A) Antes, durante y después de la pandemia en curso, debió habilitarse una serie de tratamientos ambulatorios  de tipo psicológico en la población utilizando profesionales del ramo y tratar los casos como una afectación de salud pública típica en medio de un mal generalizado a escala universal como secuela inmediata del virus. Hubiéramos sido pioneros en esa iniciativa pero hay tiempo de actuar, todavía.

La gente que anda mal y muy mal de la cabeza se multiplica conforme transcurre el tiempo. Este es un mal “invisible” porque no se le pone caso, simple y sencillamente. Su secuela suele ser violenta, depresiva, abrumadora.

B) Debería declararse de utilidad pública o al menos impedir por ley o decreto que se siga utilizando las tierras vertisoles, clase A, que hay en zonas de Santiago, Moca y áreas del nordeste.

De estas tierras de altísima vocación agrícola, con una capa de humus excepcional que llega hasta los nueve metros, se calcula que sólo hay tres lugares en el mundo con ellas:

El Valle del Cauca, en Colombia, el del Cáucaso, en Rusia y del Cibao, en la República Dominicana, (o sea, las tres C) en áreas cada vez más reducidas por el proceso de urbanización, que no debe continuar. Un privilegio que acaso merecemos ¿o no?

C) Se requiere una mayor atención al problema del ruido a través de la educación ambiental, que  es urgentísima para no crear una generación de sordos, esquizofrénicos, perturbados de todo tipo por el maldito ruido, sobre todo de las calles y especialmente del concho y los interurbanos, que no son únicos.

Supuestamente hay en los cabildos un área dedicada al medio ambiente llena de burócratas, en la mayoría de los casos y ninguna vigilancia de sus atribuciones.

La gente se molesta pero asume una actitud pasiva ante estas agresiones injustificadas en su contra..

Se requiere agregar a la ley de tránsito un capítulo que comprenda un examen  con lecciones sobre cuidado ambiental y sobre el daño directo del ruido al sistema nervioso y el oído de la gente.

Hasta a los perros les molesta esa expresión de analfabetismo ambiental de carácter nacional.

D) Debería elaborarse una ley o decreto que prohíba que los presidentes de la República donen, vendan o negocien el patrimonio del pueblo.