma similar a las 11 que sobre la cuenca compartida existen en la parte dominicana. Algunos dicen que estas construcciones no están en zona transfronteriza, un argumento poco sostenible, pues según juristas internacionales “Los ríos transfronterizos, también llamados sucesivos o ríos internacionales en sentido estricto, son aquellos que nacen en un Estado, atraviesan la frontera con otro, y fluyen por otro Estado”. Debe llegarse a un acuerdo sobre esta cuestión, porque no se puede mal interpretar temas que podrían ser puntos de encuentro para llegar a un acuerdo justo y duradero.
El 60% del agua dulce del mundo atraviesan fronteras, la complejidad de estos problemas ha determinado que sólo un 40% de los litigios sobre este tema han sido resueltos. Estamos, pues dentro de un peligroso porcentaje y del mismo debemos salir con inteligencia y alto sentido del papel de la diplomacia. La fuerza no conduce a nada, sólo agrava la situación de los más pobres, sobre todo si se llega a niveles de guerra en la que el pobre soldado es carne de cañón, las familias de estos y la sociedad toda. Algunos impenitentes y genéticamente fabuladores publican twitters, diciendo que estamos en guerra al relacionar la explosión del depósito de gas en San Cristóbal con el actual diferendo en torno al canal.
Estamos en una situación que puede tornarse inmanejable para las partes por lo cual, en las informaciones, precisiones y los datos objetivos está la clave para tomar decisiones con resultados sostenibles en el tiempo y al margen de la presión de sectores que, además de levantiscos, son esencialmente irresponsables. Lleguemos a un acuerdo en la Mesa Hídrica Binacional para evitar el traumático camino hacia un arbitraje internacional de imprevisibles consecuencias.