El Comité para la abolición de las deudas ilegitimas, es una asociación internacional que lucha por anular las deudas de los países pobres producto de la corrupción y el robo. Originalmente llamado CADTM, por sus iniciales originales de Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo se constituye en red internacional integrada por miembros de comités locales en Europa, América Latina y Asia que persigue, mediante la realización y elaboración de alternativas al neoliberalismo, alcanzar la satisfacción universal de las necesidades, de las libertades, y de los derechos humanos fundamentales en el Tercer Mundo y en las poblaciones excluidas de los países desarrollados para lo que considera imprescindible la anulación de la deuda externa, que, en su mayoría es considerada como deuda odiosa.*
El CADTM fue fundado en Bélgica en marzo de 1990 con el objetivo de plantear alternativas a la globalización económica neoliberal impuesta a los países pobres. Recordemos los postulados del llamado Consenso de Washington formulado por el economista John Williamson en 1989 en el marco del Instituto de Finanzas Internacionales, que es el portavoz en Washington de los grandes bancos y la gran finanza mundial. El objetivo del llamado Consenso de Washington –que no fue consenso con nadie y que solo se formuló por instituciones privadas y multilaterales basadas en Washington- consistió en unas diez (10) “recomendaciones” de políticas contenidas en las siguientes:
- Disciplina fiscal, lo que implicaría eliminar todos los subsidios a los productos de uso masivo;
- Recorte del gasto publico;
- Incremento de la base tributaria, es decir, que todos, incluidos los pobres, paguen por igual que los ricos. En el país se tradujo por la introducción de un Impuesto al Valor Agregado (ITBIS) único para todos los contribuyentes, actualmente de 18%, y una tasa de Impuesto sobre la Renta única de 25% (posteriormente 27%) para todas la empresas no importa el tamaño. El concepto anterior de progresividad fiscal quedaba eliminado;
- Liberalización de la tasa de interés. En nuestro país quedó plasmado por la Ley Monetaria y Financiera, y la eliminación de los controles del Banco Central y la Superintendencia de Bancos en las actividades de los bancos comerciales, lo que dio pie a sucesivas crisis financieras;
- Libre flotación del tipo de cambio. De otra forma, devaluación “competitiva” del valor de la moneda nacional para hacer mas barata la mano de obra, la exportaciones, el turismo, entre otros, a expensas del consumo popular;
- Liberalización del comercio internacional y por tanto eliminación o reducción a mínimos de aranceles y protección efectiva de la producción nacional;
- Liberalización de la inversión extranjera directa. En nuestro país significó la eliminación de la Ley de Inversión Extranjera y su sustitución por otra que no imponía ninguna condición a la inversión de capitales foráneos, ni a la repatriación de dividendos y capitales;
- Privatización de las empresas públicas, que aquí se manifestó a partir de 1996 con la llamada “Ley de Reforma de la Empresa Pública”;
- Desregulación en los mercados de trabajo y productos, para entrada y salida del territorio;
- Garantía legal y su aplicación a los derechos de propiedad intelectual.
Con esas diez medidas se transformó la estructura de propiedad y relaciones del Estado y la sociedad. Aquí se desmontó la CDE, CORDE, CDA y el CEA. Y con el Tratado de Libre Comercio con América Central y Estados Unidos (CAFTA) de 2003/2004 se completaron como “condición previa” los derechos de propiedad intelectual junto a las normas de la OMC (a partir de 1994) y el GATT 94.
Junto a ese proceso impuesto de reformas neoliberales, el país y América Latina, El Caribe, África, Medio Oriente y Asia se financiarizaron cada vez mas, es decir, dependimos cada vez mas de bancos internacionales. Se pasó a ser nuevas colonias del capital financiero. El Estado dominicano en los últimos 20 años multiplicó por 250% su Deuda Pública, aunque una parte que no existía se convirtió en deuda interna a través de las emisiones del Tesoro (Hacienda) y del Banco Central para hacer frente al déficit cuasi fiscal creado por el salvamento ilegal de la banca privada en 2002-2004.
En las grandes crisis financieras de América Latina y El Caribe y de otros países en desarrollo el peso del servicio de esa deuda externa creciente se ha hecho insostenible. En el caso de Argentina, el más dramático de todos, la crisis dejada por las políticas neoliberales de Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo dejaron un caos representado por la llamada Caja de Conversión y previamente por el Corralito Financiero, del gobierno de Fernando de la Rua (1999-2001). La única opción que quedó al Presidente Néstor Kirschner fue una moratoria activa de la deuda externa, representada básicamente por bonistas que prestaron a los gobiernos neoliberales de forma irresponsable.
En el caso de nuestro país, ya estamos dedicando más 45% de los ingresos fiscales para pagar servicio de deuda externa. Esa cifra no hará más que aumentar en la medida que el raquitismo fiscal del Estado hace imposible atender las necesidades nacionales, de gasto e inversión, sino es incrementando la deuda pública. Hemos llegado a una situación alarmante de tomar prestado para pagar los vencimientos de la deuda externa.
El planteamiento del CADTM es que las deudas ilegitimas no deben pagarse. ¿Cuáles serian esas deuda ilegitimas y cuales las legitimas? Es claro que las deudas contraídas para financiar proyectos como aquellos de Odebrecht y para refinanciar la deuda tienen grandes interrogantes sobre su legitimidad. La única forma de determinarlo es haciendo, como hizo el presidente Correa en Ecuador en el 2007, encargando una auditoria forense de la naturaleza de esa deuda. Mientras tanto, una posible alternativa seria declarar una moratoria hasta que hagamos dicha auditoria, y con los recursos liberados que serian no menos de 30% de los ingresos fiscales, abrir programas de educación, salud pública universal, pensiones solidarias estatales para todos los envejecientes a partir de 60 años, construir las infraestructuras requeridas por el desarrollo, como una Red Ferroviaria Nacional, e infraestructura urbana para eliminar los tugurios y hacinamientos urbanos. Elevar los salarios de los servidores públicos, incluyendo las fuerzas militares y policiales, aumentar las universidades públicas, transformado los Centros Regionales de la UASD en universidades completas, entre otros. La auditoria forense de la deuda externa, la anulación de las deudas ilegitimas, y la reestructuración financiera del Estado es posible.
*Deuda odiosa, deuda execrable, deuda ilegitima o deuda injusta, en Derecho Internacional es la teoría jurídica, puesta en practica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos –bonos o contratos comerciales- son nulos legalmente (Wikipedia/ Deuda Odiosa)