La semana anterior el Banco Mundial (BM) publicó el estudio Competencia ¿el ingrediente que falta para crecer? (el Estudio). El presente trabajo resume sus hallazgos y agota un análisis crítico de los planes de gobierno a la luz de sus recomendaciones.[1]
La premisa del Estudio del BM es clara: “la competencia generada por la importación de bienes a bajo costo puede ayudar a la calidad de vida de las familias a lo largo de la distribución del ingreso. La competencia también tiene el poder de empujar a los productores locales a adoptar nuevos productos y tecnologías, elevando la productividad a nivel de la empresa.”
Por lo tanto, la política de competencia es un eje temático de alto interés público y social. El bienestar económico de los ciudadanos depende de la atención de los tres poderes del Estado Dominicano a las instituciones que garantizan la libre y leal competencia.
De acuerdo con el Estudio del BM, y otros anteriores recientemente publicados[2], la región de América Latina Caribe (ACL), y en particular la República Dominicana, exhiben significativas brechas en política y regulación de competencia.
Lo atractivo y novedoso es que la clase política dominicana, al menos programáticamente, asume el reto de mejorar la calidad de vida de la gente desde esta perspectiva. A pesar de lo anterior, los candidatos rara vez asumen un discurso público sobre política de competencia; mientras, la prensa poco se ha interesado en el Estudio del BM o confunde las mediciones sobre competitividad con las de políticas de competencia.[3]
Seis partidos, al presentar sus planes de gobierno, priorizan el bienestar del ciudadano(a) sobre las metas de crecimiento económico, y al hacerlo, han incluido en su propuesta central, las nociones básicas de la política de competencia. En el cuadro sinóptico debajo, el estudioso del derecho constitucional a la libre competencia reconocerá cómo sus fundamentos permean las promesas de los grupos políticos: la libertad de iniciativa, el poder de mercado, sus efectos nocivos, el control sobre prácticas comerciales excluyentes, los beneficios de la eficiencia económica, la justa distribución de los beneficios, el bienestar del consumidor, el bienestar general, la función reguladora del Estado, así como el estímulo a los negocios innovadores y sostenibles.
[1] Estos fueron presentados por los partidos políticos que participarán en la contienda electoral del próximo 19 de mayo, para el cuatrienio 2024-2028, disponibles en el portal de la Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana.
[2] i. Examen inter-pares sobre Política y Regulación de la Competencia en la Republica Dominicana de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y el BM (2024) preparado a requerimiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia).
- “Report on gaps in the Dominican Republic’s current competition law and enforcement framework, with preliminary recommendations to address those gaps.” Prepared for Procompetencia, with support of the US Commercial Law Development Program (CLDP), 18 April 2022, Anderson, Robert D., with Salgueiro, Antonella.
[3] Un concepto asociado y de mayor impacto para el público empresarial que para el ciudadano común.
Las fuerzas políticas dominicanas no deben expresarse como lo hacen los autores expertos en el antitrust o derecho antimonopolios. Como simplifica el Estudio del BM, en una coincidencia con el objetivo en el plan del PFA, la tutela de la libre competencia beneficia a las familias. Cada partido administra un lenguaje propio y cada uno sirve de mediación útil para explicar este tema a la mayoría en el padrón. El lenguaje técnico debe reservarse para los procesos administrativos y judiciales.
De acuerdo con el Estudio del BM, ALC apenas empieza a mostrar señales de estabilización y queda mucho por hacer. A criterio del BM, las reformas estructurales aplazadas durante décadas en torno a cuatro temas: infraestructura, educación, regulación y política de competencia, son la causa-raíz de los letargos en el desarrollo de la región. Llama nuestra atención que todos los planes de gobierno aportan diagnósticos y soluciones en torno a los otros dos problemas estructurales identificados por el BM: el desarrollo de infraestructura y la educación. Sin embargo, no hay una clara cascada estratégica y operacional sobre regulación y la política de competencia en los planes.
Para los déficits en educación e infraestructura, se proponen metas cuantitativas, proyectos de leyes, reglamentos, planes, etc. Los déficits de bienestar económico de las familias, superables con la reforma a la Ley General de Defensa de la Competencia, como identifican la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el BM, no aparecen en los planes.
Ojalá que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) cubra el tema en el debate televiso a difundirse mañana con los candidatos a la presidencia de los tres partidos mayoritarios.
El único plan de gobierno que de algún modo dedica un apartado al mandato del artículo 50 constitucional, que consagra la libre empresa, competencia y su regulación, es el del POD[1] Aún con esta excepción, los programas no pasan de un reconocimiento básico de la tutela, con escaso examen de sus instrumentos, resultados y brechas.
El único comentario oficial a un estudio del BM lo realizó el PRM, representado por la vicepresidente Raquel Peña, cuando la OCDE y el BM pusieron junto a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) a circular el Examen Inter-pares sobre Política y Regulación de Competencia en la Republica Dominicana el pasado mes de enero.
En esa ocasión, la primera en la historia de este país, en que un miembro del Poder Ejecutivo asistía a un acto oficial especialmente dedicado a la política dominicana de competencia, la funcionaria se comprometió a tomar en cuenta las recomendaciones de las agencias, que incluían, entre otros aspectos, la necesidad de reformar la Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia.
Por lo tanto, llama nuestra atención que ninguno de los partidos políticos de la oposición aprovechó el diagnóstico de la OCDE y el BM, para dar su punto de vista sobre la ley general, y prefirieron referirse a la competencia sectorial en sus planes.
- El PRD propone:
- Promover “una mayor competencia en la oferta de transporte aéreo hacia la República Dominicana, vía la participación de nuevas líneas en las rutas donde no existe competencia o es muy limitada; y, señala que la aplicación inmediata de esta medida es muy importante después de la aprobación de la Ley de Competencia.”
- El PLD propone:
- Un aumento de la libre competencia en el sector terrestre y marítimo, de mercancías dentro del territorio dominicano y hacia el exterior.
- La creación de un mercado electrónico abierto para proveedores, donde estos puedan registrarse, ofrecer productos y servicios, aumentado la competencia y permitiendo a organismos gubernamentales comparar y seleccionar las mejores opciones.
- La implementación de políticas de atracción a nuevos proveedores del estado, que permitan la libre competencia, de manera transparente en la adquisición de productos y servicios.
- El PFP propone:
- El fomento de la competencia en el sector de las telecomunicaciones para garantizar precios accesibles y servicios de calidad para los usuarios.
- El examen de los nuevos métodos de comercialización de alojamientos turísticos;
- El establecimiento de un régimen legal de competencia que otorgue las herramientas necesarias para el debido monitoreo de la competencia en el mercado eléctrico, bajo un marco normativo estable que promueva la seguridad jurídica y un adecuado clima de inversiones, en el que no existan condiciones de competencia desleal o barreras de entrada a la inversión privada, de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes.
- La revisión de la forma de identificación y tipificación de los casos de competencia desleal y abuso de posición dominante, y reforzamiento de la capacidad sancionadora en el marco legal, acorde con la ley de defensa de la competencia.
El Estudio del BM se refiere a la ausencia de un número elevado de Mipymes de alta productividad, y todos los partidos sin excepción, presentan en sus planes ideas para revertir este índice en la República Dominicana. La Fuerza del Pueblo, incluso, propone “estudios de mercados que estén disponibles para las MiPymes, y así puedan analizar tendencias de mercado, competencia, y necesidades no cubiertas para identificar”. Sin embargo, ningún plan de gobierno hilvana esta situación con el problema estructural de una legislación de competencia sin control de fusiones, brecha analizada en el Examen Inter-Pares sin que los candidatos lo destaquen.
Aconsejaríamos a la clase política dominicana en contienda, próxima a ocupar asientos en el Congreso Nacional y en el Ejecutivo, analizar las características “altamente polarizadas del tamaño de las empresas” que denuncia el Estudio del BM para ACL en los mercados locales, una situación regional a la que el BM llama “tierra de gigantes y micros”. Por más incentivos y fomentos que se ofrezcan a las pequeñas y medianas empresas, sin un régimen de control de fusiones, la mejoría en su tasa de productividad podría mantenerse comprometida.
Existen enjundiosos elementos de análisis en el Estudio del BM sobre los motivos por lo que los mercados locales se mantienen altamente concentrados, que incluyen elementos que van más allá que el law in the books. Por ejemplo, conductas que estimulan un falso éxito de tales empresas altamente concentradas de ALC cuando en realidad, a decir del BM, “hay un bajo nivel de incentivo a competir debido a prácticas gerenciales subóptimas y esfuerzos insuficientes en las empresas con alto poder de mercado”, que solo buscan mantener sus rentas.
“A menor competencia, menores ofertas de empleo”, dice el BM, un tema que ocupa a todos los partidos políticos, pero solo el POD lo enlaza a la política de competencia en su plan. Antes citamos a ese partido cuando se refería a monopolios y oligopolios. También lo hace el Estudio del BM, para establecer que las agencias de competencia de la ALC están sobrepasadas y que las intervenciones aisladas no son suficientes para producir cambios.
Al igual que el Examen Inter-Pares, este Estudio se refiere, además, a la mala alineación entre la política de competencia y los marcos regulatorios sectoriales, que tanto preocupan, como vimos a los partidos de la oposición, aunque solo el PRD se manifiesta interesado en la Ley de Competencia.
El Estudio del BM concurre con dos críticas posturas en nuestra obra “Libre y Leal Competencia en la República Dominicana 1994-2020” de 2021, así como en otros aportes posteriores publicados en esta columna.
- Sus recomendaciones son estrictamente orientadas al enforcement, específicamente, la necesidad de aumentar el número de investigaciones de oficio; el escaso uso de los programas de clemencia y el reducido uso de inspecciones sin previo aviso, para lo cual se recomienda un fortalecimiento presupuestal e institucional de las autoridades de competencia con miras a consolidar su autonomía.
- La otra debe ser cuidadosamente analizada por los congresistas y funcionarios electos a partir de mayo, en especial, luego de la manifiesta movilización social de 2020. Nos referimos a la mención valiente del BM a “la influencia que las empresas familiares suelen tener para oponerse a regulaciones de forma más enérgica que las empresas accionarias”. En las palabras del BM: “Este enredo entre empresas, gobierno y élites se encuentra en todas partes, pero es más frecuente cuando la economía se encuentra dominada por un número pequeño de empresas gigantes”.
En ese orden, que el BM denomina “el poder político del sector empresarial” es destacable que casi todos los planes de gobierno depositados en la JCE tienen propuestas de leyes contra el lobbismo, el tráfico de influencia y otras malas artes, que no aparecen en los libros de derecho de la competencia, pero que antagonizan con el bienestar de la gente. Cuatro años después los planes son distintos. La sociedad no solo cambió para exigir el 4% para la educación o la lucha contra la corrupción. La conversación entre electores y elegidos es distinta y por eso, los partidos mayoritarios han sido más específicos en torno a la política de competencia.[2] Justo es reconocer que los partidos emergentes arriba citados han impulsado la nueva discusión.
[1] Partido Opción Democrática: “Libre empresa. Garantizar un clima de confianza y expansión de la libre empresa y de la actividad económica sana y competitiva, contrarrestando los oligopolios y los monopolios. Asumir el rol del Estado como promotor del crecimiento y la expansión económica, democratizando la actividad económica, promoviendo la desconcentración del capital mediante la expansión de la mediana y pequeña empresa. Regulación efectiva. Promover, regular y arbitrar con eficacia y justicia entre los diferentes sectores y los conflictos de intereses y de mercado que se generan…”
[2] Noboa Pagán, Angélica, “Política de competencia, elecciones presidenciales y congresuales” 20 de junio de 2020: “Luego de estudiar los programas de gobierno de los 3 partidos con más alto porcentaje en la candidatura presidencial, verifico que el programa de gobierno Un país para la gente, de Luis Abinader, candidato presidencial por el PRM, se refiere al tema en la página 143. El programa Más oportunidad para todos ¡A trabajar! de Gonzalo Castillo, candidato por el PLD, lo aborda en la página 31. Finalmente, el programa Siete pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana del candidato Leonel Fernández no hace una referencia específica al tema”.