En la primera mitad de este año uno de los casos más mediáticos del país ha sido el de la supuesta neurocientífica dominicana con un supuesto título de doctorado que se dedicaba al tratamiento de niños en el espectro autista. Este caso me ha llamado la atención por dos razones. Primero como padre de un adolescente en el espectro autista y segundo como académico que hace vida científica y que tiene un profundo respeto por lo que representa la ciencia como actividad profesional. En esta ocasión y pasadas ya varias semanas, quiero referirme más a la dimensión académica a la que apunta tan mediático caso.
Más allá de cualquier alegato de tipo ético, normativo o regulatorio que pueda plantearse, entiendo que como sociedad debemos avanzar en una mejor comprensión de lo que significa el nivel de doctorado como expresión de las capacidades científico-tecnológicas de la sociedad. En tal sentido creo necesario en este artículo avanzar en varias direcciones que nos permitan responder algunas preguntas básicas sobre el nivel de doctorado.
¿Qué es el doctorado? El doctorado es el más alto nivel académico de postgrado que otorgan las universidades o entidades con funciones equivalentes en materia de científica en cualquier parte del mundo. Hasta aquí todo claro. No obstante, En términos más específicos el doctorado es un título de nivel de postgrado cuya obtención se obtiene después de superar entre tres y cinco años de entrenamiento formal y estructurado en un determinado campo de investigación. Dependiendo del marco regulatorio se accede al nivel de doctorado después de cursar estudios universitarios de maestría, habitualmente una maestría orientada a la investigación (Magister Scientiae), además de cumplir otros requisitos como las competencias lingüísticas o requerimientos determinados en matemáticas y ciencias básicas. El doctorado académico se corresponde con el “Doctor of Philosophy” (PhD, DPhil o Dr.Sc) y su propósito es el desarrollo de competencias avanzadas para la producción de conocimiento tanto de tipo científico como tecnológico. Habitualmente la mayoría de los doctores una vez concluido su entrenamiento y obtenido su título se incorporan a la vida académica en las universidades y entidades afines. Otra proporción menor desarrolla carrera en la industria, concretamente en los sistemas y estructuras de I+D (investigación y desarrollo) en sectores económicos intensivos en conocimiento relacionados principalmente con la manufactura (agroindustria, petroquímica, farmacéutica, automotriz, aeroespacial, etc.) o servicios tecnológicos avanzados.
Existen otras denominaciones equivalentes al doctorado académico de postgrado como el Doctor en Administración de Negocios (DBA) o el Doctorado en Educación (Dr. Ed), entre otras, que se corresponden en equivalencia, pero más centrados al ejercicio profesional, liderazgo y gestión. Los doctorados académicos (PhD) tanto en el mundo de las finanzas como el mundo de la educación no pueden confundirse con los doctorados de orientación profesional. En otras palabras, un doctorado de orientación profesional es distinto al PhD, aunque sean equivalentes a nivel de titulación de postgrado. Existe otra gama de títulos de doctorado que no son de postgrado en ámbitos como el derecho o la medicina como ocurre en algunos países como la República Dominicana, no obstante, no constituyen ni equivalen al nivel de doctorado académico. En el caso dominicano destacan los doctorados en derecho y en medicina. Por esa razón a nivel internacional en procesos de homologación en sistemas altamente regulados y formales de países más avanzados, esos títulos de doctorado equivalen al nivel de grado, es decir, a una licenciatura o una ingeniería.
En ningún caso o circunstancia el título de grado de doctor en derecho o en medicina es equivalente a un doctorado académico de postgrado y no pueden utilizarse como sinónimos. En resumen y en términos generales el doctorado académico (PhD, D. Phil o Dr.Sc.) consiste en entrenamiento avanzado de postgrado que persigue desarrollar elevadas competencias profesionales en materia de investigación y producción de conocimiento en ámbitos científicos y tecnológicos (aquí se deben incluir las ciencias sociales y las humanidades) y no puede confundirse ni con los doctorados de orientación profesional (DBA, Dr. Ed., etc.), ni con los títulos de grado de doctorado en derecho o medicina que son equivalentes a licenciaturas a nivel internacional.
¿Cómo se regula el doctorado? La regulación del nivel de doctorado abarca dos cuestiones fundamentales. Los requisitos de acceso y posteriormente y de modo más relevante, su articulación formal a los sistemas profesionales de investigación científica en las instituciones que lo desarrollan. Ya hablamos del requisito formal de acceso que consiste en una maestría de investigación y el dominio de competencias lingüísticas, entre otros requisitos. Sobre la maestría orientadas a la investigación (M.Sc.) se debe enfatizar que este es el primer nivel de regulación en cuanto al acceso al doctorado y de ahí su importancia. Sin un sistema robusto de este tipo el camino del doctorado suele tornarse más complicado y tortuoso. Es por esa razón que habitualmente NO se accede al doctorado con los llamados títulos de maestría de orientación profesional, como pueden ser un MBA (Master in Business Administration), así como tampoco con los llamados certificados de estudios graduados o los más conocidos títulos propios que emiten universidades del ámbito europeo (aquí son más conocidos los títulos propios de universidades y centros privados españoles) que son válidos para el ejercicio profesional pero no para acceder al nivel de doctorado.
En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (Acuerdo de Bolonia), las regulaciones para todos los países son más que claras y una maestría de investigación suele estar integrada por entre 90 y 120 ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos). Por esa razón las maestrías de este tipo suelen tener una duración de entre 18 y 24 meses con un peso sustancial en los créditos que se corresponden con la formación investigadora, en los que se enfatizan los aspectos metodológicos. En ellas tienen más peso los cursos (asignaturas) de contenido metodológico (métodos cuantitativos y cualitativos, dependiendo del campo) y la tesis como trabajo de validación final de las competencias investigadoras adquiridas.
En resumen, una maestría que se autodenomine M.Sc. y no tenga el peso metodológico correspondiente no es otra cosa que una maestría de orientación profesional y sólo las maestrías de orientación académica ofrecen acceso directo al doctorado. En algunas circunstancias se confiere el acceso al doctorado con maestrías profesionales, pero requieren superar al menos un año adicional de cursos de formación metodológica y la continuidad a nivel de tesis depende de si se supera dicha formación.
¿Cómo se valora la aprobación de un programa de doctorado? Con respecto a esta cuestión debo ser claro y enfático: un doctorado NO es una oferta académica a la usanza. El doctorado es el epítome de un programa de investigación activo, integrado por líneas de investigación muy bien definidas, las cuales son ejecutadas por grupos de investigación debidamente regulados y a su vez compuesto por doctores que ejercen de modo activo y profesional la investigación científica. La manera de constatar si un programa de investigación que conduce al nivel de doctorado reúne o no las condiciones para ello es por un proceso de simple inspección: la verificación de los resultados de investigación en medios arbitrados e indexados. En otras palabras, para verificar si un programa de investigación relacionado con una institución de educación superior puede impartir un doctorado en el área de su competencia basta con responder tres preguntas básicas:
- ¿La propuesta de doctorado se basa en un programa de investigación formalmente constituido?
- ¿El programa de investigación en que se basa la propuesta de doctorado está organizado por grupos de investigación regulados e integrados por un claustro de doctores activos en investigación?
- ¿Cuál ha sido la producción científica de los últimos años de los grupos de investigación afiliados al programa de investigación y que sustentan el eventual doctorado?
Vale aclarar que estos grupos de investigación no son grupos profesorales de prácticas pedagógicas, sino espacios comprometidos por unas líneas activas de investigación que tributan a los programas. A partir de estas tres preguntas básicas se añaden otros elementos que pueden condicionar de modo significativo la viabilidad de un programa de doctorado, tales como la verificación de las infraestructuras de apoyo a la investigación tales como la calidad de los servicios bibliográficos (acceso a bases de datos internacionales), así como las facilidades y servicios de laboratorios de apoyo a la investigación. En estos temas el país tiene grandes oportunidades de mejora y este ámbito por sí mismo es el que constituye el mayor desafío institucional para la implementación mínimamente apropiada del nivel del doctorado. Una de las razones se debe a la limitada cultura en materia de desempeño científico de nuestro sistema en dónde la actividad investigadora inclusive de maneja como una experiencia docente.
¿Cómo estamos como país con respecto al desarrollo de capacidades para el nivel de doctorado? La respuesta a esta pregunta es compleja, pero nos podemos aproximar de modo indirecto. A lo largo de la última década y media el país ha experimentado un avance significativo en el desarrollo de una cultura científica, gracias a la implementación de herramientas como el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT) e instrumentos de planeación como el pasado Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PESCYT-2008-2018), por parte del MESCyT. Aquí los interesados pueden encontrar una revisión exhaustiva sobre el contenido y evolución del marco de políticas públicas dominicana en materia de ciencia, tecnología e innovación hasta el 2020. El gráfico a continuación presenta la positiva evolución de las capacidades científico-tecnológicas del país medida a través de los resultados en materia de publicaciones en medios arbitrados internacionales indexados en Scopus, sistema de información de referencia mundial.
Figura 1. Evolución de la producción científica de la República Dominicana 2000-2022
El gráfico 1 envía un claro mensaje positivo de avance y de logros gracias a instrumentos como los indicados, así como gracias a la afortunada continuidad institucional de las políticas públicas. Sin dudas al respecto puede afirmarse que a partir del año 2008 el país vive su mejor momento en producción científica y esto es un hecho objetivo que constituye un gran avance. Los resultados del gráfico 1 también indica que se ha incrementado el quehacer científico lo que es un indicador de más doctores haciendo vida académica en el país o de forma vinculada con el país. Más no podemos decir.
Dicho esto no dudo del compromiso público en promover una cultura científica, ni tampoco del genuino interés de las universidades en moverse en esa dirección, pero aquí el sistema dominicano confronta un reto sistémico que incluye superar una cultura institucional alejada del desempeño científico y más bien centrada en un modelo docentista mal remunerado que cumple un función social importante, pero que impide dar el salto que en calidad requiere el sistema dominicano para hacerse más competitivo regionalmente y para articularse de modo más eficiente con los sectores productivos. Para entender la magnitud de este reto sistémico y cómo afecta el desarrollo del nivel de doctorado, basta con una mirada al contexto regional, para notar la enorme brecha que tenemos como país en materia de desarrollo científico y tecnológico tanto con los países socios del DR-CAFTA como con países de nivel medio de la región en los que respecta a capacidades científico-tecnológicas:
Figura 2. Comparación de la producción científicas entre países seleccionados (2000-2022)
La figura 2 es elocuente y no hay mucho que añadir a los hechos que se presentan. En 2022 la producción científica costarricense fue más de cuatro veces la dominicana (panel A) esto sin considerar cuestiones como la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, secretos industriales, etc.), un tema que no abordo aquí. Cuando incorporamos en la comparación un país de la región de nivel medio de capacidades científico-tecnológicas como Colombia (panel B de la figura 2), se aprecia el cambio de escala de cientos a miles, lo que indica la muy positiva evolución en el caso colombiano para el mismo período de tiempo, caso que he incluido con conocimiento de causa.
A principio de los años 2000 en Colombia se produjo una proliferación importante de ofertas de doctorado que en muchos casos eran de cuestionable calidad. Afortunadamente el ente regulador de entonces, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS (1968-2019) y actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, desarrolló una ingente labor de control de calidad basada en el cumplimiento de estándares internacionales de cumplimiento, control de desempeño con un enfoque fuerte en la organización programática de líneas y grupos de investigación en el sistema universitario colombiano que continua hasta la actualidad. Como resultado el sistema universitario colombiana se ha venido consolidando como uno de los más competitivos de la región lo que se evidencia en su desempeño científico. De hecho, en el top 10 de las mejores universidades de América Latina dos son colombianas (la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes). A los interesados en el caso colombiano recomiendo la lectura del artículo aquí referido.
En resumen y sin dudas nuestro país ha dado pasos de avances en materia de desarrollo de capacidades científico-tecnológica que pueden servir de base al doctorado y recientemente se han desarrollado iniciativas interesantes tales como la implementación de la carrera nacional de investigación, todo esto es condición necesaria pero no suficiente, dado que la carrera de investigación tiene un alcance muy limitado y no vinculante ni con el sistema de carrera y servicio civil administrativo del estado dominicano como tampoco lo tiene con la inexistente carrera académica en la mayoría de universidades dominicanas (las que tienen algo parecido a un sistema de carrera académica funciona más bien como un sistema nominal que aún no incorpora un esquemas de evaluación competitiva basado en estándares básicos internacionales de desempeño académico).
¿Cómo podemos avanzar como país para contar con doctorados de calidad? Nuestra recomendación es que el Estado dominicano declare de interés público el nivel de doctorado y conforme una comisión de alto nivel encabezada por el MESCYT para su control y verificación y cuya tarea temporal y principal junto con los demás actores del sistema sea primero la generación de un marco normativo exclusivo sobre la calidad del doctorado que sea comparable a las mejores prácticas regionales y en segundo lugar, la creación de los instrumentos de política pública que estimulen un desarrollo competitivo del doctorado articulado a los retos que en materia de competitividad, innovación y sustentabilidad confronta la sociedad dominicana.
¿Cómo elevaremos la competitividad estructural de los sectores económicos con potencial de desarrollo científico y tecnológico e innovador del país sin el capital humano con las competencias y sin el entrenamiento avanzado formal para ello? ¿Cómo podemos atraer inversión extranjera que no sólo sea “real estate” y que además sea altamente cualificada en manufactura y servicios tecnológicos avanzados? ¿Cómo elevaremos de forma seria la competitividad y calidad del sistema dominicano de educación superior sin los recursos de alto nivel comprometidos con la excelencia académica y el rigor científico? En términos de desarrollo e inclusión ¿Cómo escaparemos de la trampa de la renta media sin la implementación de un modelo de desarrollo que nos haga transitar por una economía más innovadora e intensiva en el uso del conocimiento? En resumen, el desarrollo del nivel de doctorado debe ser una política de estado en la República Dominicana por su impacto estructural en la sociedad y en la calidad del sistema de educación superior e instrumentos como el FONDOCYT y la carrera nacional de investigadores tienen que tender a la convergencia para la creación de un sistema vinculante de alcance nacional.
Un ejemplo de modelo de instrumento de política pueden ser los doctorados interinstitucionales desarrollados con apoyo público. Hace unos años y junto con valiosos y comprometidos colegas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presentadas aquí en orden alfabético, tuve la oportunidad de contribuir con el lanzamiento del primer doctorado interuniversitario dominicano en el ámbito de las matemáticas, bajo el auspicio del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCTYT). Ese programa se concibió como una alianza entre estas tres universidades daban cuenta y aún lo hacen, del grueso de la producción científica nacional tanto en la investigación básica como aplicada de las matemáticas.
Las tres universidades indicadas, contaban en ese entonces (y creo que aún cuentan) con claustros de doctores estables, grupos de investigación y estructuras de apoyo a la investigación, sin las cuales el doctorado sería una fantasía y como mucho una ilusión. Por tanto, era más que lógico que las tres universidades se aliaran en este tipo de programas ideado desde las capacidades existentes a escala país en materia de investigación en el campo de las matemáticas. Este tipo de modelo colaborativo genera economías de escala y agregación en materia de calidad y de capacidades, ya que ninguna de las tres universidades de modo individual era suficientemente competitiva a nivel regional para un doctorado en matemáticas. Más aún si en los Estados Unidos y Europa las grandes universidades suman capacidades en materia de investigación para la oferta conjunta del nivel de doctorado, con la tradición y recursos que poseen, lo sensato es que en dominicana ocurra lo mismo, independientemente de que una universidad considere que tiene condiciones para un determinado ámbito relacionado con el desarrollo de un eventual programa de doctorado.
¿Existe el riesgo de devaluación del doctorado en el país? Con base en mi experiencia puedo afirmar que en nuestro querido país existe un riesgo de masificación del doctorado y de su eventual devaluación académica y profesional como ocurrió con el nivel de maestría. En cierto modo la masificación del nivel de maestría estuvo relacionada con la entrada en vigor de la Ley 139-01 sobre educación superior, ciencia y tecnología que demandó nivel de maestría a los profesores universitarios, con lo cual el mercado comenzó a generar una oferta desmedida de programas de postgrado de cuestionable calidad. Es posible encontrar profesionales con nivel de maestría desarrollando actividades profesionales poco especializadas que pudieran desarrollar sin necesidad de ella, así como profesores universitarios con el grado de Maestría en Educación Superior, impartiendo docencia en áreas como la economía, la ingeniería o en las ciencias básicas. Algo parecido a comenzado a ocurrir con los doctorados en educación y esto debe parar ya que inclusive se afectan los procesos de acreditación académica a nivel internacional.
Pero ¿qué es la de devaluación de un título universitario? En términos simples es la disminución de su tasa de retorno. Veamos esto con un poco más de detalles. En economía se estudian las llamadas funciones de retornos mincerianos desarrolladas por Jacob Mincer (1922-2006), que de modo simple se pueden definir como una ecuación de regresión que permite estimar el nivel de ingresos en función de los años de escolaridad y experiencia de los trabajadores. Para el caso dominicano un estudio de 2017 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que un año adicional de educación universitaria en el mercado laboral dominicano genera un retorno que puede ser ocho veces mayor que el que genera un año adicional de educación primaria o secundaria. Dicho de otra manera, el retorno medio de ingresos por hora de trabajador por un año adicional de educación primara es del 2.3%, el de educación secundaria es del 4.3% y el de la educación superior es del 18.6%. Estos niveles de retorno indican con claridad que la educación superior es una buena apuesta para la movilidad social y también explica el florecimiento de un mercado más amplio de oferta de títulos de grado y de postgrado para el caso dominicano. No obstante, es posible que la tasa de retorno tienda a la baja debido a problemas de calidad de la oferta con lo cual cuando esto ocurre estamos en presencia de un proceso de devaluación.
De hecho, el mercado laboral tiende a ejercer un tipo de distinción que indirectamente aproxima la cuestión de la calidad en función de la universidad de procedencia y que muchas universidades miden a través de sus tasas de empleabilidad de egresados durante su primer año, pero eso es otro tema. ¿Llegará el momento en el que veremos a una persona con doctorado ejerciendo labores que perfectamente puede llevar a cabo un profesional bien formado de nivel de grado o de maestría de calidad? Creo que es posible como ha ocurrido con el nivel de maestría.
Soy un convencido de que en el país contamos con universidades serias y comprometidas y con un sistema cada vez más maduro, pero eso no es suficiente ni se pueden dejar a su aire. Contamos en el país con autoridades que creo comprometidas, pero tampoco eso es suficiente si no se pasa a las acciones concertadas sobre políticas que regulen tanto el acceso como el control de la oferta de doctorados que comienza a configurarse. Casos como los de la famosa neurocientífica que alegaba un supuesto título de doctorado, que nadie cuestionó en principio y que le permitió vender ilusiones a muchas familias y lucrarse con ello, hablan de los riesgos de hablar a la ligera del doctorado. Más aún es perfectamente plausible que la supuesta neurocientífica consiguiera un “mill degree” en cualquiera de las universidades en línea no acreditadas que los ofrecen y que se hiciera pasar por doctora (lo que hizo de todos modos), algo perfectamente posible en una sociedad con limitada cultura científica. Esto es la punta del iceberg de un problema de fondo que afecta no sólo a la República Dominicana sino a muchos países, por lo cual el sistema debe hacerse impermeable a la informalidad y al irrespeto al doctorado como institución académica.
Finalmente, nuestro sistema de educación superior ha dado pasos de avance, pero aún no supera las limitaciones de un modelo docentista que ha dado frutos positivos y que continuará dándolos pero que al ser de baja intensidad investigadora es insuficiente para el nivel de doctorado. No se puede hablar del doctorado a la ligera, se debe presentar todo el respeto a un nivel de formación que es sagrado en cualquier sistema de educación superior medianamente desarrollado. Debemos aprender de casos como el colombiano y el chileno que entendieron la magnitud de la responsabilidad que supone el desarrollo del nivel de doctorado. El país ya inició ese camino y debemos hacerlo bien. Procuremos pues una política pública estructurada y consensuada sobre la calidad de nivel de doctorado y su implementación. Es posible prevenir el riesgo de devaluación del doctorado y con ello mejorar el nivel de las maestrías que se ofrecen en nuestro país.
[1]En junio de 2022 publicamos un artículo sobre el nivel de doctorado en la República Dominicana del que se reproducen algunos fragmentos en este trabajo.