Nadie, con un mínimo de sentido de objetividad y de conocimiento, es capaz de negar que en las últimas 6 décadas el estado dominicano ha abandonado su responsabilidad de dotar a la población de servicios salud y de educación de calidad. Ese abandono ha determinado una activa incursión del sector privado en la oferta de esos servicios en condiciones que incrementan las desigualdades sociales y de oportunidades de la aplastante mayoría de la población y encima de eso, globalmente, son de cuestionable calidad. Por eso, en lo referente al de salud ha sido tan generalizado, en término de cantidad y calidad, el rechazo al anuncio del gobierno de su disposición de prestarle $2000 millones a centros privados de ese sector.
Esa intención, más que un desatino en términos político constituye un acto de injusticia porque con ello se premia a un sector que, aquí y en todo el mundo, tuvo un inusitado y cuantioso incremento de sus ganancias durante la pandemia, sin dejar de reconocer las honrosas excepciones de médicos y científicos altruistas del sector. Es injusta porque si se dispone de esos recursos, estos deberían canalizarse hacia la mejora del equipamiento de los centros sanitarios del sector público en todo el país, para la creación de programas y proyectos que mejoren las condiciones de trabajo del personal médico y paramédico y mejorar las inhumanas condiciones de las parturientas y de los ingresados en muchos centros hospitalarios que están en afrentosas condiciones.
Se dice que con la medida se busca modernizar los centros privados del sector para potenciar capacidad su tecnológica, haciéndolos más competitivos en la oferta de turismo de salud, además de promover acuerdos para que amplíen su cobertura a sectores de escasos recursos. Todo eso está muy bien, pero si un sector privado de servicio quiere ser más competitivo y moderno. Para tal objetivo, en el contexto de cualquier sistema político, lo justo es que como todo inversionista sea ese sector el que invierta o se agencie recursos en el sistema financiero. La generalidad del sector privado del país ha hecho del Estado su principal fuente de acumulación originaria de capital, engrosándolo al margen de toda razón, principio o ley. De eso no es ajeno el sector de salud.
Por consiguiente, nada permite pensar que esa inyección de recursos económicos al sector privado de salud, conocido su pasado y presente, impedirá que este siga incrementando su acumulación a través de la explotación a médicos y paramédicos y los altos costes de sus servicios. Las taras de ese sector no se les pueden atribuir al presente gobierno, pero su intención de “premiarlo” podrían profundizarlas. Un inconcebible dislate, por varias razones. Este gobierno además de no ser causante de las taras del sector tiene el irregateable mérito de haber gestionado una pandemia de efectos devastadores, mejor que muchos países con mayores recursos, al tiempo de ser relativamente exitoso en el combate al desastre que por décadas ha discurrido nuestro sistema .de salud.
En tan sentido, constituye un error obviar esa circunstancia y tomar la referida iniciativa. Además, soslayando los diversos escándalos en que los que discurre la práctica privada de la salud, los abusos de las ARS contra los profesionales del área y contra usuarios necesitados de urgencias médicas “rebotados” inmisericordemente de un centro a otro porque no pueden pagar la exorbitante cantidad de dinero que se les exige para ingresarlos, provocando la muerte de alguno de ellos, como el reciente caso del destacado periodista y mejor persona, Conde Olmos. Ese, y muchos casos más, provocan la sensibilidad y el justificado rechazo de mucha gente dentro y fuera de este gobierno a tan desacertada iniciativa.
Las lacras del sector privado de salud son estructurales, como también lo son los del sector privado de la educación, por lo que el enfrentamiento de ellos no es solamente tarea de este de gobierno, sino de la clase política y la sociedad civil. En dos servicios se han formado gremios que, sin importar el partido a que pertenecen, se baten básicamente por mejoras salariales que es de parte de sus deberes, hay que reconocerlo, pero no paran mientes para hacer huelgas reiteradamente en demanda salariales sin, de hecho, importarles que la frecuencia de esas acciones afecta fundamentalmente a los pobres, privándoles de los insoslayables derechos a la educación y a la salud de calidad.
En ese sentido, la complejidad de los referidos servicios, la diversidad de actores y de miras existentes en el manejo de ellos, determina que toda iniciativa dirigida a mejorarlos deban hacerse en el marco de un serio acuerdo entre la sociedad civil y las diversas fuerzas políticas del país, no de manera improvisada y sin que se discutan de modo plural en los diversos espacios de participación política y social existente que, a pesar de todo, son más numerosos que en la generalidad de los países de la región