Es una idea común y generalizada el considerar que la vida y sus avatares terminan con la muerte. Nada más lejos de la realidad. Cuando nos llega el momento, a pesar de que ya no estamos, seguimos teniendo los mismos problemas que tenemos en vida. Problemas burocráticos, diligencias con número de cédula, dirección de residencia y, lo más importante, ubicación de nuestra última morada en el terreno del cementerio.
De toda esta vida después de nuestra muerte se ocupan dos instituciones, la Junta Central Electoral (JCE), para el caso de las expediciones de actos de la vida y muerte civil, y los ayuntamientos, para el caso de temas relacionados con la gestión de los cementerios y sus correspondientes enterramientos, en sus diversas formas. Estos servicios públicos, como es natural, deben tener un costo, para que puedan ser llevados a cabo de manera eficiente. Pero, ¿es realmente eficiente el servicio público de nuestra vida después de la muerte? ¿Y qué tal si la corrupción administrativa tiene metástasis en estos procesos burocráticos, de manera que la eficiencia en el servicio brilla por su ausencia? ¿Qué hacen los ayuntamientos y la JCE con nuestro dinero una vez nos vamos de este mundo?
Generalmente se llevan a cabo investigaciones sobre las dinámicas de funcionamiento de organismos estatales con incidencia sobre el manejo de presupuestos para la ejecución y aporte de servicios públicos específicos, pero que involucran altas, astronómicas sumas de dinero. En cambio, servicios que no son muy visibles, pero que forman parte del día a día del ciudadano común, y que también se encuentra permeado por la corrupción, no son tomados en cuenta. Este servicio es el de la vida de nuestros muertos.
Luego del fallecimiento de nuestros familiares pasa el tiempo y ya asumimos que ellos no están. Pero siguen, seguimos siendo víctimas de la corrupción administrativa cuando debemos pagar ingentes sumas de dinero para la expedición de actas de defunción, pago de impuestos sucesorales de bienes y derechos de los cuales el Estado no responde más que para cobrar por ellos. Y qué decir de los obsoletos y desarraigados procedimientos para las inscripciones de actos civiles de fallecimiento: que el registro debe ser en tantos días y si no se lleva a cabo es tardío y paga otros impuestos, que si el enterramiento no se hace en tantos días luego del fallecimiento entonces otro invento más. La cuestión es cobrar.
Y mientras esto es así, el ayuntamiento, responsable del mantenimiento y funcionamiento de los cementerios, y la Junta Central Electoral, responsable de la documentación oportuna sobre el estado de vida o muerte de los ciudadanos, realizando estos cobros de altas sumas de dinero para llevar a cabo cualquier gestión, sin que sus trámites administrativos cuenten con la eficiencia que requieren los tiempos de la modernidad tecnológica que vivimos. Basta visitar ese Cementerio Cristo Redentor, donde las actas y los libros de registros de defunciones son papeles deshechos de tanto hojeo, y no hay una computadora o personal que digitalice los datos que con cada hora se van sumando, mientras el personal sí tiene tiempo de más para chatear o ver todo tipo de vídeos en sus celulares durante la jornada laboral. ¡Da pena y vergüenza observar esa realidad!
Una pregunta que es posible hacerse es qué hace el ayuntamiento con el dinero que cobra por los derechos a lugares específicos de enterramiento, si ni siquiera tiene las herramientas necesarias para trabajar como corresponde a los tiempos tecnológicos que vivimos. O acaso 20 años de tecnología no bastaban para computarizar todos los archivos que tienen en sus arcas de datos. Es hora de ponerse a trabajar, porque los fallecimientos, así como los nacimientos que sí están registrados, no se detienen.
Y qué decir de las oficinas de la JCE en la sección de defunciones. Un empleado por computadora para un proceso diferente, validar un acta, esperar a que la oficina central de la Plaza de la Bandera certifique, mientras el usuario debe hacer un regalito, una manzana por ejemplo, al empleado que hace la gestión, para que su documento sea diligenciado antes del de quien llegó antes, pero que espera pacientemente a que la corrupción le quite su turno.
Esto es una denuncia, por si alguien no lo ha entendido. Una denuncia de corrupción administrativa en las oficinas del Ayuntamiento y la JCE que carcome la gestión de las defunciones en todos sus procedimientos de estas dos instituciones. Ojalá que algunos de los periodistas que investigan estos desmanes les echen manos a estos delincuentes institucionales.