Muchas veces los temas se satanizan lo que impide tratarlos con objetividad y con una perspectiva amplia que vaya más allá de los intereses personales del que está defendiendo una posición, y por eso los que representan los intereses de ciertos sectores prefieren no arriesgar sus liderazgos, como tampoco quieren correr el riesgo del costo político las autoridades, aunque mantener la cerrazón y el statu quo sea en el fondo más perjudicial para el universo de aquellos que se supone se busca defender.
Desde hace años se habla del problema de que los salarios en la República Dominicana son bajos, de la muy alta informalidad que ronda el 57% de nuestra fuerza laboral, de las pocas oportunidades de primer empleo, y de las acciones temerarias de ciertos abogados laboralistas que desinteresan muchas veces a sus clientes por sumas bajas, para seguir alargando las demandas y engordándolas. Sería lógico entonces que la discusión estuviera centrada en cuales son las causas de estos problemas, y de hacerse objetivamente tendrá que examinarse el impacto de la cesantía en el incremento del pasivo laboral, admitirse que es una de las razones por las cuales los salarios son más bajos, los cuales se acompañan a veces de beneficios y retribuciones complementarias para mantener contenido el crecimiento del pasivo, hay menos interés en dar oportunidades a personas sin experiencia por el temor de la creación del pasivo, y tanta informalidad, y el nivel de conflictividad es tan alto pues el crecimiento exponencial y continuo de la cesantía es causa eficiente de este.
También debería verse el tema con mayor amplitud, pues la problemática antes señalada afecta a todos los empleados, mientras que el pago de la cesantía hoy día en que cada vez son menos los que dedican su vida laboral completa en un mismo lugar y hay una rotación importante de empleados que en promedio no supera los 5 años, en muchos casos tiende a premiar más a los empleados deficientes o malos, que a los excelentes y buenos, pues los primeros hacen cualquier cosa para provocar que les terminen la relación y les paguen sus prestaciones, y los segundos tienen muchos deseos de progresar y no quieren quedar mal, son demandados en el mercado laboral y el pago de las prestaciones no frena su carrera laboral y por eso renuncian.
Nuevas alternativas se han creado para evadir el peso de la carga laboral, entre estas la modalidad de contratación de repartidores por plataformas digitales como contratistas autónomos, lo que en nuestro país se complica por su total irrespeto de las leyes de tránsito, provocando accidentes por su temerario manejo violando sentidos de calles y luces rojas vestidos con los logos y colores de estas plataformas que reclaman no ser responsables por estos. Mientras en otros países desde hace un tiempo se ha prestado atención a este asunto y se han dictado leyes y normas, algunas inspiradas en sentencias para calificarlos como trabajadores, e incluso para establecer una presunción de laboralidad, como aconteció en España con la denominada Ley Rider de 2021, “de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades” a través de una plataforma digital; los sindicatos y las autoridades se mantienen aferrados al mismo discurso evasivo que entiende que no tocando la cesantía se defiende mejor a los empleados, sin analizar a cuantos se está dejando sin defensa y los daños colaterales que su posición conlleva; y dejando desatendidos aspectos tan importantes como estos que ni siquiera han sido incluidos en el debate.
La inteligencia artificial y su efecto sobre la disminución de los puestos de trabajo para las personas que serán sustituidas por esta es ya una realidad, sin embargo como hace falta mucha valentía, responsabilidad y apertura para hacer una ruptura con el viejo discurso, las autoridades, los legisladores y los representantes sindicales prefieren la postura conservadora de asegurar sus votos y sus bases y, por tanto, lamentablemente seguiremos dándole la espalda a la realidad que tenemos enfrente, y sin atender los problemas que esta genera aprobando oportunamente los cambios legislativos necesarios.