Prácticamente todas las noticias en relación con la Cámara de Cuentas en las últimas dos décadas en nuestro país han sido negativas, salvo excepciones, a pesar de que producto de múltiples reclamos de la sociedad civil y como parte de los procesos de reforma del Estado que se aprobaron desde inicios del presente siglo, se promulgara un nuevo marco legal para regir dicha institución, la Ley 10-04.

Y es que desde su génesis surgió el conflicto, pues a pesar de que el consultor internacional que fungió como coordinador técnico del proceso de modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas que hizo aprobar esa reforma, renunció por supuestas acciones irregulares del entonces bufete directivo de la misma, y de que en su carta de renuncia advirtiera sobre la necesidad de cambiarlo, y de incluir profesionales que gozaran del “respeto y credibilidad de la sociedad dominicana, por su trayectoria y prestigio”, pues de lo contrario “se imposibilitaría la aplicación de la nueva ley”, no solo no se ordenó una investigación respecto de estas denuncias, sino que el Senado las desoyó y ratificó el cuestionado bufete.

Ese hecho retrata lo que ha sido el discurrir de la Cámara de Cuentas, plagado de conflictos en torno a sus miembros y su gestión, lo que es sumamente grave pues esta institución de conformidad con lo que dispone nuestra Constitución tiene una importantísima función, como órgano superior de control externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

Y precisamente la importancia y delicadeza de sus funciones en parte han marcado la incorrecta selección de sus miembros, buscándose que sean complacientes, y no se trata solamente de la vinculación política partidaria de estos, pues paradójicamente probablemente la mejor presidencia de dicho organismo fue la de una reconocida militante política, que tenía experiencia de Estado, competencias y liderazgo, que promovió ciertos avances institucionales.

Como es un hecho conocido, la presente administración desde el primer día de su gestión envió una clara señal de respeto a la independencia del Ministerio Público, nombrando como Procuradora General de la República a una experimentada magistrada que goza del reconocimiento público por su recta trayectoria, así como a procuradores generales adjuntos a cargo de la persecución de la corrupción de sólida preparación y reconocida firmeza, y desde entonces en un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática, múltiples investigaciones y sometimientos han sido realizados por alegados crímenes y delitos cometidos contra el Estado.

Incluso, en el interregno que precedió a la designación de la actual Cámara de Cuentas, sucedió el allanamiento de la sede de dicha entidad por el Ministerio Público, en el cual según se informara, se encontraron evidencias de alteración de auditorías con el objetivo de favorecer a personas, encubriendo actos violatorios de la ley, y por eso no sorprende que el nuevo escándalo público con respecto a este pleno que nunca ha logrado la armonía, surgiera precisamente por diferencias respecto de auditorías, maquilladas según algunos, y retenidas al decir de otros, días después de la visita efectuada por la Procuradora General y la directora de persecución a dicho organismo.

Si hay algo que queda claro es que ni la reforma ni el proceso para la selección de la Cámara de Cuentas -por el Senado de ternas presentadas por la Cámara de Diputados- han surtido los efectos deseados, y que la idoneidad no se garantiza ni con convocatorias a expresiones de interés, ni con entrevistas públicas, las cuales atraerán cada vez menos a profesionales exitosos e íntegros pues el riesgo de enlodar su reputación, y el temor a no poder realizar cambios en un órgano colegiado que ha sido tan difícil de liderar, serán cada vez mayores, como también lo será el deseo de muchos partidos políticos representados en el Congreso por evitar que este órgano realice rigurosas auditorías y finalmente ejerza un responsable, independiente y eficaz control de los recursos públicos y el patrimonio del Estado.