Hace varias décadas que escuelas del sector público y colegios del sector privado de la República Dominicana viven experiencias desestabilizadoras. Esta situación constituye un problema para el Estado dominicano, para las familias y para la sociedad. La problemática indicada convierte estos espacios en escenarios inhabitables. Indicadores de que se desenvuelven en una atmósfera tóxica son los casos de acoso sicológico, de abuso y de violaciones sexuales; y de agresión verbal y física. Estos se reproducen y se difunden cada vez con mayor velocidad.
De igual manera, es preocupante el trato entre los actores de los centros educativos. Se observa un índice de violencia alto; se constata, también, una diversificación asombrosa de la violencia. Todo esto contrasta con lo que se espera de los centros educativos: espacios seguros, pacíficos y estables para darle centralidad al aprendizaje con significado. Contrasta, además, con la necesidad de cuidado y de protección que necesitan los estudiantes. Este es un compromiso ineludible del Ministerio de Educación, de las familias; de las Asociaciones de Madres, Padres y Tutores de la Escuela; y de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
Todas estas instancias tienen que establecer una alianza estratégica para liberar escuelas y colegios del ambiente deshumanizante que viven. Para contribuir con la transformación de la realidad de las escuelas y de los colegios violentados en su naturaleza y en su misión, se han de dar pasos que eliminen de raíz todo tipo de impunidad. Se ha de instituir la política de cero impunidad. Para ello, una de las primeras acciones es desarrollar un proceso que libere del miedo y de la complicidad a las familias, a los directores y a los orientadores; y que, asimismo, libere del temor a dirigentes de la ADP. Desde la Administración central se debe, también, como se ha hecho con los dos últimos casos denunciados en las redes sociales, perder todo temor. Se ha de actuar con justicia y en el tiempo oportuno.
Se debería establecer un programa de formación permanente dirigido a la formación de las familias, de los tutores y de las asociaciones que estos conforman. Los abusos físicos, verbales, emocionales y sexuales en el seno de las familias requieren atención, seguimiento y denuncia efectiva. Se ha de articular la formación con régimen de consecuencias, por ello la denuncia es una estrategia válida y necesaria, sin violentar los derechos de las personas ni las disposiciones de las leyes.
Del mismo modo, se debe de procurar que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sea más pronta y eficiente para identificar y enfrentar los casos que implican a personal docente, técnicos y directores en temas relacionados con acoso, abuso y violaciones. Todos hemos de colaborar para desterrar la cultura del encubrimiento y de la protección cómplice. El Ministerio de Educación y la DP han de establecer un pacto que los lleve de forma conjunta a devolverle a la escuela la paz y la seguridad que necesita.
Los Distritos Educativos, las Direcciones Regionales y el Viceministerio de Asuntos Técnicos Pedagógicos también deberían diseñar una estrategia que restaure la vida escolar. Debe ser, sobre todo, un trabajo que contribuya a la recuperación del sentido de este espacio y que le devuelva el alma, la esencia, a la escuela. Ha de ser una estrategia para avanzar en los procesos que posibilitan una cultura de paz, de respeto y de aprendizaje continuo.