Lució muy convincente la presentación realizada por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ante la Cámara Americana de Comercio, sobre las razones que justifican una reforma fiscal.
Aunque, vamos a ser francos, a nadie del público ahí presente había que convencer de algo que es harto sabido desde hace tiempo: que con el actual sistema fiscal la República Dominicana no va pa’parte, empresarios incluidos.
Al menos, empresarios en el verdadero sentido de la palabra, pues cuando se trata de acumuladores de riqueza por cualquier vía a su alcance, sin ningún sentido de compromiso ni de pertenencia a una sociedad, entonces ahí sí tenemos un campo fértil.
En lo que quizás hacía falta insistir para ser convincentes es que esto es un asunto de todos, y que a quienes más corresponde contribuir es a quienes más tienen, para evitar que, pese a todos estar conscientes, cada uno esté entonando por su lado el verso de que a mí no.
La propia presentación induce a pensar que el Gobierno ha optado por una reforma de mínimos, tendente a evitar que algunos problemas se compliquen. Supongo que ha quedado claro que, con un coeficiente de gasto fiscal tan bajo, no importa el uso que se le dé, ningún país ha roto nunca las murallas que impiden el desarrollo, pues la propia acumulación de riquezas exige de un Estado en capacidad de proveer bienes públicos fundamentales, incluyendo el ambiente de seguridad jurídica, personal y tranquilidad requerido para el desarrollo y disfrute de las riquezas.
Incluso a la clase media que, aun a sabiendas de que históricamente todos los golpes se le pegan, hay que insistirle en que su bienestar depende mucho de una adecuada combinación de bienes públicos y privados, pues poco se disfruta teniendo yipetas si es para pasarse la mitad de la vida en tapones, sin suficientes calles, avenidas, puentes, orden y seguridad para disfrutarlas.
Al tiempo en que el ministro de Hacienda hacía su exposición, me encontraba en Moca presentando, con los auspicios del Ateneo Insular y el Colegio de Economistas, mi libro recién publicado Consumo familiar, desafíos fiscales y la economía en un mundo convulso, de cuyo discurso extraigo los siguientes párrafos que aplican al caso.
En América Latina, y en nuestro país en particular, el débil contrato social ha planteado históricamente que todos esperamos mucho del Estado, pero nadie manifiesta disposición a fortalecerlo y financiarlo. Mucho se ha hablado y escrito sobre la necesidad de un nuevo pacto fiscal, pero queremos tener servicios del primer mundo, al tiempo de pagar impuestos del tercer mundo.
En momentos de apremios, todo el mundo aspira a que el Estado vaya a su rescate, difícil en un país con un Estado provisto de escasos recursos y sobreendeudado, donde la gente piensa que la solución de todos sus males comienza por no pagar impuestos: los ricos, porque necesitan incentivos para prosperar; los pobres, porque son pobres, y la clase media, porque entiende que ya carga muy pesado.
Al final, cualquier excusa es válida para no pagar impuestos y hasta la evasión se justifica bajo la premisa del mal gasto o la excesiva corrupción. La pandemia parecía ofrecernos una oportunidad para que comenzáramos a mirar con nuevo prisma el accionar del liderazgo político, reconsiderar la tolerancia frente a la evasión fiscal, la corrupción y el mal gasto de dinero público.
Pero no ha ocurrido así, la dirigencia política y gran parte de la sociedad entiende que el dinero público es para obtener beneficios privados, antes que suministrar bienes públicos a la población.
Todo ciudadano está en el deber de reclamar el buen uso de los recursos públicos, independientemente de que pague muchos o pocos impuestos. Negarse a pagarlos, bajo la excusa moral de la existencia de corrupción, tiende a agravar el problema en vez de resolverlos.
Naturalmente, para resolver los problemas del país se requiere mucho más que gastar bien lo poco que se tiene. Si bien la calidad del gasto tiene mucho espacio para mejoras, bajar su nivel no es una opción recomendable, en un país en el que los gastos públicos son bajísimos.
A su vez, no hay forma de pacto fiscal sostenible si no se atienden los requerimientos financieros de la seguridad social. El sistema de seguridad social dominicano es insostenible. Con precarios salarios, baja tasa de cotización y una gran informalidad laboral y empresarial, las pensiones alcanzarán a pocos y alcanzarán para muy poco.