El 18 de marzo de 2024 ha dejado de ser una fecha más en el calendario de la República Dominicana y, especialmente, en el de diversas familias del país. La notoriedad de esta fecha no responde a hechos ni a acontecimientos felices; pero, no obstante, será difícil olvidarla; y, mucho más, será embarazoso ocultarla. Lo ocurrido en el día señalado convierte el calendario nacional en una muestra indiscutible de humanos consumidos por el fuego y la indolencia. Este calendario se presenta como difusor de dignidad negada y de desidia estatal, social y ciudadana. Esta fecha rinde cuenta de un hecho que no sorprende a ninguna persona, institución ni autoridades.
Lo preocupante de la fecha es que los consumidos por el fuego, el humo y la indolencia son humanos. Son seres que transgredieron la ley; pero, que mantienen su condición humana, mantienen la dignidad propia de estos seres. Ocurre algo grave. A las autoridades y a la sociedad se les ha olvidado que son personas necesitadas de educación, de la reconstrucción de sus vidas. El mayor porcentaje de los internos de los recintos carcelarios son jóvenes, pobres y con carencias educativas esenciales. Existe una diferencia abismal entre los encarcelados pobres y los de alta alcurnia. Estos últimos, aunque roben millones, encuentran un trato con la tonalidad propia de la casta a la que pertenecen.
El fuego hizo un trabajo rápido. Los encarcelados en La Victoria, amontonados como residuos humanos, reciben, impotentes, la fuerza del humo, del fuego y de la muerte. Este sistema carcelario y la infraestructura carecen de humanidad. Se ubican en la Edad de la Piedra, situación inadmisible en pleno siglo XXI. La contradicción le va a pasar factura al país. Una nación con uno de los mayores índices de crecimiento económico en el continente mantiene cárceles negadoras de la dignificación de las personas. Trata de forma desigual a los ricos y a los pobres que actúan al margen de las leyes. Convierte en masa sobrante a los pobres que pueblan las cárceles dominicanas.
No defiendo ni enaltezco la santidad de los reclusos afectados. Sencillamente solicito respeto a los derechos humanos. Además, solicito una actuación más responsable de parte de las autoridades que responden de la organización, del funcionamiento y de la seguridad integral de las cárceles. El deterioro humano, físico y moral de La Victoria interpela al Estado dominicano y cuestiona, también, a la sociedad, por su indiferencia y pasividad. Reconozco la persistencia de voces aisladas en favor de justicia real y de humanización en las cárceles. Pero, no bastan estas voces solitarias. Es necesario ir más allá, para enfrentar la indolencia global.
Ahora se presenta una nueva oportunidad para repensar y avanzar hacia transformaciones en el sistema penitenciario de la República Dominicana. Es el momento de lograr que la sociedad en general se interese y se organice para lograr condiciones de equidad y de humanidad en el régimen carcelario. En este escenario, también son necesarios los veedores, para que contribuyan a la prevención, a la aplicación de políticas carcelarias más coherentes con el siglo en que vivimos. El poder judicial debe discernir y reorientar su práctica en el país, para que pueda responder conforme a las demandas de transformación del régimen carcelario en todos sus niveles y órdenes. La desigualdad en la aplicación de las leyes hay que erradicarla. Para ello es necesario que los representantes de la justicia le abran espacio a la autocrítica y, al mismo tiempo, a la capacidad de tomar decisiones para introducir cambios significativos en la administración de justicia y de las cárceles del país.
Los consumidos por el fuego, el humo y la indolencia, esperan mejor suerte para los que todavía tienen que enfrentar la inhumanidad de las cárceles de esta nación. Todas y todos hemos de colaborar para que la espera derive en beneficios para toda la sociedad.